31 de julio de 2012

¿Habrá reforma educativa?

Por Pedro Flores Crespo*
Aún estamos en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones de la elección presidencial en donde el virtual ganador fue Enrique Peña Nieto de la coalición Compromiso por México, la cual estuvo formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Pese a ello, distintos comentaristas ya están hablado de las “reformas” que el próximo gobierno, en caso de que se le reconozca legalmente el triunfo, tendrá que emprender. Entre estas reformas está la reforma fiscal, de seguridad social, laboral y política; sin embargo, no se ha escuchado - con el mismo énfasis y preocupación - algo sobre el cambio educativo que requiere el país.
¿Cambiará la educación con un gobierno priísta en la presidencia? ¿Qué lecciones aprendió el PRI mientras fue oposición? ¿En verdad las propuestas educativas de Peña Nieto pueden delinear algo que se le pueda llamar estrictamente una “reforma”? Sinceramente, en las propuestas de campaña del candidato priísta no advierto un gran número de elementos innovadores que modifiquen radicalmente lo que hasta el momento se ha hecho, que impulsen cambios estructurales dentro del sector, que modifiquen la cultura política en aras del desarrollo educativo y que siente las bases para adecuar la operación del Sistema Educativo Nacional a los nuevos requerimientos políticos, sociales y económicos del país.
Peña Nieto, en lugar de sugerir que los modelos de enseñanza-aprendizaje deben irse transformando por medio de una nueva cultura y práctica escolar, propuso que México alcance el primer lugar en América Latina en la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés). En campaña, los políticos pueden permitirse lanzar este tipo de propuestas, pero un programa sectorial no puede reflejar tal superficialidad, a menos que se elabore ignorando la experiencia y el conocimiento acumulado. ¿Aprendió el PRI a escuchar a sus críticos, a vivir la pluralidad y, por lo tanto, a persuadir a sus oponentes por medio de argumentos fundados? La duda pronto se despejará - si es que el Tribunal valida la legalidad de la elección.
Asimismo, esperamos que con la misma intención que se quiere consolidar las jornadas escolares completas en la educación básica – iniciativa que surgió hace varios años -, también se impulse el funcionamiento efectivo de los consejos escolares de participación social (CEPS). ¿Qué sabe el PRI sobre la aplicación de los lineamientos de los CEPS que impulsó la administración de Felipe Calderón en 2010? Estos lineamientos establecían un calendario puntual de actividades para impulsar la participación de los padres de familia en las escuelas de educación básica y un punto que llamaba mucho la atención era que los padres de familia, directores y maestros debían discutir y deliberar qué acciones poner en práctica para tratar de elevar el nivel de aprendizaje de los niños y jóvenes.
Es muy valioso que se instalen cientos de miles de consejos escolares de participación social (170,004 en escuelas públicas, según la Secretaría de Educación Pública), pero ahora es necesario pasar a otra etapa y valorar el funcionamiento de los gobiernos democráticamente electos no sólo por sus avances en el crecimiento numérico de sus indicadores, sino de su capacidad para transformar la vida escolar de las miles de escuelas de México. ¿Sabrá el PRI que esto se logra delimitando el poder del grupo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿O querrá congraciarse con el grupo que encabeza la maestra Elba Esther Gordillo?
Si el Tribunal valida la elección de julio, el PRI y su candidato no le deberán la victoria a este grupo político que solamente extrajo privilegios del gobierno de Felipe Calderón. El propio presidente panista, en entrevista con León Krauze, reconoció, en julio de 2011, que la educación era sólo una moneda de cambio para sacar adelante reformas “estructurales” como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Calderón dijo “respetar” acuerdos intersexenales para ubicar en puestos clave a los allegados de la maestra. ¿Volverá el PRI y Peña Nieto a actuar como el presidente panista cuando su legitimidad se encuentra fuertemente cuestionada? El horno no está para bollos.
Una plataforma educativa débil en términos de propuestas, metas de campaña lucidoras pero sin mayor significado, una legitimidad profundamente socavada y el grave antecedente de un gobierno panista que refrendó el pacto corporativo, son elementos de un diagnóstico que el próximo gobierno tendrá que identificar para poder elaborar un programa sectorial realista y efectivo. ¿Habrá una verdadera reforma educativa? ¿Habrán ya aprendido los priístas a ser democráticos y abiertos para poder encabezar un gobierno a la altura que la sociedad mexicana demanda? Lo dudo, pero estaremos atentos. Estoy dispuesto a rectificar si demuestran que me equivoco.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

30 de julio de 2012

El legado educativo de Calderón

Por Pedro Flores Crespo*
En memoria de Arturo Nava Jaimes, generoso funcionario público y cordial amigo.

