12 de enero de 2012

Reforma de las normales: Alta prioridad nacional

*Por Pedro Flores Crespo
Me hubiera gustado abordar el tema de las escuelas de formación de profesionales de la educación (normales) sin tener que lamentar la muerte de Jorge Herrera y Gabriel Echeverría, jóvenes estudiantes de la legendaria normal rural Raúl Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron baleados por fuerzas policiales durante el bloqueo que realizaron en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre. Los jóvenes decidieron cerrar la carretera para demandar, según algunas fuentes, que el gobierno estatal cumpliera su pliego petitorio que incluía aumentar el monto del bono alimenticio, mejorar la infraestructura del plantel, ampliar la matrícula de 140 a 170 estudiantes, modificar los requisitos de ingreso a la normal y que se le otorgaran 30 plazas de profesores a sus egresados. Igual de lamentable me parece la muerte de Gonzalo Rivas, empleado de una gasolinera que resultó con quemaduras de tercer grado por tratar de sofocar el fuego iniciado por los manifestantes en su lugar de trabajo. ¿Por qué llegar a la violencia cuando ésta es éticamente inaceptable e históricamente, ha demostrado su absoluta ineficiencia para conducir los asuntos públicos y hacer cumplir peticiones? Por el bien de nuestra democracia, esperemos que pronto todos los actores involucrados en estos terribles hechos asuman su responsabilidad y respondan por sus actos ante la ley. Nadie debería quedar impune, sea del nivel que sea. Mientras esto ocurre, es necesario recordar que la formación inicial - y continua - de las maestras y maestros en el nivel básico constituye una de las políticas más importantes del Sistema Educativo Nacional (SEN). Sin buenos maestros, la inteligencia de la niñez y juventud mexicana seguirá siendo cercenada.
Recalcar el papel central de las escuelas formadoras de profesionales en el desarrollo educativo del país no es nada original. De hecho, existe un amplio consenso de que el factor que explica, en mayor medida, las variaciones en el aprendizaje de los estudiantes es la calidad de los maestros (Michael Barber y Nora Mourshed). Es precisamente por esto que muchos nos quedamos perplejos cuando supimos que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu) omitió un diagnóstico de la situación que guardaban las normales públicas (268) y privadas (192) del país para que a partir de ahí, se propusieran políticas y programas orientados a mejorar la formación inicial de los maestros.
Esta omisión quizás respondió a un cálculo político del presidente de la República y de su entonces secretaria de Educación Pública – hoy precandidata de Acción Nacional - para no desatar un conflicto con la burocracia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que en ese entonces era su aliada y hoy su clara oponente.
Tuvimos que esperar a que los resultados de los concursos nacionales para la asignación de plazas docentes de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) corroboraran que una gran mayoría de egresados de las normales públicas y privadas (67 y 77 por ciento, respectivamente) no poseían las capacidades suficientes para ingresar al servicio docente y por lo tanto, debían someterse a procesos de nivelación académica.
La reforma tan esperada de las escuelas normales tiene que reconocer esta situación en un amplio diagnóstico. Sin resquemor, es necesario discutir cuáles son las causas de que no podamos formar mejores profesores en México. Esto es imprescindible si en verdad se desea que las renovaciones curriculares, los cambios de estatus, la incorporación de la dirección general para profesionales de la educación a la Subsecretaría de Educación Superior y la introducción de programas de mejoramiento institucional (PROMIN), de fortalecimiento académico (PTFAEN) y de mejoramiento del desempeño de los estudiantes surtan los efectos esperados.
Reconocer abiertamente las fallas de la política de formación inicial es el primer paso para poder caminar firmemente hacia una verdadera profesionalización del magisterio. Este tipo de políticas no admiten cuchicheos por la importancia que tienen para la niñez y para el país. Se tiene que persuadir a las autoridades, legisladores, normalistas, disidentes y a los cuadros sindicales más modernos de que es un crimen contra la infancia otorgar plazas sin que se demuestre la capacidad de enseñar. En una democracia moderna no se puede defender el derecho a heredar o vender un puesto público y para ello, habrá que avanzar en la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), que deja la puerta abierta para la asignación discrecional de plazas y, por otro lado, diseñar un esquema de evaluación que logre capturar, de manera integral, el mérito de los profesores altamente capacitados. Los maestros parecen no oponerse a ser evaluados, como lo demuestra el incremento de solicitantes en los concursos nacionales para obtener una plaza y distintos estudios y encuestas, rechazan, en cambio, que su capacidad sea valorada de manera parcial o que se les trate de engañar diciéndoles que se acabó la venta de plazas con la puesta en marcha de la ACE.
Repito: Otorgar plazas docentes sin que se demuestre la capacidad de enseñar es un crimen contra la inteligencia infantil y así deberíamos entenderlo la sociedad mexicana para poder enfrentar a cualquier líder, maestro o autoridad que piense lo contrario. En este 2012, habrá grupos que disputarán el poder y que no estarán dispuestos a aceptar que una “conquista laboral” como la de heredar o vender una plaza de trabajo es un factor que atenta contra las condiciones óptimas de aprendizaje. Los partidos y candidatos que hayan establecido “nuevas alianzas” no estarán en posibilidad de realizar un diagnóstico de las escuelas normales como el que arriba se menciona – ya Calderón lo demostró –. Mucho menos podrán introducir cambios sustanciales en la política de profesionalización docente pues el corselet de intereses los apretujará; así que si usted desea cerrar posibilidades de cambio en el ámbito educativo, elija con su voto al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados; nomás que luego no se queje de que su hija o hijo es formado bajo pésimas condiciones docentes.



*Doctor en Política (Universidad de York), es investigador y académico del INIDE (UIA) pedro.flores@uia.mx
Originalmente publicado en Campus Milenio

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