28 de febrero de 2013

Elba Esther Gordillo enfrentaba creciente repudio en el SNTE

El 15 de Octubre del 2012 un grupo disidente del SNTE marchó desde la Ciudad de México con a Rosarito, Baja California con el objetivo de rescatar el gremio magisterial y la escuela pública e "impedir que Gordillo se perpetúe en el poder", según afirma su dirigente Artemio Ortiz Hurtado.
 
Antes de su detención por la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos, el repudio y las quejas contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo, ya eran muy frecuentes.
En Octubre del año pasado una corriente disidente de maestros del Sindicato arrancó una caravana nacional con el objetivo de rescatar el gremio magisterial y la escuela pública. 
La movilización partió del Zócalo capitalino con destino a Rosarito, Baja California, para romper el Sexto Congreso Nacional del SNTE, que se realizó del 18 al 21 del mismo mes. 
Al frente de la caravana está el llamado Comité Ejecutivo Nacional Democrático, dirigido por Artemio Ortiz Hurtado, ex secretario general de la sección 18 del Sindicato. 
"Vamos a impedir que Gordillo se perpetúe en el poder", lanzó Ortiz Hurtado durante el arranque de la movilización. 
La caravana, recorrió 3 mil kilómetros y cruzó varios estados, integrando a maestros de Michoacán, Jalisco, Sonora y Baja California. 
A este reclamo se sumaron las voces de organizaciones civiles y empresariales, especialistas y maestros disidentes que demandaronn al Presidente electo, Enrique Peña Nieto, no pactara con el SNTE la política educativa y transformar a fondo el sistema de la educación en México. 
"No funcionó el pacto entre la SEP y el SNTE, y la crítica es porque, objetivamente, no funcionó la Alianza por la Calidad de la Educación, pero al SNTE sí le permitió ganar recursos. 
"Los estímulos para los maestros fue lo primero que se puso en marcha (...) pero con eso no se elevó la calidad (educativa)", aseguró Pedro Flores, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. 
Tras el lanzamiento del documental "De Panzazo", de Mexicanos Primero, cerca de 200 mil personas demandaron aplicar la Evaluación Universal de maestros, que el SNTE propuso y luego rechazó bajo el argumento de que no había condiciones para su realización. 
La actualización de la nómina magisterial generó que esta misma organización lanzara una campaña para recolectar firmas y demandar a los poderes Legislativo y Ejecutivo federal dejar de pagar el salario de los maestros que, pese a cobrar como docentes, realizan actividades sindicales. 
La Campaña Fin al Abuso registró sólo al inicio 106 mil firmas, tras una estrategia dirigida a todo tipo de audiencias en la radio, a través de programas de entretenimiento como el de Marta Debayle y Facundo. 
Además, durante la campaña electoral, 200 organizaciones civiles se unieron para demandar a Peña Nieto derogar el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, eliminar la retención automática de cuotas sindicales y establecer la carrera docente con parámetros académicos y no sindicales. 
Mexicanos Primero planteó una agenda de transformación del sistema con dos metas y cuatro caminos, donde el primer requisito es recuperar, pero no transigir con el gremio magisterial, la autonomía del Estado en la política educativa, bajo el argumento de que el SNTE no fue electo por la ciudadanía. 
El Consejo Coordinador Empresarial, en su Agenda Única por México, demandó también al próximo Gobierno legislar para que los Gobiernos, federales y estatales, no sean retenedores de las cuotas sindicales; un padrón único de maestros, la bancarización del 100 por ciento de los maestros para el pago de nómina, la evaluación universal, obligatoria de todos los maestros y directivos, así como la certificación de docentes. 
El Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que preside Marinela Servitje, integrado por 40 organizaciones civiles, la SEP, el SNTE, especialistas y el sector empresarial, demandó la semana pasada cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación que firmó el Gobierno de Felipe Calderón con el SNTE en el 2008 para establecer, entre otros, el Concurso de Plazas Docentes y la Evaluación de maestros. 
El organismo señaló que hay temas de la Alianza que nunca debieron estar en el acuerdo firmado (con el SNTE), como el de infraestructura que no se debe negociar con el Sindicato y que deben estar en el plan sectorial. 
Para Jorge Javier Romero, vocero de la Coalición Ciudadana Muévete por la Educación, es necesario que el nuevo Gobierno recupere su papel rector en el tema de la educación. 
"Si hay cada vez un movimiento más fuerte de opinión pública, conformado por especialistas, investigadores y organizaciones sociales que están exigiendo que el Estado recupere la rectoría de la educación", señaló. 
A todos lo anterior, se agrega que la disidencia al interior del magisterio ha crecido; pues Gordillo no controla las secciones sindicales de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, la sección 9 del DF, y porciones del magisterio en Puebla, Zacatecas y Veracruz.

