29 de enero de 2013

Analizan el papel del maestro ante la tecnología

Por Karla Garduño*

La sensibilidad humana y la capacidad para conectar con los niños y los jóvenes  son fundamentales para que cualquier maestro desempeñe de mejor manera su labor educativa como guía, consideran algunos de los especialistas que participarán el 31 de enero y 1 de febrero en el Encuentro Internacional de Educación, convocado por Fundación Telefónica, la UNAM y Educación a Debate.
Claudia Santizo, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa; Sylvia Schmelkes, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Arnaud, Secretario de Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México; el conductor, periodista y promotor cultural, Pablo Boullosa, y Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México, quien fungirá como moderador, debatirán en torno al rol que el maestro ha tomado en una sociedad dominada por la tecnología.
“Un maestro tiene que ganarse ese título ante sus alumnos y lo hace en la medida en la que conecta humanamente con ellos y los ayuda a hacer más amplio su mundo y a crecer y a desarrollarse”, dice Boullosa, quien afirma que los maestros deben convertirse en una especie de entrenadores.
“Alguien que desde fuera de ti esté mirando qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal, qué es lo que hace falta mejorar; eso no nos lo va a dar internet, ni ningún software sofisticado”.
El debate sobre “El rol del profesor: de faro a guía”, se ha extendido desde diciembre en las distintas actividades del encuentro que de manera virtual se lleva a cabo en Educared(Fundación Telefónica), pero tendrá su punto más álgido en este evento presencial que convoca no sólo a estos expertos mexicanos, sino a otros de talla internacional como Roger Schank y Alberto J. Cañas.
En el contexto de las transformaciones que en materia educativa se llevan a cabo en México, y que incumben directamente a los docentes, el debate adquiere una particular importancia en el país, dice Santizo, autora del libro Gobernanza y cambio institucional de la educación pública básica en México.
“Porque estamos en un proceso de transformar políticas públicas y a todo el sistema educativo”, advierte Santizo.
Durante dos días, en el Palacio de Minería habrá conferencias magistrales, mesas de debate y talleres focalizados en los que especialistas e interesados podrán discutir en torno a la pregunta ¿quién enseña?
Para asistir es necesario ingresar al foro virtual enhttp://encuentro.educared.org/ y luego registrarse en el evento presencial, el cual será replicado en otras ciudades como Santiago de Chile, Madrid, Lima, Bogotá y Buenos Aires.
Para consultar el programa de click aqui.
Y, ¿cuál es el rol del maestro?
Dominar su tema, conocer la pedagogía y la didáctica, generar un clima de aula adecuado, además de planificar y evaluar, son las competencias que todo maestro debe desarrollar, considera Sylvia Schmelkes, quien ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos, sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural.
Pero en medio de todo esto está la sensibilidad humana que tiene que tener, agrega la especialista. “Los docentes saben muy bien que tienen un papel social, una altísima responsabilidad, y lo quieren hacer bien”, dice Schmelkes.
Y es que un maestro con vocación es aquel que conoce a sus alumnos, el entorno donde viven y los problemas que tienen, reitera Santizo, quien fue evaluadora externa del Programa Escuelas de Calidad de la SEP y del Programa de Apoyos a la Educación Básica de la Fundación Ford en México, además de consultora para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
“Con sus acciones (el maestro) va a aminorar las adversidades que estén enfrentando los alumnos en su familia, en su vida cotidiana, pero también va a enseñar a que los alumnos se sobrepongan a esas adversidades”, apunta Santizo.
El maestro debe entender su rol dentro del contexto social, dice Alfredo Arnaud, quien sSe ha desempeñado en la docencia en la Universidad Veracruzana, el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) y la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM
“La educación a distancia tiene que incorporar nuevas tecnologías, pero también tiene que incorporar nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje”, señala Arnaud.
Para profundizar en el debate del rol del maestro le recomendamos los siguientes videos:



® Derechos Reservados. Originalmente publicado en Educación a Debate
Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México) Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA.