Pongo en itálicas el título de este artículo para referirme a un texto que apareció el viernes pasado en Milenio con el mismo encabezado y el cual fue firmado por el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova. Ahí, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) trata de hacer un “balance” de la administración del Presidente Felipe Calderón en materia educativa. Desde el título y la respuesta que trata de responder (“qué hemos logrado y qué legado queda de lo realizado”) se intuía el contenido. Realmente, no es un balance porque la información que presenta adquirió un tono triunfalista y personalista. “[E]l presidente Calderón modificó el sistema educativo desde sus cimientos”, “hubo mística”, “los avances están a la vista de todos”, este gobierno ha “sido el primero en la historia” que ha evaluado cotidianamente el sistema educativo para “mejorarlo a fondo”.
¿Por qué escribir un artículo en este tono? Aventuro tres respuestas. La primera, para congraciarse con el Presidente, cosa que creo poco probable en un funcionario con el perfil profesional del doctor Córdova. Segundo, para contrarrestar la visión de que la política educativa de esta administración ha sido profundamente errática, cuestión que toca lo ingenuo por tratarse de un artículo periodístico. Y tercera y última, para llamar la atención sobre los programas y acciones que la próxima administración debería continuar. Si esta última opción es la correcta, ¿no hubiera sido mejor identificar los factores que determinaron la implementación y el éxito de las reformas educativas que esta administración se propuso y transferir así la responsabilidad a otros actores? ¿En verdad creen los dirigentes sindicales, gobiernos de los estados, legisladores, empresarios, investigadores, padres de familia y medios de comunicación que Calderón fue capaz - el solo - de “modificar el sistema educativo desde sus cimientos”? ¿Existe evidencia para creer esto?
Como en todo ejercicio de poder, el gobierno de Calderón tuvo aciertos y errores; pero en educación, desde mi perspectiva, privó más lo segundo sobre lo primero. Veamos algunos puntos que el doctor Córdova menciona.
Evaluación. Si bien es cierto que la evaluación durante el sexenio 2007-2012 tomó un auge inusitado y se abrieron los resultados a “escrutinio público” (algo que celebro), también es cierto que se sobre dimensionaron las bondades de ciertas pruebas como Enlace (Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares). Enlace se ha usado, entre otras tantas cosas, para crear incentivos económicos para los maestros y directivos cuando la evidencia científica ha demostrado que el rendimiento académico de los estudiantes no mejora por medio de este tipo de mecanismos (Michael Hout y Stuart W. Elliott, editores; Committee on Incentives and Test-Based Accountability in Public Education; National Research Council). ¿Por qué entonces la SEP se embarcó en un proyecto de este tipo?
Ingreso al servicio docente. Es de reconocer que en este sexenio 140 mil plazas se hayan otorgado por medio de un concurso de oposición; sin embargo, diversos estudios empíricos han detectado que a la par de ser el mérito el factor que determina el ingreso al servicio docente, siguen operando los mecanismos de venta y herencia de plazas. ¿Por qué negar este hecho? ¿No sería mejor explicar por qué sobrevivieron los esquemas tradicionales para obtener un puesto de maestro y así impulsar a que la sociedad pugne por erradicar tales prácticas? En las condiciones actuales políticas, al país le sirve más conocer informes equilibrados de las políticas educativas que reportes de “color rosa”.
Profesionalización docente. En la visión de la SEP, la actualización de los maestros de educación básica se “transformó” pues se hizo un catálogo de formación continua cuya oferta de cursos, diplomados y posgrados rebasa los mil programas, los cuales serán administrados por instituciones educativas de prestigio. Sin embargo, dentro de la formación y actualización docente, nada se dijo de la manera con que operan las escuelas de formación inicial, especialmente, las escuelas normales particulares. Los resultados del concurso de oposición para obtener una plaza revelaron que 78 por ciento de los sustentantes de estas escuelas requieren nivelación académica. Sobre la formación inicial en las escuelas privadas, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 no ahondó. Esta omisión es grave como para ahora decir que con Calderón todo marchó de maravilla. La regulación de las escuelas normales particulares deberá ser un punto a incluir en la agenda educativa futura.
Una administración federal que no fue respaldada de manera mayoritaria con el voto ciudadano, no tiene la necesidad de reportar sus acciones de manera superficial y triunfalista. Si hubo cambios y mejoras, la mejor forma de cerrar un ciclo político es comunicarlos de manera realista; enfatizando lo que no pudo lograrse y señalando las razones de ese retraso. En democracia todos aprendemos y la derrota debe servir para eso, de otra forma, los partidos y élites hoy salientes tardarán mucho más tiempo en volver a ser gobierno.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

