27 de agosto de 2012

Educación no ha garantizado igualdad social: Martín Carnoy

Por Héctor Rojas*

El sistema educativo nacional por si mismo no puede resolver los problemas de desarrollo ni de movilidad social, si éste no va acompañado de un conjunto de políticas públicas -en salud como en alimentación, por ejemplo- no se logrará combatir la desigualdad, lo que significa mantener en las mismas condiciones de vida a los sectores marginados de la sociedad, aseguró en conferencia magistral Martín Carnoy, profesor-investigador del Programa de Educación Internacional y Corporativa en la Universidad de Stanford.
Dictada en la Cátedra Pablo Latapí, en la Universidad Iberoamericana (UIA) de León, Carnoy dio una repaso muy polémico de cuales son las deficiencias  y retos de la educación en México.
En entrevista con Educación a DebateSylvia Schmelkes, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la UIA, aseguró que la conferencia fue controversial, “muy polémica”, pues dijo “estamos acostumbrados a decir que la educación es el mecanismo igualador por excelencia”, no obstante, Carnoy sustento que esto era falso.
Según la tesis de Carnoy, la educación por sí sola, no puede acotar las brechas de desigualdad entre distintos sectores, de este modo, cuando se obtenga el bachillerato universal por ejemplo, después del año 2022, los conocimientos requeridos por el mercado van a distar aún mas de la preparación académica de un bachiller.
Aún hoy en día, en el nivel medio superior se pueden ver claras desigualdades entre las distintas modalidades del bachillerato, entre las que destaca el profesional técnico como uno de los sistemas más desfavorecidos, frente al bachillerato general y el tecnológico, en cuanto a calidad educativa.
Los sectores favorecidos por el contrario, van a acceder a la educación no sólo superior sino a posgrados, dejando intacta la distancia de desigualdad entre ambos sectores, puntualizó Schmelkes al destacar los planteamientos de la Cátedra de Pablo Latapí.
Esta idea coincide el ex director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Felipe Martínez Rizo, al señalar que en el trabajo de Latapí, queda asentado como “la desigualdad económica de la sociedad seguirá influyendo en la desigualdad educativa, la cual, a su vez, cerrará el círculo vicioso determinando una ulterior desigualdad en la capacidad de ingresos de la siguiente generación”.
Lo que se plantea es que el crecimiento del nivel educativo de las sociedades no implica que disminuya la desigualdad social de las mismas; por ello, lo que se requiere es impulsar al sector desde una perspectiva, integral y holística, refirió Sylvia Schmelkes.
De este modo se plantea que el mercado laboral de la sociedad del conocimiento “premia” ciertas habilidades, las cuales están relacionadas fundamentalmente con manejar tecnologías; y dichas habilidades son adquiridas en su mayoría por una población que “de por sí ya viene de una elite”, aseguró Schmelkes.
Pero si de sociedad del conocimiento se trata, una de las paradojas que se presentan en nuestro país, es que el diseño de las políticas públicas no responde a la planeación informada a través de los resultados derivados de la investigación, como en el sector educativo, reconoció la académica de la UIA.
De este modo, si se contemplarán los evidencias que se tienen sobre la investigación en Educación Inicial, se invertiría más al respecto.  Hasta 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenía documentado que “sólo 5 por ciento de la población infantil de 0 a 3 años de edad es atendida en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”.
No obstante, las investigaciones han demostrado que los primeros años de vida de las personas (0 a 3 años), son los más importantes en el desarrollo de los individuos a lo largo de su vida profesional, personal, social y académica.
“Un reo en el estado California, cuesta lo mismo que un estudiante en Harvard”, planteó Martín Carnoy en su conferencia; entonces si la investigación ha evidenciado que la educación inicial aleja a los individuos de comportamientos delictivos, porque mejor no invertir en educación, planteó Schmelkes.
La memoria de la tercera edición de la Cátedra Pablo Latapí, organizado por el Sistema de Universidades Jesuitas, podrá ser consultado en su página de internet como en la del INIDE, en los próximos días.