28 de enero de 2013

La reforma educativa mexicana, un primer paso en la dirección correcta

Por Alberto Cabezas*

La reforma educativa aprobada en México, que supone modificar la Constitución, es un primer paso en busca de un sistema más moderno dirigido, sobre todo, a mejorar la calidad educativa, según fuentes del sector y analistas consultados por Efe.
El reto es diseñar un sistema que "permita a niños y jóvenes competir por insertarse en la economía y en el mundo", dijo el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mario Delgado, que recordó el gran esfuerzo que hizo México para lograr la alfabetización, porque en 1910 el 80-90 % de la población era analfabeta.
Pero la reforma, la primera de calado que emprende el presidente Enrique Peña Nieto y que conlleva cambiar los artículos tercer y 73 de la Carta Magna, nace envuelta en la polémica, ya que es rechazada por miles de maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Fuentes del sindicato, encabezado por Elba Esther Gordillo, dijeron a Efe que están de acuerdo con el sentido de la reforma e incluso con negociar las leyes secundarias que tendrán que modificarse, pero deploran "que se ponga en riesgo la estabilidad laboral" de los docentes.
La manzana de la discordia es un sistema de evaluación universal de los maestros a cargo de una instancia ahora independiente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que ponderará las habilidades de los profesores y decidirá si pueden seguir en el puesto, agregaron.
"Lo que inquieta al SNTE es (...) que se ponga en riesgo la estabilidad laboral" de los maestros, afirmó una portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, el mayor de América Latina con 1,1 millones de afiliados.
El senador Delgado, exsecretario de Educación del Distrito Federal, lamentó tal interpretación y confió en que las diferencias se superarán.
"Parece que es una reforma para perseguir a los maestros, para sancionarlos, castigarlos, y por supuesto que no", aseveró.
A juicio del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta, Juan Carlos Romero Hicks, es pretencioso llamar "reforma" a los cambios propuestos.
"Es un inicio de una serie de pasos muy importantes que pueden llegar a ser una reforma", apuntó a Efe el senador, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Como aspectos positivos citó que se aborde el reto de la calidad de la docencia y el de la evaluación de los maestros, pero indicó que este último no es mérito de Peña Nieto, sino de la anterior Administración, encabezada por el presidente Felipe Calderón, del PAN.
"Aquí no hay novedades y no se ha cambiado la realidad todavía", manifestó el senador, quien no obstante admitió que se trata de "una medida muy acertada" del actual mandatario.
Para la académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) Sylvia Schmelkes del Valle la reforma educativa, en general, es "absolutamente necesaria" porque la situación en el sector es "bastante crítica".
"Creo que nadie está satisfecho con lo que están aprendiendo nuestros alumnos" ni cómo "lo están aprendiendo", apuntó.
Lamentó por ello la oposición del SNTE, aunque consideró "incorrecto" el planteamiento de que esté en juego un puesto de trabajo por un proceso de evaluación de profesores.
La también directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la UIA señaló que fallar en ese proceso de evaluación "no debe tener consecuencias inmediatas" ni llevar a despidos.
"Formar a los docentes es una responsabilidad del Estado", afirmó la especialista, partidaria de que se cree un buen sistema de formación para los maestros y que tengan hasta tres oportunidades de conservar sus plazas en los procesos de revisión.
Con todo, para la académica el mayor problema educativo es "la falta de equidad", que comporta una desigualdad social muy grande en la calidad del aprendizaje.
Y el mayor riesgo de la reforma, que aún debe ser promulgada, es "conformarnos con ella", no ponerla en marcha con "el mismo nivel de decisión y de voluntad política" mostrado hasta ahora ni complementarla con cambios profundos en la práctica docente, aseveró.


®Derechos Reservados. Originalmente publicado en El Confidencial. Foto: CNN MéxicoSylvia Schmelkes del Valle, investigadora y académica, es actualmente directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Email: sylvia.schmelkes@uia.mx

25 de enero de 2013

¿Del ogro filantrópico al pedagogo democrático? La participación ciudadana en la escuela (segunda parte)

Por Pedro Flores Crespo*

La función del Estado mexicano para impulsar la democracia sigue a prueba. Pareciera que la alternancia partidista, la creación de nuevas instituciones, la pluralidad y el relevo generacional en la burocracia oficial no han sido suficientes para propiciar el surgimiento de movimientos ciudadanos amplios, razonados y efectivos. Esto no quiere decir que la sociedad no se organice. En los últimos meses hemos visto casos muy peculiares de acción social. Ante la ineficiencia de las autoridades de brindar seguridad pública, pobladores de los barrios de Xochimilco y Texcoco amenazaron con hacerse “justicia” por su propia mano linchando a los delincuentes que actúen en esas zonas. ¿Y quién no recuerda la experiencia de Nueva Jerusalén? Ahí, un grupo de fanáticos religiosos impidió la reconstrucción de una escuela en el municipio de Turicato, Michoacán bajo el argumento de haber recibido órdenes de la virgen. La educación laica, dijeron, es “cosa del diablo”.