...Y preparan demandas 
En el sexto Congreso Nacional Extraordinario que se realizó del 18 al 20 de octubre en Rosario, Baja California, la lideresa Elba Esther Gordillo revisó las demandas económicas, laborales, prestaciones, el nuevo sistema de formación y actualización docente, las políticas de aprecio social al magisterio; así como las reformas al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. 
El tema de las demandas económicas de los trabajadores de la educación incluye analizar el salario profesional; las compensaciones, estímulos y prestaciones. 
En el pasado sexenio de Felipe Calderón, el gremio que encabezó Gordillo Morales, logró negociar incrementos salariales que suman 28.76 por ciento directo al salario y 8.6 por ciento en prestaciones. 
En este Congreso también analizaron la estrategia a seguir para la negociación salarial y lo que el SNTE llama "concurrencia estatal", equivalente a la doble negociación salarial que realizan las secciones sindicales una vez que concluye la negociación nacional con la SEP. 
El Congreso propondrá reformas al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo que data de 1946. 
Todo lo relacionado con la seguridad social, la vivienda y los fondos para el retiro, así como las jubilaciones, pensiones y el ahorro solidario de los trabajadores, también será revisado. 
En materia de política sindical, el gremio magisterial revisará lo que llama "carácter estratégico" de la estructura nacional y unitaria del SNTE; su relación con el Estado; sus políticas de comunicación y la formación de cuadros sindicales. 
También está planteado revisar la propuesta educativa que presentarán al próximo Gobierno, emanada del Quinto Congreso Nacional de Educación que concluyó en abril pasado y cuyas conclusiones nunca ha dado a conocer.

® Derechos Reservados. Originalmente publicado en Terra. Foto: Reuters.

