17 de noviembre de 2011

Dilemas del investigador educativo


Por Pedro Flores-Crespo*
A medida que se consolida la comunidad de investigadores educativos por medio de la realización de los multitudinarios congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), surgen algunas incógnitas: ¿seremos los académicos lo suficientemente fuertes para tener un impacto y mejorar lo que se hace en las escuelas y en cómo se diseñan e implementan las políticas educativas? Desde que se creó el Comie en 1993, ¿se ha ejercido una influencia más puntual sobre la agenda pública de la educación? El fracaso en la mayoría de las políticas y programas educativos, ¿es también el reflejo de fallas hacia el interior de la comunidad de investigadores? Como lo han dicho varios colegas, la relación entre la investigación y los procesos de política no es directa ni lineal. No por tener una brillante idea en el cubículo se logra, de modo automático, desarrollar una política o una práctica escolar efectiva. Hay una multiplicidad de factores mediando el mundo de las ideas y el de la acción.
La pregunta es si estos factores son de naturaleza social (necesidades insatisfechas), científica (desarrollo epistemológico), comunicativa (interrelaciones entre actores), política-ideológica o una combinación de todos estos factores, como bien ha observado Carlos Muñoz Izquierdo.
Saber si el conocimiento generado por los investigadores educativos se utiliza en las prácticas escolares y en los procesos de política pública es entonces un asunto complejo. Un libro que ofrece elementos para estudiar y comprender mejor la relación entre el conocimiento y la acción es La investigación y la política: El caso de la evaluación de la educación superior en México (2009, México, CUCSH-UAG)1, del doctor Jaime Moreles, de la Universidad de Colima.
El texto de Moreles es valioso pues ofrece una cuidada revisión de los distintos modelos para analizar la brecha entre el trabajo de los investigadores y el de los tomadores de decisión. Además, discute, con evidencia empírica, la manera como el conocimiento generado por los expertos fue utilizado en el desarrollo de las políticas de evaluación en la educación superior de México en las décadas recientes.
Con la seguridad que brinda el análisis, Moreles afirma que el término “relación” debe asumirse con cautela, pues puede resultar artificial cuando se trata de comprobar por medio de determinada evidencia empírica. Para este joven investigador, la relación entre investigación y política se ha manifestado de formas distintas y sugiere que puede ser “sutil, indirecta e interactiva” y estar condicionada por la “alternancia y expansión de roles” de los actores involucrados, por las características de la investigación y por las relaciones informales y contactos personales.
Uno de los puntos más interesantes de este libro es que subraya la tensión que existe entre la autonomía de los investigadores, su grado de injerencia pública y la calidad de la investigación que realizan.
Me explico. Moreles apunta que entre más autónoma es la investigación con respecto de las “prebendas políticas”, se pierde la posibilidad de impacto, pero a la vez la investigación podría ser de mayor calidad.
El autor también señala que la investigación sobre la evaluación de la educación superior en México “cedió epistémicamente cuando los académicos expandieron sus roles, es decir, cuando participaron como asesores de funcionarios o ellos mismos cumplieron con esas responsabilidades”.
Al ser los investigadores “mediadores” entre el conocimiento producido y la formulación de políticas, se perdió una posibilidad de consolidar científicamente el campo de la evaluación de la educación superior y esto en parte se explica, según interpreto, por dejar de cuestionar el fenómeno educativo en aras de poner en práctica el conocimiento.
Este argumento levanta diversas preguntas. Por ejemplo, en un país como México, donde hay pocos investigadores, ¿debemos centrarnos primordialmente en realizar investigación de alta calidad y dejar el impulso de querer tener impacto para después?
Moreles sugiere en su trabajo que en diversos países, incluyendo México, la calidad de la investigación no se asocia directamente con su utilización. Esto es grave. Si quienes gritan más o saben “vender” mejor sus ideas son quienes logran un mayor impacto en la agenda educativa, hay riesgos tanto prácticos como científicos.
La calidad científica de la investigación es lo que, a mi juicio, tendría que valorarse en primer lugar para ser considerado como conocimiento útil y utilizable dentro de las escuelas y dentro de los círculos de decisión política, pero aquí surge otra complicación: ¿y quién define esta calidad? ¿Todo conocimiento generado es “valioso” y, por lo tanto, digno de ser tomado en cuenta por los maestros, políticos, hacedores de políticas y legisladores?
Estos debates van a ser ineludibles a medida que la comunidad de investigadores educativos se siga ampliando y busque una mejor posición dentro del actual régimen político y social que estamos construyendo.
* Académico e investigador (INIDE/UIA). pedroa.flores@uia.mx

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