* Derechos Reservados. Originalmente publicado en Educación a Debate.
Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México) Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA.

Rename: información, interés nacional y responsabilidad pública

Por Pedro Flores Crespo*
El pasado 8 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Acuerdo por medio del cual se determinó que la información presentada en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME), sea de “interés nacional”. ¿Qué significa esto? Primeramente habrá que decir que el RENAME representa un esfuerzo notable del actual gobierno por sistematizar, integrar y difundir datos sobre la escuela (infraestructura, datos de su contexto, programas que mantiene), estudiantes (identidad, promedio, logro académico, inscripción a programas federales) y de lo que actualmente es un “hoyo negro” para la sociedad mexicana: la situación de los y las maestras de educación básica. En el rubro de profesores, el RENAME tendrá que presentar rasgos de su identidad, su perfil profesional y académico y sobre todo, datos relativos a su desempeño y situación laboral (función que desempeña, horario).
 Que la información presentada por el RENAME sea de “interés nacional” significa cumplir con los cuatro criterios emanados de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Primero, que se trate de “grupos de datos” en temas como educación u otro que apruebe el Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Segundo, que “resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional”. El tercer criterio es que se genere de manera regular y periódica y el cuarto, que se elabore con base en una “metodología científica sustentada”.
El RENAME es un acierto dentro un sistema educativo que fue históricamente construido bajo un régimen político autoritario y por consiguiente, cerrado y opaco. No está mal recordar que hace sólo 17 años se ocultaban los resultados de pruebas de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, esto ya no es una práctica fácilmente justificable. El cambio de régimen ayudó para revertir tales prácticas, así como la presión de la prensa, la labor de los académicos, la movilización de las organizaciones civiles, la visión de algunos funcionarios públicos y sobre todo, la consciencia de algunos ciudadanos de que sí es posible cambiar las cosas por medio de la acción propia.
En exclusiva para Campus Milenio, Héctor Robles, director de indicadores educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), asegura que el RENAME tiene varias ventajas. Una de ellas es que permitirá responder a preguntas específicas tales como en dónde continúan sus estudios los jóvenes que asistieron a opciones escolares menos favorecidas. Es decir, se podrán realizar estudios longitudinales ya que se la asignará a los estudiantes una clave de identificación única. Otra ventaja que observa Robles es la participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en estos procesos, lo que podrá reforzar la “institucionalización” de registros de información de este tipo en el sector educativo. Entre las desventajas que hace notar el funcionario del INEE es que integrar la información en un registro de tal complejidad y magnitud llevará tiempo, pero, recapacita, lo importante es que ya se empezó.
Diseñar un sistema de información como el RENAME implica una capacidad técnica sobresaliente, que en México claramente existe, pero esto no basta. La generación y difusión de información confiable sobre el sistema educativo mexicano es un asunto de alta política y aquí advierto varios riesgos que entre todos hay que enfrentar. Si la escuela hará el registro de información en el RENAME, ¿quién se asegurará que el vaciado de información sea confiable? ¿Recibirán los directores de las primarias y secundarias mexicanas alguna presión para no dar a conocer información concerniente al salario de todos los maestros? ¿Usted cree que les conviene a los gobernadores de los estados reportar de manera fidedigna información relativa a las plazas que se liberarán por muerte o jubilación, así como el monto que reciben de la federación para pagar la nómina? Ante la apertura de información que se avecina, es muy probable que reaparecerán los políticos y “líderes” sindicales que se opondrán a la transparencia en general y al RENAME en particular bajo el argumento de que “la SEP expone al maestro a la delincuencia por dar a conocer su salario”.
Generar y difundir estadística educativa confiable es una responsabilidad compartida que no deberíamos eludir. El INEE y los académicos, por ejemplo, serán clave en validar la calidad de información que se reporte en el RENAME. De hecho, el INEE ya está trabajando en ello, lo cual muestra de que sí “tiene dientes” para mejorar las cosas en el ámbito educativo. Igualmente, los periodistas tomarán un papel destacado si saben identificar, en el registro, elementos clave de la problemática de la educación que vayan más allá del morbo. El padre de familia tampoco estará exento de responsabilidades si sabe detectar que en la escuela de su hija/o los maestros reciben altos salarios y la calidad educativa no mejora. Hagamos, entre todos, que la información sea un insumo de calidad para la toma de decisiones y la formulación de políticas educativas más efectivas.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