22 de febrero de 2013

Proponen más acciones de fondo para abatir rezago educativo

El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Jorge Federico de la Vega Membrillo, consideró que la reforma educativa debe ser más que aplicar un examen de oposición a los maestros.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que tampoco debe signarse en responsabilizar al maestro de los problemas que hay en el sistema educativo nacional, porque ello no garantiza la calidad en ese sector.
En la presentación del libro “Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología y Competitividad”, que presentaron investigadores en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado aseveró que la reforma educativa requiere acompañarse de acciones de fondo.
Se deben, expresó, mejorar las estrategias pedagógicas, los planes de estudio, la capacitación de los profesores, así como emitir las leyes reglamentarias.
En un comunicado, el legislador explicó que éstas serían las leyes General de Educación, que normará al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y las de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Además de “otras legislaciones que puedan ser alcanzadas por la reforma educativa”, y también el Artículo 123 de la Carta Magna que consagra los derechos de los trabajadores”.
“Tenemos trabajo por delante, ya está elaborada la reforma a los artículos constitucionales mencionados y falta darle contenido con las leyes secundarias”, aseveró con respecto a la reforma educativa.
Al escuchar las opiniones de académicos, De la Vega externó que “no deja de ser impactante cuando parte de nuestra realidad se nos muestra en cifras, una sociedad como la nuestra donde cada vez más se polariza la pobreza y la riqueza y afecta especialmente a los niños y los jóvenes”.
“Estos diagnósticos deben ponernos en alerta e ir acompañados por acciones alternativas”, mencionó.
A su vez, la secretaria de la Comisión y diputada del PRI, Dulce María Muñiz Martínez, destacó que después de la reforma educativa se requieren elaborar las leyes reglamentarias para lograr un cambio integral al sistema educativo nacional.
En su oportunidad, la investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Carlota Guzmán Gómez, opinó que el texto aporta una visión amplia al debate actual para atender los problemas integrales de la educación.
Es relevante la publicación en lo social y económico, y la virtud de la obra es que no sólo se queda en el análisis, sino hace propuestas, destacó.
Si bien hay problemas que atender, también hay avances, no estamos igual que hace 30 años en los niveles de escolaridad, porque éstos han aumentado, “se ve a la educación como un horizonte de proyecto personal y familiar”, añadió la experta.
Es un hecho que existe desigualdad de oportunidades de los que pueden ingresar al sistema educativo y debe haber posibilidades de permanecer en él y egresar con carrera universitaria con oportunidades de trabajo, expuso.
No puede excluirse a casi siete millones de jóvenes conocidos como “ninis”, que no tienen oportunidad de estudiar ni acceso al trabajo, aseveró.
Se ha satanizado al maestro como el problema central de la falta de calidad educativa, sin embargo, todos los males no se le pueden fincar, remarcó.
Falta ampliar, dijo, la cobertura a nivel superior que hoy es sólo de 30 por ciento, y aseveró que una reforma no puede recaer en la evaluación ni en el maestro, sino en el sistema educativo en su conjunto: formas de enseñanza, modalidades pedagógicas, infraestructura y organización escolar.
Al hacer uso de la palabra, la académica de la Universidad Iberoamericana, Marisol Silva Laya, reveló que a 30 millones de mexicanos no se les ha respetado su derecho a la educación.
“Están excluidos del sistema, por ello la importancia de revertir la desigualdad social y económica, así como las políticas públicas para darles acceso”. Habría que dar seguimiento a la forma que se distribuyen los recursos en el sector educativo, abundó.
En su oportunidad, el catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, José Luis Calva, habló sobre la importancia de destinar mayor presupuesto a la educación, ciencia, investigación, tecnología e innovación tecnológica.
Se ha demostrado que “lo mejor para construir el futuro de las naciones y cerrar la brecha entre países desarrollados y pobres, y mejorar el ingreso nacional por habitante para que las personas tengan una mejor calidad de vida, es invertir en ciencia, tecnología e innovación”.
Debe garantizarse la inclusión de los niños y los jóvenes al sistema educativo, desde preescolar hasta el nivel universitario. Se necesita revertir la desigualdad educativa, social y económica, se trata de una tarea impostergable, puntualizó.

