5 de julio de 2012

Lo bueno y malo de la evaluación universal

Por Pedro Flores Crespo*
El cierre de campaña de los aspirantes presidenciales el miércoles 27 eclipsó una noticia que juzgo clave para el desarrollo educativo de México: la evaluación universal a los maestros y directivos de educación básica. Ante la euforia por el momento político-electoral que estábamos viviendo, le pusimos poca atención al reporte que dieron las autoridades educativas federales sobre el hecho de querer evaluar a 521,948 individuos entre docentes en servicio, apoyo técnicos pedagógicos (ATP) y directores de primaria.
Como se recordará, desde mayo de 2011 había un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para evaluar, por medio de una examen, a todo el personal de educación básica y con ello tener una panorámica amplía de sus habilidades y así tomar mejores decisiones para subsanar deficiencias. La creencia central de política es que mejorando el perfil del docente y del directivo se podrá mejorar la calidad de la educación.
También debe recordarse que este compromiso estuvo en peligro pues la dirigencia sindical amenazaba con no cumplirlo arguyendo que la SEP no respetaba los acuerdos específicos. Después de las discrepancias, la primera aplicación del examen, relacionada directamente con la evaluación universal, se realizó el pasado 24 de junio teniendo un aforo de 261,970 individuos. Mañana 6 de julio se llevará a cabo la segunda aplicación y se esperan a 259,978 sustentantes del nivel de primaria. El personal de secundaria se evaluará el próximo año y en 2014 será sujeto de evaluación todo el personal de la educación inicial, preescolar y especial.
De este nuevo capítulo de la política educativa de México, se pueden extraer lecciones positivas y negativas. A continuación pongo a su consideración tres puntos que juzgo positivos y dos que me parecen negativos. En primer lugar, me parece muy positivo que las autoridades educativas federales hayan tomado una posición firme para impulsar la evaluación universal y fuera de la lógica sexenal. Los gobiernos no pueden reinventarse cada seis años, afirmó el titular de la SEP ante el señalamiento de los reporteros de que la administración 2006-2012 está ya por acabar. De acuerdo con el doctor José Ángel Córdova, cada gobierno podrá modificar los instrumentos de política, pero no debe perderse de vista el objetivo central que es mejorar la calidad de la educación de México.
Un segundo punto que alienta —sobre todo, ante la situación política que se avecina—, es que la evaluación universal del personal docente y directivo recibió apoyo e impulso de actores no gubernamentales que se dedicaron a hacer un notable cabildeo y presión para que la dirigencia sindical cumpliera el acuerdo. Aunado a ello, la SEP reporta que se constituyeron “comités académicos” para diseñar y elaborar los instrumentos y 667 observadores de 33 organizaciones empresariales y civiles siguieron el proceso de aplicación del examen. En su informe, los representantes de algunas de estas organizaciones afirmaron que el proceso fue “serio, limpio y transparente” y pidieron que la evaluación universal sea un ejercicio que trascienda el sexenio.
El tercero y último punto que juzgo positivo es que del total de inscritos en la primera aplicación, 75 por ciento asistió a hacer el examen. Esto seguramente se explica porque había inscritos docentes que participaban en el programa de Carrera Magisterial (CM), el cual ofrece al maestro la posibilidad de aumentar su ingreso económico. Es decir, había un incentivo implícito por hacer el examen. Sin embargo, en la segunda aplicación, participarán maestros y directivos sin adscripción a CM e incluso de escuelas particulares. ¿Se tendrá la misma respuesta? Esperamos que sí. Con ello se pondría de manifiesto que el maestro es una persona madura y responsable que se somete voluntariamente a evaluaciones con el propósito de colaborar con la autoridad educativa en la mejora educativa.
Entre las cosas negativas que advierto está, por una parte, la actitud de algunos maestros de Michoacán que secuestraron aplicadores del examen como si estas personas fueran los responsables de sus preocupaciones. Todo mundo tiene derecho a oponerse a las políticas que propone el gobierno y el sindicato, pero en ello debería entrar en juego algo que los maestros teóricamente deben cultivar en los niños: La razón y el diálogo.
Por otra parte, considero cuestionable que uno de los incentivos para participar en la evaluación universal sea que no habrá repercusiones en las condiciones laborales de los maestros que salgan mal evaluados. Es cuestionable porque los derechos del trabajador se privilegian sobre el derecho de la niñez de formarse bajo condiciones escolares de alta calidad. No estoy clamando por cortarle la cabeza al profesor, sino porque se encuentren alternativas como retirarlo temporalmente del servicio docente mientras se le prepara para dar buenas clases. De lo contrario, pasaremos años evaluando al maestro, evitando “balconearlo” como si fuera un ser indefenso y mientras tanto, reproduciremos las condiciones que originan la mala calidad educativa. De ejercicios evaluativos lucidores pero sin efectos reales en el aprendizaje estamos repletos.
Reconozco que el secretario Córdova se ponga del lado de los maestros y asegure que con la evaluación universal se va “ayudar a los maestros”, pero, ¿quién ayudará a los niños que padecerán todos los días al mal maestro? ¿La sociedad? Eso esperaría. Ante las nuevas circunstancias políticas, ¿podremos presionar a la dirigencia magisterial y a la SEP para hacerles entender que los maestros no son los infantes que hay que defender?

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx

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