28 de septiembre de 2012

Transición educativa (tercera y última parte)

Por Pedro Flores Crespo*
Hay razones para pensar que en términos ideológicos y en orientación de políticas el próximo cambio de gobierno no significará una transición educativa. En términos ideológicos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados no se complicarán la vida tratando de pensar cómo renovar sus creencias que han ido desde el nacionalismo revolucionario hasta el “liberalismo social” y la modernización.
La orientación de políticas tampoco parece que será transformada profundamente. Las propuestas educativas de Enrique Peña Nieto (EPN), como candidato a la presidencia, trazaron una línea de continuidad con aquéllas que pusieron en marcha las administraciones pasadas. ¿En dónde podrá entonces residir la transición educativa cuando el PRI empiece a encabezar la próxima administración federal? Probablemente, en la forma de gobernar el Sistema Educativo Nacional (SEN). A mi juicio, un nuevo modelo de gobernabilidad del SEN tendría que basarse en: (1) reconstruir la autoridad educativa, (2) institucionalizar los procesos para la formulación de la agenda educativa, implementación de acciones y reformulación de políticas, (3) organizar la estructura de la Secretaría de Educación Pública de manera funcional y (4) promover, decididamente, la participación social (PS).
En las dos entregas anteriores (Campus 478 y 479) ya expliqué los primeros tres puntos y ahora, en ocasión del décimo aniversario del suplemento, deseo cerrar esta serie hablando de por qué es importante promover la participación social en la educación de México. Hacer que la gente se involucre activamente en los asuntos escolares y educativos es una valiosa condición para tratar de impulsar el cambio en el sector educativo de nuestro país.
¿Qué significa participar?
Promover la participación social en la educación significa crear las condiciones para poder intervenir, como padres de familia, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en los asuntos escolares y en los procesos de política pública. La participación social en la educación de México es importante por varias razones. La primera es que la educación es un asunto público, que compete a todos y por lo tanto, no puede ser propiedad de grupos o burocracias oficiales o sindicales. Dejar la educación en manos de unos pocos es perjudicial para todos.
Desde 1993, la participación social se convirtió en una política “de Estado” al estar estipulada en la Ley General de Educación (LGE), no obstante sus avances son variables. Si bien 84 por ciento de las escuelas públicas en México cuentan con un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), algunos autores han mostrado que los CEPS son más un requisito formal que un instrumento para impulsar el involucramiento continuo y general de los distintos actores en los asuntos escolares y educativos (Martínez, Bracho y Martínez). Aunque en 2010 se propusieron lineamientos específicos para la operación de estos consejos, siguen conformándose bajo un modelo único, las nuevas actividades de “participación social” son temporales más que continuas, y sus miembros siguen sin ser “democráticamente” elegidos (Observatorio Ciudadano de la Educación). El nuevo gobierno bien podría revisar estas críticas, procesarlas y proponer una nueva estrategia para impulsar la participación de los diversos actores sociales y políticos en los asuntos escolares y en los procesos de política pública.
¿Qué impide la participación social?
Si a 20 años de su impulso oficial sigue habiendo problemas con la participación social en las escuelas y en los procesos de política, habrá que buscar nuevas explicaciones de este fenómeno. Si bien los mecanismos de PS propuestos por la SEP tienen fallas, habrá también que indagar qué pasa del lado de la sociedad. En este sentido, llama la atención que 32 de cada 100 mexicanos entrevistados en el Latinobarómetro 2011 haya dicho que “la mejor política pública” del país es la educación cuando los resultados de las investigaciones, de las pruebas nacionales e internacionales de logro académico e incluso, de los reportes de la prensa muestran las serias deficiencias de la política educativa mexicana. Este porcentaje (32%) contrasta con el uno, 17 y 20 por ciento de Chile, Brasil y Argentina, respectivamente. La complacencia de los mexicanos no parece ser una base útil para activar la participación social.
¿Nos educamos para ser democráticos?