® Derechos Reservados. Fuente: Notimex

CCH: atrapados en el propio juego

Por Pedro Flores Crespo*
La violenta toma de las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades en plena Ciudad Universitaria el pasado 6 de febrero inquieta y preocupa. Si en un espacio orientado a cultivar la inteligencia y la razón hay violencia, ¿qué podemos esperar en otros terrenos sociales? Algo parece que se está descuadrando en el sector universitario de la capital mexicana.
Sobre el conflicto del CCH, hay por lo menos tres puntos que valdría la pena discutir. El primero es la recurrencia a que decisiones formuladas por distintos órganos colegiados, se entorpezcan por la iracundia de un grupo. Según Armando Alcántara, las propuestas de actualización del plan y programas de estudio del CCH fueron aprobados por el Consejo Técnico del Colegio en mayo del año pasado. Asimismo, en la Presentación del Plan General de Desarrollo 2010-2014 se dice que el documento está puesto a consideración con el fin de recibir “comentarios y proposiciones”. La directora general de los CCH también expresó que el Plan contiene propuestas que hizo ante la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México cuando deseaba ser elegida para el puesto y además, incorporó “reflexiones formuladas por diversos actores” a lo largo de su gestión.
Por si esto no bastara, se instaló una Comisión Especial Examinadora abocada a revisar la propuesta de actualización curricular. Esta comisión, según Roberto Rodríguez, estuvo conformada por profesores, representantes de las cinco áreas académicas del CCH y miembros del Consejo Técnico el cual —vale la pena recordarlo— está integrado por 57 miembros de la comunidad ceceachera, incluyendo estudiantes.
Si el origen del conflicto reside mayoritariamente en las iniciativas de cambio curricular; habrá que preguntarse si las decisiones colegiadas en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están siendo procesadas correctamente para poder aminorar las posibilidades del conflicto. ¿Es un problema de representación universitaria, como sugieren algunos jóvenes? ¿Es legítimo posponer iniciativas formuladas por mecanismos institucionales y colectivos ante la violencia de un grupo?
El segundo punto a discutir es: con base en qué información los inconformes cuestionan y rechazan tajantemente los diversos puntos de la actualización curricular del CCH. En el Informe sobre la Gestión Directiva 2011-2012 del CCH aparecen datos que muestran claramente las fortalezas y limitaciones de este modelo de bachillerato. Por ejemplo, durante el primer año de la generación 2012, los índices de acreditación en asignaturas como inglés, computación, lectura e investigación documental son más altos que en las áreas de matemáticas y química. Si esto es verdad, ¿qué problema hay con que se instaure el inglés en los tres años? ¿La “lucha” entonces se volvió, una vez más, ideológica?
Un dato adicional que llama la atención del Informe es que hubo un aumento de 22 por ciento en el número de jóvenes que abandonaron el CCH del ciclo 2010-2011 al 2011-2012 y lo más interesante es que el plantel Naucalpan —lugar que dio origen a otra de las vertientes del actual conflicto—, concentra el porcentaje más bajo de excluidos (3.6 por ciento). Esto contrasta con el caso de Azcapotzalco que aglutina al 41 por ciento de jóvenes que se vieron forzados a abandonar sus estudios. Las principales razones del abandono escolar revelan tanto factores económicos como personales, específicamente, enfermedad y embarazos no planeados. La falta de salud de algunos jóvenes ceceacheros quizás impulsó propuestas que ahora son rechazadas.
El tercero y último punto que hay que analizar detenidamente será la posición que asumirá el rector de la UNAM, José Narro Robles ante el conflicto del CCH. En el sexenio pasado, Narro mostró un abierto desacuerdo con las iniciativas de reforma a la educación media superior propuestas por el gobierno federal de extracción panista. “Nosotros tenemos la tradición”, expresó Narro cuando se opuso a que la institución que representa formara parte de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). La RIEMS, dijo, intentaba “homologar” el bachillerato nacional (La Jornada, 09/12/09 nota de Olivares). La oposición de Narro a los cambios en el bachillerato de México puede ahora funcionar como un “boomerang” en su contra al tratar de desactivar el conflicto. ¿Cómo podrá el rector persuadir a los inconformes de que los cambios en el CCH son necesarios cuando él apeló a la tradición? ¿Cómo explicar que el programa de tutorías es necesario si eso mismo incluía la RIEMS que fue rechazada por el rector?
¿Qué sigue ahora que el Partido Revolucionario Institucional está de regreso en la presidencia de la República y el conflicto del CCH irrumpió “como rayo en cielo sereno” – para usar la metáfora de Roberto Rodríguez? En días pasados, maestros, académicos e investigadores de la UNAM (algunos indiscutiblemente democráticos y de izquierda) le han pedido al rector Narro que se “respeten” las expulsiones de los estudiantes que causaron disturbios en el CCH Naucalpan y que no se “transija” con la ley para desactivar el conflicto.
Espero —como ex ceceachero y ciudadano— que este nuevo conflicto en la vida universitaria de la Ciudad de México se procese correctamente y se evite negociar impunidad, como ha ocurrido en otros casos.
* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio. Foto: CNN 