5 de julio de 2012

Lo bueno y malo de la evaluación universal

Por Pedro Flores Crespo*
El cierre de campaña de los aspirantes presidenciales el miércoles 27 eclipsó una noticia que juzgo clave para el desarrollo educativo de México: la evaluación universal a los maestros y directivos de educación básica. Ante la euforia por el momento político-electoral que estábamos viviendo, le pusimos poca atención al reporte que dieron las autoridades educativas federales sobre el hecho de querer evaluar a 521,948 individuos entre docentes en servicio, apoyo técnicos pedagógicos (ATP) y directores de primaria.
Como se recordará, desde mayo de 2011 había un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para evaluar, por medio de una examen, a todo el personal de educación básica y con ello tener una panorámica amplía de sus habilidades y así tomar mejores decisiones para subsanar deficiencias. La creencia central de política es que mejorando el perfil del docente y del directivo se podrá mejorar la calidad de la educación.
También debe recordarse que este compromiso estuvo en peligro pues la dirigencia sindical amenazaba con no cumplirlo arguyendo que la SEP no respetaba los acuerdos específicos. Después de las discrepancias, la primera aplicación del examen, relacionada directamente con la evaluación universal, se realizó el pasado 24 de junio teniendo un aforo de 261,970 individuos. Mañana 6 de julio se llevará a cabo la segunda aplicación y se esperan a 259,978 sustentantes del nivel de primaria. El personal de secundaria se evaluará el próximo año y en 2014 será sujeto de evaluación todo el personal de la educación inicial, preescolar y especial.
De este nuevo capítulo de la política educativa de México, se pueden extraer lecciones positivas y negativas. A continuación pongo a su consideración tres puntos que juzgo positivos y dos que me parecen negativos. En primer lugar, me parece muy positivo que las autoridades educativas federales hayan tomado una posición firme para impulsar la evaluación universal y fuera de la lógica sexenal. Los gobiernos no pueden reinventarse cada seis años, afirmó el titular de la SEP ante el señalamiento de los reporteros de que la administración 2006-2012 está ya por acabar. De acuerdo con el doctor José Ángel Córdova, cada gobierno podrá modificar los instrumentos de política, pero no debe perderse de vista el objetivo central que es mejorar la calidad de la educación de México.
Un segundo punto que alienta —sobre todo, ante la situación política que se avecina—, es que la evaluación universal del personal docente y directivo recibió apoyo e impulso de actores no gubernamentales que se dedicaron a hacer un notable cabildeo y presión para que la dirigencia sindical cumpliera el acuerdo. Aunado a ello, la SEP reporta que se constituyeron “comités académicos” para diseñar y elaborar los instrumentos y 667 observadores de 33 organizaciones empresariales y civiles siguieron el proceso de aplicación del examen. En su informe, los representantes de algunas de estas organizaciones afirmaron que el proceso fue “serio, limpio y transparente” y pidieron que la evaluación universal sea un ejercicio que trascienda el sexenio.
El tercero y último punto que juzgo positivo es que del total de inscritos en la primera aplicación, 75 por ciento asistió a hacer el examen. Esto seguramente se explica porque había inscritos docentes que participaban en el programa de Carrera Magisterial (CM), el cual ofrece al maestro la posibilidad de aumentar su ingreso económico. Es decir, había un incentivo implícito por hacer el examen. Sin embargo, en la segunda aplicación, participarán maestros y directivos sin adscripción a CM e incluso de escuelas particulares. ¿Se tendrá la misma respuesta? Esperamos que sí. Con ello se pondría de manifiesto que el maestro es una persona madura y responsable que se somete voluntariamente a evaluaciones con el propósito de colaborar con la autoridad educativa en la mejora educativa.
Entre las cosas negativas que advierto está, por una parte, la actitud de algunos maestros de Michoacán que secuestraron aplicadores del examen como si estas personas fueran los responsables de sus preocupaciones. Todo mundo tiene derecho a oponerse a las políticas que propone el gobierno y el sindicato, pero en ello debería entrar en juego algo que los maestros teóricamente deben cultivar en los niños: La razón y el diálogo.
Por otra parte, considero cuestionable que uno de los incentivos para participar en la evaluación universal sea que no habrá repercusiones en las condiciones laborales de los maestros que salgan mal evaluados. Es cuestionable porque los derechos del trabajador se privilegian sobre el derecho de la niñez de formarse bajo condiciones escolares de alta calidad. No estoy clamando por cortarle la cabeza al profesor, sino porque se encuentren alternativas como retirarlo temporalmente del servicio docente mientras se le prepara para dar buenas clases. De lo contrario, pasaremos años evaluando al maestro, evitando “balconearlo” como si fuera un ser indefenso y mientras tanto, reproduciremos las condiciones que originan la mala calidad educativa. De ejercicios evaluativos lucidores pero sin efectos reales en el aprendizaje estamos repletos.
Reconozco que el secretario Córdova se ponga del lado de los maestros y asegure que con la evaluación universal se va “ayudar a los maestros”, pero, ¿quién ayudará a los niños que padecerán todos los días al mal maestro? ¿La sociedad? Eso esperaría. Ante las nuevas circunstancias políticas, ¿podremos presionar a la dirigencia magisterial y a la SEP para hacerles entender que los maestros no son los infantes que hay que defender?

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx

An Intercultural Education of Mexico: Career and Contributions of Sylvia Schmelkes

Por Ma. Cecilia Fierro Evans y Flavio Rojo Pons*




* Derechos Reservados. Originalmente publicado en Currículum Inquiry, Volume 42, No.1, January 2012. Ontario Institute for Studies in Education (University of Toronto).

* La Dra. Ma. Cecilia Fierro Evans es investigadora de la Universidad Iberoamericana de León (Guanajuato, México). El Lic. Flavio Rojo Pons es un consultor independiente en temas educativos. Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México) y actualmente Directora del INIDE de la UIA.