No involucrarse de manera general y continua en los asuntos de la escuela o de la política educativa apunta hacia varios problemas. Uno de ellos podría ser la falta de tiempo de los padres de familia para asistir a la escuela de los hijos y discutir, abiertamente, los asuntos relacionados con su aprendizaje. Igualmente, en el medio educativo está generalizada la tesis (elitista) de que los pobres no participan en los asuntos escolares porque primero deben cubrir sus necesidades básicas (comer, vestirse) antes de movilizarse políticamente. Esta tesis muchas veces no está sustentada en evidencia empírica y sirve para crear prejuicios de clase.
La falta de tiempo y la clase social pueden dar algunas señales sobre la reticencia de las personas para no participar en los asuntos escolares o educativos, sin embargo, no son los únicos factores. Habrá también que reflexionar en la capacidad real que tiene la escuela mexicana para formarnos con el propósito de ejercer la democracia como una forma de vida en la que, a partir de la identificación de los problemas, tengamos la capacidad de razonar, discutir públicamente, discrepar y llegar a soluciones de manera colectiva y razonada.
¿La educación mexicana nos forma para utilizar la razón públicamente y por lo tanto, para ser agentes del cambio? Varios estudios han demostrado que la escuela mexicana reproduce las clásicas conductas autoritarias del medio social y político en que actuamos y vivimos los mexicanos. Si algún alumno se atreve a cuestionar al maestro o alguna otra “autoridad” lo pagará caro. En nuestras acciones cotidianas probablemente asfixiamos los principios de la democracia deliberativa; parece que no somos capaces de percibir sus beneficios. Por ello, no debe sorprendernos que en el Latinobarómetro 2011 se reporte que 36 por ciento de los mexicanos diga que “da lo mismo” tener un gobierno democrático que uno autoritario. Sorprendentemente, esta proporción es la más alta de los países latinoamericanos.
¿Cómo promover la participación social?
Promover la participación social en los asuntos escolares y en el desarrollo de las políticas educativas podría indicar que el nuevo gobierno priísta realmente desea una verdadera transición en el ámbito educativo.
Fomentar esta política es deseable porque podría inducir cambios en distintos ámbitos del sistema educativo. La participación social podría ser una política “palanca” si se impulsa un nuevo esquema de CEPS, el cual podría perseguir como objetivo primordial la construcción, desde la escuela, de una pedagogía ciudadana basada en la discusión constante y abierta entre padres de familia, directivos y maestros sobre temas libremente elegidos por las comunidades. Para ello, la información sobre la situación académica y financiera de la escuela tendrá que fluir constantemente. Los periodistas educativos, medios electrónicos, redes sociales, agencias de evaluación independiente y la SEP —a través del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename)—, tendrán un papel central en esta tarea. Cualquier incumplimiento, omisión, opacidad o acción contraria al derecho de las niñas, niños y jóvenes de recibir educación de calidad deberá ser conocido para que la SEP, en apoyo de las respectivas instancias sociales y judiciales1, tome cartas en el asunto.
Si el razonamiento público se impulsa dentro de las escuelas, quizás sea más factible tener en un periodo no muy largo comunidades escolares que pugnen por acrecentar la autonomía de las escuelas. ¿Está el PRI comprometido con la autonomía escolar o privilegiará con sus acciones — o inacciones— la “intermediación burocrática” entre las escuelas, sindicato y secretaría? El PRI puede recuperar legitimidad con las primeras acciones que ponga en marcha en materia educativa. El sistema educativo demanda cambios de fondo y eso podrá lograrse si se modifica el actual modelo de gobierno que rige el sistema educativo mexicano. Para ello, habrá que trabajar por impulsar la participación social de manera decidida, recuperar la autoridad educativa, institucionalizar los procesos de políticas y organizar mejor la SEP para enfrentar los retos de millones de ciudadanos que de promesas y “revoluciones educativas” ya han escuchado demasiado. No responder cabal y eficientemente a las expectativas de la sociedad, creará un ambiente político desfavorable para el próximo gobierno. Veremos qué camino elige.

1Tomo este punto de Sergio Cárdenas (CIDE),quien, con sus pláticas, me ayudó a considerar al poder judicial como un aliado del derecho a recibir educación de calidad.
Estas reflexiones son parte de un proyecto de investigación más amplio sobre participación social, el cual es apoyado financieramente por la UIA y el Conacyt. En él, participan también Laura Ramírez y Ana Violeta Ramírez.

*Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus MilenioConsulta los artículos anteriores:

Transición educativa (primera parte)
Transición educativa (segunda parte)

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