16 de agosto de 2012

Justicia social y educación: En memoria de Pablo Latapí

Por Pedro Flores Crespo*
Pablo Latapí Sarre (1927-2009) fue uno de los mejores analistas del Sistema Educativo Nacional. Con sus investigaciones, artículos de opinión, asesorías e impulso para la creación de instituciones clave para el desarrollo educativo, nos hizo voltear la mirada hacia asuntos verdaderamente importantes tales como la relación entre la justicia y la educación. En este sentido, el investigador se mostraba sorprendido de que en México, un país con “tan grandes problemas de equidad”, tuviera tan pocos filósofos de la justicia. La problemática de la justicia, decía Latapí en 2001, parece no provocar reacciones o debates políticos.

Tratando de responder a la preocupación del doctor Latapí y con motivo del tercer año de su muerte, quisiera poner sobre la mesa el tema de la justicia y la educación a partir de la aparición, en 2009, del libro, La Idea de la Justicia de Amartya Sen, profesor Lamont de la Universidad de Harvard y premio Nobel de Economía en 1998. 
Lo primero que diría es que tanto Latapí como Sen coinciden en su crítica a la Teoría de la Justicia de John Rawls, “el principal filósofo político de nuestro tiempo” (Sen), al observar que su teoría se asienta en una base contractualista, es decir, en el supuesto de que todos los miembros de una sociedad “ceden sus derechos y oportunidades a un poder central, con el fin de asegurar un funcionamiento armónico” de ésta (Latapí). Este “pacto social” sirve entonces para fijar las normas y principios de la justicia.
Para Sen, el enfoque contractualista concentra demasiada atención en identificar los esquemas institucionales justos para la sociedad, pero omite hacer comparaciones relativas de la justicia y la injusticia. Bajo este enfoque, dice Sen, la búsqueda se orienta hacia la identificación de la naturaleza de lo “justo” y no al hallazgo de algunos criterios para una opción “menos injusta” que otra. Al no realizar comparaciones, es mucho más problemático impulsar un “razonamiento práctico” sobre cómo combatir las injusticias reales que las personas enfrentan. “El énfasis en las vidas reales para la evaluación de la justicia tiene muchas implicaciones de largo alcance para la naturaleza y el alcance de la idea de justicia” (Sen). En pocas palabras, no basta sólo con detectar las instituciones perfectamente justas, sino considerar, en la evaluación social, “la forma en que las personas viven sus vidas”.  
¿Y cómo evaluamos estas formas de vida? ¿Qué medida se debe utilizar para saber si una persona o una sociedad alcanza niveles de justica más altos que otra? Rawls propuso que los “bienes primarios” (ingresos y riqueza, libertades básicas, libertad de movimiento y de elección profesional, poderes, prerrogativas y bases sociales de la autoestima) deben ser distribuidos equitativamente para poder hablar de justicia. Sen reconoce esta aportación; sin embargo, hace dos críticas sustanciales y propone una nueva métrica para la valoración de la justicia.
Primera crítica: Los “bienes primarios” son medios; no son valiosos por sí mismos y segundo, dada la diversidad humana, la distribución equitativa de “bienes primarios” puede no ser suficiente para combatir las inveteradas injusticias, algo con lo que Latapí podría estar de acuerdo cuando cuestiona la “igualdad de oportunidades” dentro del ámbito educativo. Para Latapí, cada individuo posee un punto de partida distinto, ya sea por el ambiente familiar, el talento y el entorno social; por ello, nuestro colega mexicano propone compensaciones basadas en el principio de “proporcionalidad solidaria”.
Sen, por su parte, cuestiona la “exaltada posición” que Rawls le concede a la métrica de los bienes primarios, pues esto le resta importancia al hecho de que personas diferentes, por sus características propias o por la influencia del ambiente físico y social, o por la privación relativa, pueden tener “muy variadas oportunidades para convertir recursos generales” (como el ingreso y la riqueza) en capabilities, es decir, en la libertad de poder alcanzar logros que se juzgan valiosos. Sen, por lo tanto, propone que la métrica para valorar si una sociedad es justa es la libertad (o capability).
Ante esta propuesta, Pablo Latapí expresó en su último libro Finale Prestissimo, que las ideas del profesor indio las consideraba “valiosas” pues resaltaban que la esencia del desarrollo es la capacidad de la persona para elegir. Asimismo, nuestro colega mexicano, tuvo la oportunidad de leer algunos capítulos del libro Amartya Sen´s Capability Approach and Social Justice in Education (2007) y expresó que el enfoque basado en la libertad era muy sugestivo pues a su juicio, recogía muchos elementos de la educación humanística tradicional y los formulaba en “categorías modernas”. Latapí celebraba que con este enfoque se contrarrestaran las “perversidades del enfoque del capital humano”.
El tiempo desafortunadamente ya no alcanzó para que Pablo Latapí siguiera explorando y debatiendo los nuevos desarrollos teóricos de la justicia y aplicarlos a la educación de México, pero ojalá un mayor número de jóvenes se interesen por aplicar las ideas de Sen y de Latapí, ideas que no son solamente para círculos esotéricos, sino argumentos elegantemente expresados que cobran sentido en la vida de las personas dentro de sus respectivos contextos. Expandir la libertad de los millones de niñas, niños, jóvenes y adultos por medio de la educación bien podría ser un principio del Artículo Tercero Constitucional. Quizás a partir de este nuevo referente, se pueda generar un esquema de evaluación de la justicia renovado y se pueda, por lo tanto, impulsar una “nueva” generación de políticas y programas educativos.