Como vemos, hay gente que se organiza y actúa (a su manera) sobre los asuntos públicos. Lo cuestionable en los casos de Michoacán, Xochimilco y Texcoco es, por un lado, las bases y creencias que originaron la movilización y por otro, el vacío de autoridad y la ineficiencia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Este último punto lo ilustra nítidamente un comerciante de la zona de Xochimilco al decir que ya no aguantaban los robos y saqueos a los negocios de la zona, por lo tanto, fue “más barato” organizarse que contratar seguridad privada, misma que, dijo, las autoridades debían darle (Reforma, 6/01/13 nota de Atempa y Hernández).
En los casos arriba expuestos, el vacío del Estado —como conjunto de instituciones abocadas a organizar la vida pública —es evidente. ¿Qué pasaría si se canalizara la fuerza de participación de la gente de Xochimilco con programas de seguridad delegacionales bien diseñados? Si en lugar de estar ausente, el Estado quisiera educar a los ciudadanos para la modernidad, ¿qué sociedad construiríamos? ¿Querrá el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) desterrar el patrimonialismo, las actitudes cortesanas, el paternalismo, clientelismo y corporativismo (rostros del ogro filantrópico) para dar paso a un Estado que promueva y cultive las capacidades necesarias para consolidar y vivir plenamente la democracia? En este sentido, vale la pena preguntar si el actual gobierno hará algo distinto que sus antecesores para impulsar de manera efectiva la participación social en la escuela y en la configuración de las políticas educativas. Una forma de acercarnos a este asunto es haciendo un breve repaso histórico.
Como gobernador del Estado de México (2005-2010), EPN propuso un “nuevo” modelo educativo con participación el cual consistía en “fortalecer la participación social en apoyo a las tareas educativas, promoviendo una estrecha vinculación entre la escuela, los padres de familia y la comunidad “en un marco de corresponsabilidad y compromiso social”. Asimismo, el plan de desarrollo estatal señalaba que en este rubro, se quería “fortalecer los mecanismos de participación, concertación y coordinación ciudadana para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas educativas y científicas”. ¿Dio resultado ese “nuevo” modelo de escuela participativa en el Estado de México?
De acuerdo con el reporte sobre Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos Escolares de Participación Social, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró con apoyo de un grupo de especialistas, el Estado de México, registra en términos generales un mal desempeño en términos de avance de sus CEPS en el ciclo 2011-2012. Por ejemplo, aunque esta entidad tenía instalados 85 consejos por cada 100 escuelas, al adentrarse en su funcionamiento, se observa que sólo 0.3 por ciento de esos 85 consejos escolares cuenta con una “planeación efectiva” cuando el promedio nacional es de 14 por ciento. Esto quiere decir que hay más consejos instalados en el Estado de México que a nivel nacional (80 por ciento) pero llama también la atención que es significativamente más bajo el número de CEPS que integran comités temáticos, buscan programas de apoyo y determinan metas con base en los resultados de la prueba Enlace.
En relación con la vinculación que proponía el “nuevo” modelo de escuela, se puede corroborar, con los datos ofrecidos por la SEP, que en el Estado de México no existe un solo CEPS vinculado con el consejo de participación municipal. Esto indica que esta entidad está por debajo del promedio nacional (1 por ciento). Otro dato que apunta hacia una operación ineficiente de los CEPS en el Estado de México es la drástica reducción en el número de consejos que realizan, a lo largo del ciclo escolar, las sesiones estipuladas. Es decir, conforme avanzan las sesiones, disminuye radicalmente el porcentaje de consejos que se reúnen. Mientras en la primera sesión se integran todos los CEPS (100 por ciento), para la tercera y séptima reunión los promedios son 0.5 y 0.2 por ciento, respectivamente. Esto indica que la actividad de los consejos escolares de participación social va perdiendo fuerza a medida que avanza el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué aprendió el actual presidente de la República del fracaso de los CEPS en la entidad que gobernó de 2005 a 2010? Vamos a esperar a ver qué propone el plan nacional de educación de la actual administración para corroborar si la actual élite gobernante tiene la intención de “mover” a México mediante una participación en la escuela que resulte efectiva.
En conclusión, la participación social en México está latente aunque en algunos casos es guiada por referentes negativos (fanatismo). La función del Estado para impulsar la democracia participativa sigue a prueba y en la escuela mexicana los retos son grandes, aunque también las oportunidades si el actual gobierno quisiera emprender un amplio ejercicio educativo orientado a cultivar las competencias democráticas que un país moderno demanda. ¿Será posible esto con el PRI?