15 de febrero de 2013

Padres niños

Por Pedro Flores Crespo*
No conformes con interferir la carrera profesional de los maestros de México, ahora los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desean llevar agua a su molino haciendo que los padres de familia rechacen la reforma educativa. La pregunta es si los padres de familia nos dejaremos influir por este grupo político o seremos capaces de desarrollar una posición independiente sobre los recientes cambios en materia educativa.
Los dirigentes sindicales hasta dan números. Buscarán la firma de “por lo menos” cinco millones de padres, de “ciudadanos informados” que simpaticen con el docente y quieran darle su apoyo (La Jornada, 08/02/13 nota de Poy). Aunque lo digan, los dirigentes magisteriales no pretenden “informar” a la sociedad, sino enmascarar puntos de la reforma para generar temores e incertidumbres, las cuales forman parte de un rico caldo de cultivo para la alharaca y la presión política. ¿Nos dejaremos engañar los padres de familia por el SNTE? Pues en algunos estados de la república, parece que esta organización sindical está ganando terreno. “Padres de familia del Jardín de Niños “María Edmee Álvarez” manifestaron su apoyo a las acciones que realiza el SNTE en defensa de la educación pública de calidad y mostraron su inconformidad por los cambios realizados a los artículos 3 y 73 de la Constitución, por considerar que existen riesgos de una posible privatización de las instituciones educativas” (www.snte.org.mx)
En la defensa de los privilegios —ahora llamada Jornada Nacional por la Educación Pública— aparecen los calificativos de siempre (privatizador, neoliberal). No importan los argumentos sobre las distintas estrategias para elevar la calidad educativa del país; la popularidad se gana poniendo adjetivos impopulares.
¿Cómo consolidar la democracia cuando los adultos, en este caso los padres de familia, son considerados por la burocracia magisterial como infantes? El uso que quieren hacer los dirigentes del SNTE de una figura como la del tutor refleja un menosprecio de la capacidad de las personas para pensar por sí mismas y actuar de manera autónoma e independiente. ¿Es ésta su filosofía y práctica educativa? Querer pastorear a los padres de familia ha sido uno de los objetivos recurrentes de la burocracia sindical en los últimos años. ¿Acaso no recuerda Usted las famosas Guías de Padres que la dirigente sindical quiso distribuir en las escuelas con el apoyo de la “pareja presidencial”? ¿Y qué hay de los encuentros nacionales que desde 2003 la dirigencia sindical organiza en conjunto con las asociaciones de padres de familia? Si el conjunto de todos estos esfuerzos hubieran fortalecido la participación social, no tendríamos los saldos tan negativos en la materia (ver mis artículos en Campus 494, 495, 496).
Pero si el SNTE menosprecia la individualidad de las personas, la disidencia magisterial no se queda atrás. Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE expresó que era necesario involucrar a los padres de familia en su planteamiento de “desobediencia civil” contra la reforma educativa por ser “injusta”. Además, según Ortiz, pedirá a los tutores de los niños una copia de su credencial de elector y su firma para poder ampararse contra las recientes acciones propuestas por el gobierno y aprobadas por los cuerpos legislativos federales y estatales (La Jornada, 04/02/13 nota de Avilés).
El discurso que han construido los oponentes a la reforma educativa es que la autonomía escolar propuesta derivaría en una privatización de la escuela porque se permitirá a los particulares intervenir en ella. Si esto es cierto, la dirigencia sindical tendrá que explicar públicamente tres cosas. Primero, qué entiende por educación pública, segundo, quiénes han sido históricamente los únicos intermediarios entre la autoridad educativa y los establecimientos escolares y tercero, si el gobierno quisiera retraerse de su función de proveer condiciones de estudios suficientes para los niños, son los ciudadanos independientes quienes podrían denunciar de mejor manera el incumplimiento gubernamental. El SNTE, por sus ligas con el poder, no se ha caracterizado por denunciar puntual y sistemáticamente las malas condiciones escolares, pese a que sus líderes se desgañiten en público y jueguen con el sentimiento popular.
Ante la mascarada de los líderes sindicales, me parece que tendría que haber una política de comunicación gubernamental que pudiese contrarrestar las mentiras de los “poderes fácticos” cuyos recursos de persuasión están bien articulados y son efectivos. ¿Cuántas iniciativas orientadas al bien público no han sido frenadas con tergiversaciones del SNTE? Habrá que comprender cómo se comunican jefes de sección, supervisores, maestros y directores y sobre todo, qué tipo de relación establecen los miembros de las asociaciones de padres de familia con los líderes sindicales. Es con individuos independientes y autónomos como se construyen las democracias modernas y en ellas, el padre niño no tiene cabida a menos que sigan existiendo burocracias como las del SNTE y sus apéndices.

* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio. Foto: El Informador

12 de febrero de 2013

Sobrecalificación amenaza a tres de cada cuatro egresados universitarios

Además del problema del desempleo, la falta de oportunidades en México deriva en una cada vez mayor cantidad de egresados con estudios superiores que se conforman con plazas para cuyas tareas están sobrecalificados, señaló el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, prestigiado investigador de la Universidad Iberoamericana y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía.