Postcriptum: Observatorio Ciudadano de la Educación organiza mañana viernes la Cátedra Pablo Latapí Sarre, precisamente con el tema de justicia social y educación. La cita es a las 9:30 en el auditorio José María Vigil del Centro Cultural Universitario de la UNAM. ¡No falten!



*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

12 de agosto de 2012

Cátedra Pablo Latapi Sarre de Investigación Educativa 2012


El evento se transmitirá por videoconferencia en las aulas Héctor González Uribe y Agustín Reyes Ponce, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Prol. Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón.

Registro Indispensable: 
angeles.nunez@ibero.mx 
virginia.castro@ibero.mx

9 de agosto de 2012

Crítica al documento de la ANUIES

Por Pedro Flores Crespo*
Gentilmente recibí de parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el documento Inclusión con Responsabilidad Social. Una Nueva Generación de Políticas de Educación Superior en donde la Asociación hace una serie de propuestas para la formulación de políticas en educación superior, ciencia y tecnología. El documento, se dice, es producto del trabajo de un grupo de especialistas convocado por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES y de las propuestas formuladas por el Consejo Nacional y por las instituciones afiliadas.
Según la ANUIES, sus propuestas representan una “aportación más” a la sociedad y pretenden servir de insumo para la elaboración del programa sectorial en educación de la próxima administración federal (2013-2018). Seguramente, este documento se ampliará y pronto conoceremos una versión extensa y mucho más desarrollada. Con esto en mente, y animado por continuar el debate público sobre la educación de México, deseo exponer algunos comentarios al texto que amablemente recibí.
El documento está dividido en cinco apartados generales. El primero presenta un acertado diagnóstico de la educación superior, el segundo hace una justificación (un tanto alarmista) del “principio rector” de las políticas en este nivel, que es la “inclusión social”. La tercera parte es la más extensa, pues ahí se presentan los diez ejes estratégicos para sustentar la “nueva” generación de políticas en el nivel de educación superior. Estos diez ejes son: nuevo diseño institucional, cobertura, vinculación, evaluación y calidad, carrera académica, innovación, movilidad, internacionalización, financiamiento y seguridad en los campi.
En la cuarta parte del documento se presentan 30 acciones prioritarias, las cuales se desprenden de los diez ejes estratégicos expuestos en la sección anterior. Finalmente, en la quinta sección (Corolario) se afirma que la educación superior “no puede seguir ocupando un lugar secundario en las prioridades del Estado, supeditada a los pactos políticos establecidos que subordinan su objetivo central: el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes”.
Coincido plenamente con la ANUIES. No a la grilla, sí al objetivo central de las políticas universitarias que es impulsar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, celebro que el documento de la ANUIES haya reiterado que la inclusión social no puede concebirse sólo como el “acceso formal” de los jóvenes a la universidad, “sino como el derecho de todo mexicano a una educación de calidad”. Esto significa aprender a indagar, conocer, criticar, imaginar, proponer y tomar parte activa en la construcción de “escenarios” (¿estilos?) de vida promisorios. La universidad, por lo tanto, tiene que servir para ampliar las capacidades de los individuos y su ingreso a ella es sólo un primer —e imprescindible— paso que habrá que asegurar.