Consulta ¿Del ogro filantrópico al pedagogo democrático? La participación ciudadana en la escuela (primera parte) en este enlace.


* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

24 de enero de 2013

Analizan sexenio de Felipe Calderón expertos de la Ibero

Más de una docena de investigadores de la Universidad Iberoamericana, entre los que destacan Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía y fundador del INIDE, hicieron un balance general de la pasada Presidencia, publicado en el documento Sexenio en perspectiva. Análisis académico del gobierno de Felipe Calderón.
El texto (disponible en este enlace) es una invitación a pensar, desde distintas dimensiones y perspectivas teóricas y éticas, sobre la compleja realidad mexicana, sus implicaciones hacia el futuro y los enormes desafíos no resueltos que tiene la nación en los ámbitos social, político, económico, educativo, migratorio, cultural y de derechos humanos, entre otros.
En la presentación de la publicación se contó con la presencia de cuatro de los 15 autores, quienes compartieron con el público asistente su visión retrospectiva del pasado gobierno federal.
El doctor Rubén Aguilar Valenzuela, académico de los departamentos de Comunicación y Ciencias Sociales y Políticas, señaló que gran parte de la calificación negativa obtenida por Felipe Calderón tuvo que ver con su mala estrategia de comunicación, siempre equivocada, y cuyo mayor error fue concentrar ésta en un solo tema, la guerra contra el narcotráfico, a través de spots y del propio discurso del entonces mandatario, quien dio una relevancia brutal a esa cuestión.
Al no ser capaz de posicionar otro tema en su agenda monotemática de violencia y narcotráfico, Calderón “construyó su propia cárcel”, dijo Aguilar.
El prologuista de la obra y académico de la Dirección de Investigación, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, retomó el tema del narco y opinó que aceptar presiones externas para que el Ejército Mexicano ayudara a disminuir el consumo de estupefacientes fue una concepción errónea del fenómeno, que tuvo un costo extraordinariamente grave para México.
Sin embargo, apuntó, el sexenio de Calderón tendría que observarse desde una perspectiva más amplia, de 30 años, con una visión histórica y holística de la problemática, donde todo forma parte de una sola realidad.
Destacó que México se desindustrializó; el hecho de que seis millones de personas más entraron a la pobreza extrema; la expulsión de más de tres millones de campesinos; la falta de cultivo en ocho millones de hectáreas; el problema en la producción y abasto de energía e hidrocarburos, y la falta de crecimiento económico y un producto interno bruto per cápita estancado desde hace tres décadas, necesidades que el sistema político no fue capaz de reconocer.
En su perspectiva como profesor del Departamento de Derecho, el doctor Miguel Rábago Dorbecker abordó el tema de los derechos humanos, cuyos abusos tuvieron un incremento constante en el pasado sexenio, por parte del gobierno y actores privados, grupos paramilitares y la delincuencia organizada.
En cuestiones de género el mandato de Calderón no apuntó bien, al haber casos de discriminación laboral, acoso sexual en el trabajo, feminicidios y violencia de género, dijo.
Asimismo hubo dos reformas importantes en materia de derechos humanos, la penal y la constitucional. La primera fue "agridulce", ya que aunque está acorde con los estándares internacionales también constitucionalizó una de las figuras más violatorias, el arraigo, que afecta la posibilidad de defensa del inculpado. La segunda no puede atribuirse a la Presidencia, porque se gestó desde la sociedad civil; empero, se vio un incremento de torturas y desapariciones forzadas.
Finalmente, José Antonio Cerro Castiglione, economista del Departamento de Estudios Empresariales, mencionó que se presentó un gran estancamiento en la demanda interna, relacionado con el empleo, la pobreza y la distribución de la riqueza.
El analista mencionó, desde una perspectiva a futuro, que una prioridad en el presente sexenio debería ser empezar el combate de las tres "íes": la inseguridad, la ineficiencia y la inequidad.
También debe discutirse la enorme dependencia de la economía mexicana en relación con la de Estados Unidos, ya que si bien México es ejemplo de estabilidad macroeconómica, necesaria para el desarrollo, ésta es insuficiente para el crecimiento de una nación, señaló.
De hecho la economía interna no crece lo suficiente para dar trabajo en cantidad y calidad a los mexicanos, un problema que no ha sido mayor por la existencia de dos válvulas de escape: la migración y la informalidad.
Por esas y otras razones los temas de discusión permanente deben ser cómo se aplicará la política económica y de qué manera, hablar de una nueva macroeconomía, pensar en un régimen de impuestos que incremente el ahorro, la inversión y solucione el problema de la no creación de empleo, y usar la política fiscal como política económica.
Además, discutir el tema del desarrollo del sector agrario y del fomento industrial, e implementar la protección social, en cuanto a empleo, salud y vivienda. Todos estos son planes integrales y de largo plazo, que debieran tener una amplia participación de la sociedad civil.
En la presentación de Sexenio en perspectiva. Análisis académico del gobierno de Felipe Calderón, participaron el doctor Manuel Guerrero Martínez, director del Departamento de Comunicación, así como otros autores de la publicación: Carlos Muñoz Izquierdo, Isidro Soloaga, Pablo Cotler Ávalos, Roberto Sánchez de la Vara, Enrique Gutiérrez Márquez, Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, Pablo Reyna Esteves, Javier Urbano Reyes y José María Nava Townsend.


Fuente: Sala de Prensa/Ibero. 
Carlos Muñoz Izquierdo es Licenciado en Economía por el ITAM y doctor honoris causa por  la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito y fundador del INIDE de la UIA.

23 de enero de 2013

Presentan el libro Implementación de Políticas Educativas

Como un tema debatible políticamente se definió el contenido del libro de Pedro Flores Crespo y Dulce Carolina Mendoza, "Implementación de Políticas Educativas: Los concursosde oposición y la alianza por la calidad de la educación", que fue presentado por la Maestría en Innovación Educativa y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Pedro Flores Crespo comentó que la obra fue producto de una investigación realizada en la Universidad Iberoamericana, y trata sobre cómo se implementan las políticas educativas y los concursos de oposición para seleccionar a los profesores de educación básica.
Señaló que el libro trata de explicar por qué las cosas que se planean en la educación no logran los resultados esperados: "Creemos que no solamente es una cuestión administrativa, organizacional o académica, sino política, ya que los gobiernos prometen cosas pero no las cumplen, y es donde los ciudadanos cuestionamos esta falta de cumplimiento del modelo político y de organización en el que vivimos", subrayó.
Juan Pablo Durand, uno de los comentaristas de libro, dijo que para él fue una gran sorpresa ver el titulo del libro, ya que en todos sus años de estudios ha encontrado muy poca información seria sobre las políticas educativas dirigidas al sector base. 
"Podría afirmar --añadió-- que este nivel es el que menos atención recibe por parte de los investigadores educativos, pero también comprendí que en el análisis de las políticas la etapa más complicada es la implementación, por eso felicito a los investigadores por el trabajo que introducen en la agenda de investigación educativa en México", indicó.
Estableció que el centro del análisis de los autores se concentra en los ejes que constituyeron la alianza por la calidad de la educación, que suponía un conjunto de acciones imitando las prácticas de los mejores planes educativos del mundo y que incluiría la modernización de los centros docentes, la profesionalización del magisterio, el bienestar y desarrollo integral de los alumnos y la evaluación para mejorar.
"Todo ello -manifestó Durand-, en conjunto todos estos ejes de acción, incrementaría la calidad de sector básico, y sus resultados restituirían el prestigio y credibilidad que antaño depositaba la sociedad en los profesores".
En la presentación participó también como comentarista José Ángel Vera Noriega, y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante fungió como moderadora.


Fuente: Dirección de Comunicación / Universidad de Sonora (USON) 
Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. 