Así, mientras que en la década de los sesenta, por cada egresado universitario en México existían tres ofertas de empleo, esto cambiaría radicalmente a partir de los años noventa, pues desde entonces sólo hay un empleo de nivel profesional disponible (incluyendo reemplazos por defunciones y retiros) por cada cuatro egresados, señaló el académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Ibero.

Para el experto, la sobrecalificación profesional se trata realmente de un problema estructural, originado por una estrategia de crecimiento económico que se basa en la cada vez más creciente adopción de tecnologías ahorradoras de mano de obra, únicas capaces de permitir que las empresas compitan en el mercado globalizado.
“Actualmente, los empleos que buscan los egresados de la enseñanza superior exigen crecientes dosis de creatividad y de otras competencias complejas (necesarias para planear, dirigir, diseñar o desarrollar nuevos productos y procesos productivos), por lo que las ocupaciones de naturaleza rutinaria están desapareciendo gradualmente”, dijo el experto de la Ibero, institución cuyos egresados (más de 70 por ciento) ya laboran en su campo al concluir los estudios.
“Los economistas neoliberales han propuesto solucionar este problema aplicando la estrategia de contraer el crecimiento de la enseñanza superior e impulsar las carreras técnicas, que requieren una menor calificación. Sin embargo, no sólo los jóvenes que tienen la posibilidad de cursar una carrera profesional, sino aun aquellos que no las tienen, no están muy dispuestos a cursar una carrera de otra índole. Por esta razón, las carreras técnicas no han crecido al ritmo que esperaban las autoridades educativas”, comentó.
Para Muñoz Izquierdo, la única alternativa para frenar la sobrecalificación profesional en México es la aceleración del crecimiento económico, pues de lo contrario la insuficiente demanda laboral seguirá siendo incapaz de absorber a los egresados de la enseñanza superior.
El caso de la Ibero
Con 35 programas de posgrado, divididos en 23 programas de maestría, 10 de doctorado y dos especialidades, que forman profesionistas, científicos y humanistas del más alto nivel, la Universidad Iberoamericana registró un notable incremento de 52 por ciento en el número de nuevos estudiantes de posgrado inscritos en el periodo de Primavera 2013, comparado con el semestre pasado. A su vez, al concluir sus estudios de licenciatura, 75 por ciento de los alumnos de la Ibero ya trabajan en su campo, mientras que el resto encuentra empleo en los siguientes cinco meses, según un estudio de salida de esta casa de estudios.
Al respecto de la problemática que supone la sobrecalificación, el doctor José Francisco López Ruiz, director de Posgrados de la Ibero, destacó que los programas de esta universidad brindan a sus estudiantes las herramientas necesarias para incorporarse al campo laboral sin contratiempos.
Y es que además de su carácter interdisciplinario (visible en programas como la Maestría en Desarrollo Urbano, que conjunta arquitectos, urbanistas, sociólogos y antropólogos), otra fortaleza de los posgrados de la Ibero es su “contacto con la realidad, pues un problema grave de las universidades es que su programas tienden a cambiar menos rápido de lo que cambia la sociedad (…) y los académicos tienden a ser más conservadores que la gente que trabaja directamente en el medio”.
Así, los posgrados de la Ibero mantienen una armonía entre la teoría y la práctica, como en el caso de la Maestría en Estudios de Arte, en la que los alumnos organizan completamente una exposición artística con asesoría de expertos en trámites, costos, museografía, permisos, etcétera. De esta manera, los egresados salen de la Universidad con experiencia práctica aplicable a la realidad, lo que les garantiza poseer competencia laboral, apuntó López Ruiz.
En la Ibero, añadió el académico, se enseña a los estudiantes a ser los propios promotores de su trabajo y no limitarse a ser contratados por una empresa, sino que se les prepara con las herramientas para fundar su propia firma o proyecto personal, lo que abre mucho el panorama de posibilidades laborales en el campo de estudios de cada egresado.

Fuente: Sala de Prensa/IberoCarlos Muñoz Izquierdo es Licenciado en Economía por el ITAM y doctor honoris causa por  la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito y fundador del INIDE de la UIA.