En relación con asegurar el ingreso y permanencia a la educación, la ANUIES también propone realizar las reformas legales para que se “establezca el derecho de toda persona en condiciones económicas desfavorables a contar con una beca para cursar estudios de nivel medio superior y superior, siempre que satisfaga los requerimientos de carácter académico”. Con ello, la ANUIES ofrece opciones más precisas para que la obligatoriedad del bachillerato no quede sólo en un buen deseo y para que la ampliación de cobertura en el nivel superior se realice con equidad.
Pese a estos dos aciertos y a otros muchos que se advierten, el documento de la ANUIES presenta algunas fallas y omisiones. Mencionaré al menos tres. La primera es que al concentrarse demasiado en las condiciones legales, institucionales y financieras que requiere el sistema de educación superior para operar, se dejaron de lado temas que ocuparon un lugar central en la agenda de la ANUIES en el pasado: Los enfoques centrados en el aprendizaje y la urgente necesidad de desarrollar enfoques pedagógicos y curriculares pertinentes para los jóvenes de hoy. ¿Seguiremos creando modelos universitarios intensivos y escolarizantes? ¿Son estas opciones de estudio las que verdaderamente cultivan las habilidades y destrezas del profesional y ciudadano del siglo veintiuno?
La segunda falla es de índole conceptual. ¿Qué es la calidad para la ANUIES? En el documento se habla recurrentemente de mejoras y fluctuaciones en ésta, pero no se advierte una forma clara y objetiva de medirla. Si la calidad es un “componente inseparable” de la “responsabilidad social”, no sería inútil reconocer que hacen también falta indicadores objetivos y confiables para estimarla. De lo contrario, se seguirán colando rudimentarios parámetros en la valoración de la función universitaria – léase rankings o imaginarios de prestigio históricamente heredados.
Relacionada con la falta de una noción de calidad, la tercera y última falla que advierto en el documento de la ANUIES es que el atributo de pertinencia se deja a expensas de lo que hagan las universidades hacia afuera de su entorno, por eso se le menciona recurrentemente en el “eje estratégico” de vinculación. Sin embargo, las comunidades universitarias tenemos la responsabilidad de adecuar nuestros recursos y prácticas a las condiciones de vida del estudiante que atendemos con el ánimo de responder a sus necesidades y potenciar su aprendizaje. Pertinencia y relevancia no son sinónimos. Habrá que considerar más seriamente las racionalidades del joven estudiante en los diseños de política para ofrecer una educación pertinente.
Querer emprender una “nueva generación” de políticas de educación superior es un propósito que alienta y que a muchos de nosotros conviene. Por ello, sigamos discutiendo abiertamente las propuestas de los distintos actores políticos y sociales. El cambio de política no posee un sentido unívoco.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.