17 de enero de 2013

¿Del ogro filantrópico al pedagogo democrático? La participación ciudadana en la escuela (primera parte)

Por Pedro Flores Crespo*
Desde hace casi 20 años, la política de participación social (PPS) está contenida en la Ley General de Educación (LGE) y se ha convertido en parte central del discurso oficial para tratar de introducir cambios en la gestión escolar y en la gobernabilidad del sistema educativo nacional (SEN). La reforma propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa sugiere modificar el marco jurídico para “fortalecer” la autonomía escolar con el propósito de “propiciar condiciones de participación”. De esta manera se asume que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, podrán involucrarse en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Ante los retos de democratización, legitimidad y eficiencia gubernamental, vale la pena preguntar en qué consistirán estas modificaciones legales y si tales cambios, tendrán la capacidad y fuerza suficientes para propiciar condiciones que impulsen la participación ciudadana en todas las escuelas del país. Una buena base de información para empezar a discutir estos cambios puede ser el reporte sobre Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos Escolares de Participación Social que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró con apoyo de un grupo de especialistas y el cual revela datos sumamente interesantes.
De acuerdo con el documento oficial, 80 de cada 100 escuelas del nivel básico (primaria y secundaria) cuentan con el CEPS estipulado, sin embargo, de esas 80 sólo 14 realizan una “planeación efectiva” que consiste en integrar comités temáticos para tratar de resolver los retos que la escuela enfrenta, buscar proyectos educativos de apoyo y determinar metas para mejorar el aprendizaje con base en los resultados de la prueba Enlace. A la luz de estos datos, preguntaría: ¿Qué causa que 66 escuelas de cada 100 no puedan ser plenamente efectivas en términos de planeación? ¿Qué tipo de ordenamiento legal o jurídico podría aportar alternativas para revertir esta situación? ¿Es la ineficiencia de los CEPS una causa o una consecuencia de la capacidad autonómica de la escuela?
Otro punto que juzgo valioso del reporte de la SEP es que establece indicadores dentro de cada una de las cuatro fases del ciclo funcional de los CEPS. Así tenemos que para la primera fase (conformación) se cuenta con un indicador que se refiere a la tasa de cobertura. Para la segunda fase (gestión) hay cinco indicadores: (1) planeación efectiva, (2) correspondencia programas-comités, (3) vinculación de los CEPS, (4) proyectos aprobados y (5) comités con programas de actividades. La tercera fase (evaluación) está constituida por tres indicadores: (1) porcentaje de proyectos de apoyo educativo realizados, (2) registro de actividades y (3) porcentaje de consejos que cumplieron las metas establecidas para la prueba Enlace. Por último, la cuarta fase (transparencia y rendición de cuentas) incluye siete indicadores, a saber: (1) porcentaje de consejos que conocen el cumplimiento de la planeación anual de la escuela, (2) tasa de transparencia, (3) distribución porcentual de programas según el nivel de gobierno, (4) distribución de recursos según fuente, (5) distribución de los recursos según el nivel de gobierno, (6) porcentaje de consejos que obtuvieron recursos por fuentes distintas a los programas y (7) porcentaje de consejos “efectivos”, es decir, los que se mantuvieron conforme paso el tiempo.
Una primera lectura de estos indicadores indica que a medida que se avanza en las fases del ciclo funcional, los retos de la participación ciudadana son mayores. En la fase de gestión, por ejemplo, se observa que 73 por ciento de los CEPS no integra comités para resolver los retos que la escuela enfrenta ni tampoco gestiona proyectos educativos. La SEP interpreta que esto revela “una incipiente visión” de qué hacer dentro de los centros escolares y cómo hacerlo. ¿No serán estas indefiniciones reflejo de la falta de diálogo y de discusión pública? ¿Qué cambios en el marco jurídico podrían contribuir a que los ciudadanos ejerzamos efectivamente el “razonamiento público” (Sen), procesemos el conflicto y modifiquemos la gestión escolar en beneficio de los estudiantes?
Contar con información pública relacionada con los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) constituye una respuesta – tardía pero valiosa - a las críticas expresadas por distintos especialistas y organizaciones de la sociedad civil desde la década de los noventa sobre la necesidad de conocer el funcionamiento y efectividad de los CEPS. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), por ejemplo, arguyó que no basta congratularse con el número de consejos instalados, sino que había que cerciorarse de su buena o mala operación. Esta observación adquiere mucho sentido al conocer los datos de la SEP.
El reto de fomentar la participación ciudadana, así como el de construir —que no conceder— autonomía en las escuelas atraviesa caminos mucho más complejos que el mero ordenamiento legal. La pregunta es si el actual gobierno priísta estará a la altura de este reto democrático. Va a ser muy interesante saber qué significa para el gobierno de Enrique Peña Nieto la participación ciudadana en el sector educativo y qué propondrá la SEP para empezar a derrumbar la feliz guarida del ogro filantrópico.

* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

15 de enero de 2013

Reforma educativa eliminará un dique en la materia: especialistas de la Ibero

Las reformas y adiciones al artículo 3o constitucional, recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión, constituyen sin duda un hito en la historia de la educación que se imparte en México, señaló el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, especialista de la Universidad Iberoamericana y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía.
Reconocido por sus aportaciones al desarrollo educativo, el destacado investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Ibero, señaló que las modificaciones a dicho artículo coinciden, prácticamente al pie de la letra, con las principales recomendaciones que insistentemente han hecho los investigadores de la educación a las autoridades del ramo en el país.
“En términos generales, la promulgación de la versión reformada de dicho artículo constitucional podrá ser comparada con la eliminación de un dique que estaba impidiendo que el caudal de un río fluyera con la facilidad necesaria”.
En efecto, apuntó el doctor Muñoz Izquierdo, la reforma era necesaria para que el Estado recuperara la rectoría del sistema educativo nacional que desde hace varias décadas (con mayor intensidad a partir de la primera de este siglo) el mismo Estado había entregado, de facto, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Para ilustrar lo dicho baste recordar algunos episodios recientes de la historia de nuestra educación. Por un lado fue evidente, durante el sexenio pasado, la oposición de ese gremio a la implementación de los aspectos de la Alianza para la Calidad de la Educación que se referían a la profesionalización del magisterio. No es ocioso recordar que esa alianza había sido suscrita engañosamente por la dirigente nacional de ese sindicato ante el entonces presidente Felipe Calderón, compartió el experto.
Por lo anterior, podemos afirmar que el nuevo texto del artículo 3o “sentará las bases para eliminar la oposición del SNTE a la implementación de una verdadera reforma educativa; pero después de su promulgación, será necesario realizar la reforma pedagógica que silenciosamente reclaman millones de niños y jóvenes que reciben una educación de insuficiente calidad”.
Por su parte, la maestra Sylvia Schmelkes del Valle, directora del INIDE, subrayó que la reforma no es educativa en sí, puesto que se trata más de una de tipo administrativo-política, que será indispensable para que la verdadera reforma educativa sea posible.
Una de las limitaciones fuertes que tiene esta reforma, dijo, es el riesgo de que, posterior al trámite administrativo, "no se proceda con una reforma propiamente pedagógica, con buena formación de docentes y un proceso de descentralización que vuelva a la escuela responsable de lo que hace, pero también capaz de planear sus propias actividades. Hacen falta muchas cosas que esta reforma ni siquiera menciona".
Schmelkes, recientemente ganadora del Premio Mundial de las Ciencias Eureka 2012, dijo que la evaluación universal de docentes es una enorme oportunidad para fortalecer lo que los profesores realizan con éxito en el aula, así como para detectar sus debilidades.
"Para eso es necesario darles seguimiento en sus aulas, para que la formación sea formativa y transforme sus prácticas, cosa que un examen no puede hacer por sí solo".
Al respecto, la maestra Schmelkes agregó que el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación mantendrá su papel observador y de vigilancia crítica del avance del sistema educativo nacional.


Fuente: Sala de Prensa/Ibero. 
Carlos Muñoz Izquierdo es Licenciado en Economía por el ITAM y doctor honoris causa por  la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito y fundador del INIDE de la UIA.
Sylvia I. Schmelkes del Valle, investigadora y académica, es actualmente directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Email: sylvia.schmelkes@uia.mx

14 de enero de 2013

Otorga mayor certeza la autonomía del INEE

Por Ángel Hernández*

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado hace poco más de una década cómo órgano técnico para evaluar la educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, será uno de los elementos más importantes de la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2012, pues se encargará de valorar a poco más de un millón 200 mil profesores a nivel nacional.
A partir de la reforma al artículo tercero de la Constitución el INEE será un órgano autónomo, lo que le otorgará una independencia total de gestión respecto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), situación que a decir de los expertos le dará mayor certeza a su trabajo de medición y evaluación de los resultados del Sistema Educativo Nacional.
Su transformación, añaden, fortalecerá además sus capacidades y le permitirá continuar con la difusión de resultados, lo que ha creado una cultura de la evaluación educativa, aspecto que se encontraba vedado a la sociedad antes de su creación y que, si bien ha generado polémica y desencanto por los bajos niveles de conocimiento que tienen los estudiantes mexicanos respecto de los de otros países, ha permitido conocer el verdadero rostro de la educación en México.

Fin de la opacidad
Pese a que las evaluaciones educativas se realizaban en el país desde los años setenta del siglo XX, lo cierto es que era una información que no trascendía más allá de las paredes de la SEP o se divulgaba entre muy pocos expertos: los resultados se trataban casi como secretos de Estado.
La exigencia continua de diferentes sectores sociales para que se hicieran públicos los resultados de las evaluaciones a que eran sometidos alumnos y profesores, se toparon durante mucho tiempo con los pretextos o el silencio de las autoridades educativas.
Fue hasta el 8 de agosto de 2002 cuando, mediante un decreto presidencial, se creó el INEE como un organismo descentralizado del gobierno federal, con autonomía técnica para generar, aportar y difundir información y conocimiento que permita a las autoridades locales y federal evaluar diferentes componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional; en otras palabras, hacer una evaluación a fondo de la educación mexicana.
Las funciones del instituto a lo largo de este tiempo han sido la generación y desarrollo de información, indicadores y estadísticas educativas; diseño y desarrollo de instrumentos de medición y evaluación; desarrollo y promoción de investigación en evaluación educativa; así como difusión y vinculación para el uso de la información y el conocimiento.

Autonomía
En la iniciativa de reforma a la ley educativa presentada el 10 de diciembre con el aval del presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se reconoce que la creación del INEE en 2002 fue la respuesta a las crecientes demandas sociales para crear un organismo independiente que realizara evaluaciones confiables del Sistema Educativo Nacional.

Destaca que en el ámbito educativo existe consenso de que ahora el instituto sea fortalecido y transformado en un órgano con capacidad para actuar con autonomía en la toma de decisiones técnicas, relativas a la medición y evaluación de la educación; y, dada la relevancia del papel que ha de desempeñar y la importancia de que la evaluación educativa goce de la plena confianza de los actores educativos y de la sociedad, es necesario conferirle la jerarquía que le corresponde.