Reforma no alcanza para cambiar la educación

José Juan Reyes/El Economista*

Los especialistas Miguel Székely y Sylvia Schmelkes advirtieron que la reforma educativa corre el riesgo de no prosperar en su intención de mejorar la calidad en la instrucción, sino hay leyes reglamentarias claras y con metas establecidas en el corto plazo que vayan más allá del ámbito administrativo.
En opinión de la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, en la actualidad, la reforma educativa tiene un nivel de generalidad y en caso de mantenerse -aun con las leyes reglamentarias- se podría considerar una medida débil.
Consideró que la evaluación para los profesores no se debe limitar a una sola evaluación, sino que deben existir al menos otras dos; incluso que se pueden tomar decisiones de fortalecimiento, sin dejar de lado consecuencias hasta laborales.
Para el Director del Instituto de Innovación para la Educación del ITESM, el cambio en la educación no se alcanzará con la reforma constitucional, pues hay dos antecedentes similares que no han prosperado; por ejemplo, la obligatoriedad de la educación preescolar -establecida en el 2000-, “se hicieron las leyes reglamentarias y en ellas iba un artículo transitorio diciendo que ese derecho se haría vigente dependiendo del presupuesto y hoy no hay un preescolar universal”.
El otro antecedente se refiere a la reforma para hacer obligatorio el bachillerato, “tiene el mismo patrón, pero se incluyó un artículo que establecía que la obligatoriedad se haría hasta el 2021”.
Sylvia Schmelkes consideró que hasta el momento la reforma constitucional es una modificación administrativa, pues aún no está acompañada de una reforma pedagógica y formación de docentes. “Ahorita tenemos lo administrativo que quiere regular el ingreso, formación y permanencia de los docentes. (...) Estamos preocupados de cómo algunas leyes van a precisar la intención de la reforma con bastante claridad.
“La preocupación que tiene de lado de los académicos es que es difícil que los docentes sean evaluados a partir de una prueba estandarizada; los docentes tienen que ser evaluados a través de su práctica, porque lo que modifica la educación es lo que pasa en las aulas. Una evaluación solita no tiene sentido si no va a acompañada de un proceso de formación continua.
“Si la reglamentación no logra reconocer lo que el sistema educativo nos dice y sobre todo comprometerse con formación de docentes, podremos considerar que quedamos con la reforma educativa administrativo-política bastante débil”.
Miguel Székely, por su parte, aseguró que la reforma tiene que definir tres aspectos: contenido, tiempo y presupuesto. En el primer caso, se encuentran los parámetros para evaluar y que no sólo se tomen en cuentan aspectos como puntualidad, asistencia y antigüedad.
El segundo aspecto se refiere a la temporalidad en que se harán vigentes las leyes y que se tenga un efecto en la realidad. En el último aspecto, agregó, es la necesidad de contar con la economía suficiente para pagar los retiros de los docentes que se retirarán después de que no hayan aprobado las evaluaciones.
EL DATO
El vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, destacó que en breve se tendrá que concretar la Ley Reglamentaria a la Reforma Constitucional en materia educativa, compromiso signado en el Pacto por México.
El Diputado federal abundó que los legisladores tienen seis meses, a partir de la aprobación a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, para expedir esa ley, como está estipulado en la propia reforma educativa.


® Derechos Reservados. Originalmente publicado en El Economista

11 de febrero de 2013

¿Sirve de algo el Conacyt?