De ahí que se propusiera elevar a rango constitucional la autonomía del INEE, la cual permitirá que se constituya en una entidad confiable que informe objetivamente, asesore y fije directrices que las autoridades tendrán que considerar para la elaboración de las políticas educativas.

Independencia técnica
La directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA), Sylvia Irene Schmelkes del Valle, menciona que desde 2000, cuando se planteó la posibilidad de crear un instituto para la evaluación de la educación, se hablaba de que fuera autónomo por razones obvias: no era conveniente que la SEP fuera voz y parte de sus evaluaciones.
Recuerda que esa propuesta tuvo dificultades desde un principio, porque la ley le otorgaba sólo a la SEP la atribución de evaluar, por lo que se decidió crear un instituto que proporcionara los elementos para la evaluación; y eso limitó la posibilidad de que hubiera autonomía en ese momento.
La experta en temas educativos añade que la insistencia de darle autonomía a la instancia evaluadora que se proponía hubiera tardado mucho tiempo, por lo que el gobierno decidió crear el INEE como una institución que, si bien era independiente en su funcionamiento, contaría con un director nombrado por el presidente y con el secretario de Educación Pública como dirigente de la Junta de Gobierno.
“A pesar de eso, el INEE trabajó con mucha independencia técnica, con absoluta libertad de plantear su propio programa de trabajo, sus evaluaciones; de publicar los resultados de estas en el sentido más cercano a la verdad que arrojaban los datos, sin necesidad de ningún maquillaje”, señala.

Verídicas
Schmelkes del Valle afirma que la creación del instituto tuvo un impacto muy fuerte, porque se creó en la sociedad una cultura de la evaluación, un interés por conocer los resultados de los procesos educativos, una preocupación por la baja calidad… pero también porque reveló la desigualdad en cuanto al aprendizaje en México.
“Esta información empezó a ponerse a disposición de los académicos también. Y creció la investigación en torno de la evaluación en general. El instituto fue diversificando sus actividades, publicando sus indicadores, haciendo una relación de escuelas… Y la independencia técnica que tuvo durante estos primeros diez años permitió que todo esto ocurriera”, resalta.
Sin embargo, dice que era una independencia técnica muy frágil, porque no estaba respaldada de manera legal. Por ello, en su opinión, se tiene que ver con muy buenos ojos la autonomía que le da ahora el Congreso de la Unión. “Desde ese punto de vista, creo que la medida es muy importante, pues vamos a tener la certeza de contar con evaluaciones menos sesgadas, más verídicas y cercanas a la realidad. Y eso seguirá alimentando este proceso que ya se dio, ya que era una autonomía de facto y ahora lo será en la ley”.

Evaluación formativa
Sylvia Irene Schmelkes aclara que en este momento el cambio institucional del INEE es muy general y no se sabe qué va a significar ni cómo afectará las actividades que ha desempeñado hasta la fecha.
—¿Cómo ve la nueva atribución que tendrá el INEE en la evaluación de los profesores?
—Representa para el instituto un cambio muy importante porque cuando se creó, se estableció en su código de ética que la investigación que hiciera para la evaluación no afectaría a personas ni a escuelas en lo individual. Si va a tener la atribución de evaluar a docentes, ese código de ética de alguna manera ya no se cumple; cuando menos con la parte de evaluación de docentes, porque cualquier evaluación que se haga de ellos tiene que tener algún tipo de repercusión. De ahí que sea uno de los aspectos más delicados de este proceso de transición.
La investigadora expone que es importante que el nuevo INEE, si asume esta tarea de evaluar a maestros, lo haga con una finalidad sobre todo formativa: que no sea una evaluación como hasta la fecha, con fines de promoción y de control, sino de mejoramiento de la práctica docente, que es el propósito final de una evaluación de este tipo.
“Desde el punto de vista de su concepción ética, habrá en esto un cambio fundamental; y será muy importante cómo defina el INEE este asunto. En mi opinión, debe tomar esta postura de hacer evaluación de docentes solamente en el sentido formativo; o sea, solamente evaluaciones que conduzcan a formación para el mejoramiento de la práctica docente, y que eso no tenga repercusiones sobre salarios, y escalafón. Y, en todo caso, si llegara a tener repercusiones sobre la permanencia en la profesión, que sea luego de varias oportunidades parapoderse formar y mejorar”, propone.

No personalizar
Acerca de la difusión y socialización de la información que genera el INEE, que si bien transparenta las evaluaciones del sistema educativo, advierte que ahora, en el caso de los profesores, se debe tener cuidado en la forma en que se da a conocer este tipo de información, que de por sí genera polémica por los bajos niveles de aprovechamiento de los estudiantes mexicanos.
Añade que si la divulgación se hace con cuidado, se agregan los datos, no se habla de personas en lo individual ni de supervisiones ni de escuelas, el instituto puede seguir teniendo esta función de generar conciencia sobre cuáles son nuestros problemas de calidad y cómo podemos contribuir para mejorarlos.
Insiste en que no se trata ahora de hacer una evaluación para que la consuma laSEP, sino para que la conozca la opinión pública y también, obviamente, las autoridades educativas, pero “terciada” por lo que la opinión pública dice. De ahí que se pueda esperar un escenario óptimo, en el que el tipo de repercusión sea el que la sociedad exige: mejores procesos de formación de docentes.


® Derechos Reservados. Originalmente publicado en Vertigo Político (13 de enero de 2013). Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora y académica, es actualmente directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Email: sylvia.schmelkes@uia.mx

11 de enero de 2013

La reforma y los debates que faltan

Por Pedro Flores Crespo*
Ante la reforma educativa anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y las reacciones y debates que ha generado, quedó claro que el cambio educativo será más difícil de lo que se pensaba. Y lo será porque existe una marcada complejidad en las políticas incluidas de la reforma. Veamos el caso de la profesionalización docente. La reforma educativa propuesta por Peña Nieto propone modificar el artículo tercero constitucional para establecer, a nivel nacional, las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior.
Sin duda alguna, es un acierto del actual gobierno plantear un respaldo legal para un instrumento de política pública tan importante como el proceso de selección, ingreso y promoción de maestros. Modificar el marco jurídico de la política educativa es un paso necesario. Tratar de ofrecer educación de calidad con leyes creadas bajo el régimen autoritario y corporativo es una aberración. Sin embargo, aún faltan más debates que dar en este sentido. María de Ibarrola, investigadora educativa del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav), ya ha apuntado la necesidad de pensar cómo se van a conciliar y adaptar los múltiples ordenamientos legales que norman las condiciones de trabajo de los maestros a partir de haber elevado a rango constitucional los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Parece ser que los cambios legales tendrán que ocurrir más allá de la Constitución y de la LGE, ¿será el gobierno priísta lo suficientemente audaz para ir a fondo?
Sobre este punto, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado observó que la reforma propuesta por Peña Nieto es limitada, pues faltó incluir el tema de la “reordenación” de la relación laboral con el SNTE con el propósito de llevar al Apartado B de la Ley Federal de Trabajo la transparencia y rendición de cuentas (La Jornada, 19/12/12 nota de Becerril y Ballina). Si estos cambios ocurriesen, ¿escucharíamos un posicionamiento tan laudatorio como el que pronunció el profesor Juan Díaz, secretario general del SNTE, el 11 de diciembre? El profesor Díaz, a nombre del gremio, expresó su “reconocimiento al Presidente de la República” por haber salvaguardado los derechos de los trabajadores y “el compromiso” de promover la participación de todos los actores para lograr la reforma educativa. Parece ser entonces que la dirigencia sindical, ante la “reforma” educativa, no se siente tan excluida ni afectada en sus recursos de poder (plazas y cuotas). ¿Y las declaraciones envalentonadas que vimos de la maestra Elba Esther Gordillo en la prensa? Son pura comedia.
Pero regresando al punto sobre la ley, es importante decir que los marcos jurídicos son útiles para dar estabilidad a las políticas, como lo observó Pablo Latapí Sarre en su libro La SEP por Dentro (2004), pero también ahí, el destacado investigador confirmó que el avance de las políticas difiere notablemente aún cuando todas cuenten con un respaldo legal. En otras palabras, las leyes pueden “estructurar” las políticas (Sabatier) y otorgarles estabilidad, pero no son suficientes para imprimirles efectividad. Entonces, elevar a rango constitucional los concursos, no garantiza que efectivamente se asignen las plazas y que éstas sean para los más aptos. Actualmente, en algunos casos, no se ha respetado el orden de prelación y algunos profesores que han ganado el puesto por concurso, han recibido un interinato, no la plaza.
Un segundo aspecto que entorpece el avance educativo es la prevalencia de ciertas creencias y la sobre ideologización tanto como para defender la reforma como para cuestionarla. Es sintomático que en México se evada la argumentación y se recurra, en su lugar, a discursos comunes que poco ayudan a iluminar problemas como el de la falta de calidad educativa. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 del SNTE en Oaxaca, cuestiona la reforma porque piensa que la evaluación estandarizada responde a modelos extranjeros “donde se sitúa al tema educativo como un asunto cuantitativo” (La Jornada, 23/12/12 nota de Vélez y Pérez).
Por otra parte y en clara consonancia con algunos maestros disidentes, ciertos especialistas educativos creen que los “ganones” de la reforma son los empresarios pues asumen que los cambios propuestos por el gobierno priísta son una respuesta unívoca a las demandas de organizaciones pro empresariales como Mexicanos Primero. Esta postura, a mi juicio, es errónea. Primero, es muy difícil comprobar en una sociedad plural que un determinado grupo político puede, por sí solo, posicionar un determinado tema educativo. Segundo, si una organización influye en la conformación de la agenda educativa, bien haríamos los académicos en meditar qué ha hecho para lograrlo y tercero, suponer que una organización tiene la capacidad para definir la agenda educativa nacional es atribuirle más poder del que sus detractores desearían. Hasta donde recuerdo, la transparencia sindical, la rendición de cuentas, la evaluación, así como la necesidad de recuperar la rectoría del estado en materia educativa y la de contar con un mecanismo moderno de selección docente son temas que diversos actores han estudiado y posicionado desde antes de la creación de Mexicanos Primero.
En resumen, la reforma educativa de Peña Nieto busca cubrir vacíos que los distintos acuerdos políticos del pasado dejaron. Esto es positivo; no obstante, aun falta reflexionar sobre cómo el cambio en el marco jurídico —en caso de lograrse— podría imprimirle mayor efectividad a las políticas educativas. Esto implica, en consecuencia, erradicar el manejo clientelar que sigue haciendo el SNTE no sólo de las plazas, sino de todas las condiciones de trabajo de los maestros. Asimismo, es importante pensar de qué manera los actores no gubernamentales estamos dando en el blanco del problema con nuestras críticas y acciones.


* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.