Por Pedro Flores Crespo*
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) empezó sus operaciones en 1971 con el propósito de estimular y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para el ciudadano común este objetivo puede sonar muy abstracto; por ello en esta entrega he querido narrar una experiencia sobre el papel que esta agencia pública ha desempeñado en mi carrera académica.
No es exagerado si digo que el Conacyt, a través de su programa de becas de posgrado al extranjero, permite una movilidad social para aquellos jóvenes que sin el apoyo financiero del Consejo hubiera sido imposible viajar fuera del país para cursar una maestría o un doctorado. En York, Inglaterra, por ejemplo, observaba que había dos grupos de mexicanos. Uno que provenía de instituciones de educación superior privadas – en su mayoría, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) – y otro cuyas credenciales académicas eran respaldadas por alguna universidad pública del país. Todos los que nos formamos en las escuelas públicas, recibíamos religiosamente el financiamiento de Conacyt mientras que muchos compañeros del otro segmento, costeaban sus estudios con los ahorros que habían acumulado durante su corta vida laboral, con el apoyo familiar o con el grant de instituciones como el Consejo Británico.
Fue también muy interesante observar que la comunidad de mexicanos en York era la más extensa (y diversa) del grupo de latinoamericanos y en esto – intuía -, algo tenía que ver Conacyt. A pesar de que países como Chile contaban con un organismo similar a nuestro Consejo, el número de compañeros de ese país era más reducido que el de mexicanos y su conformación social más homogénea. Los latinoamericanos que estudiaban conmigo provenían, por sus historias y estilos de vida, de la élite económica e intelectual de ese país. Hasta donde sé, no hay un estudio sistemático que muestre cómo el Conacyt, desde sus inicios, ha impulsado movilidad social de académicos en comparación con sus contrapartes latinoamericanas. Quizás aquí habría un indicador de desarrollo científico generalmente obviado.
Pero no todo es miel sobre hojuelas con el desempeño de Conacyt. A lo largo de mis estudios de posgrado (1997-2002) tuve dos sobresaltos que ahora comento con el deseo de que no se repitan en las nuevas generaciones de becarios. La primera sorpresa fue cuando vine a hacer trabajo de campo a México en el año 2000. Haleh Afshar, mi supervisora, me sugirió que como iba a apartarme de la universidad por unos meses, pidiera reducción en la cuota que Conacyt le iba a pagar a la Universidad de York. Así lo hice y la respuesta que recibí me dejó boquiabierto. “Si vas a estar en México por un tiempo te vamos a bajar la beca porque no es justo que tú ganes más que un becario nacional”. Esta fue la respuesta de una funcionaria de Conacyt a mi petición. Reponiéndome de la sorpresa, dije que en primer lugar yo había concursado para obtener una beca al extranjero y eso implicaba una determinada cantidad que estaba estipulada en un pagaré. Segundo, traté de hacerle ver a la funcionaria que el estudio que haría tomaba como caso de estudio a México y que eso era más relevante que tener la beca completa y viajar a Tombuctú a estudiar la función social de las universidades tecnológicas. No la convencí y tuve que adelantar mi vuelo de regreso a Inglaterra.
La segunda sorpresa con las reglas improvisadas de Conacyt la tuve cuando terminé mis estudios de posgrado y regresé a México gracias al fondo de repatriación que administra el Consejo pero sobre todo, a la generosidad de amigos, familiares y maestros como Salvador Ruiz de Chávez, Pablo Latapí Sarre y Carlos Muñoz Izquierdo. Apenas me estaba acomodando en mi cubículo de la Universidad Iberoamericana cuando recibí un correo electrónico de un trabajador del Consejo que, de manera amable, me invitaba a regresar una fuerte cantidad de dinero de la beca porque “Usted se tituló en julio y estuvo becado hasta septiembre”. Hubiera estado más contento si alguien me escribe diciéndome que el Conacyt sabía que había terminado mis estudios a tiempo; la morosidad e incumplimiento de otros becarios del Consejo no es menor. Sin embargo, la “gentil petición” la arreglé volviendo a argumentar que yo tenía un pagaré firmado por una cantidad y que había cumplido en tiempo los requisitos que marcaba el Consejo. Además, le expresé también a ese funcionario que nunca leí una cláusula que dijera: “por ningún motivo usted puede terminar su doctorado antes; en caso de hacerlo, regresará el remanente de la beca”.
Pero la burocracia siempre deja sinsabores que, en mi caso, han sido mínimos en comparación con las posibilidades de apoyo del Conacyt. En 2008, por ejemplo, solicité fondos para desarrollar la línea de investigación sobre Análisis de Política Pública en Educación (APPE) y al obtener los recursos, pude ir conformando un campo de estudio que ha generado diversos frutos tales como una constante interlocución con académicos nacionales e internacionales. Asimismo, ese tipo de proyectos me han permitido apoyar la formación de jóvenes con aspiraciones académicas que ahora, gracias también al Conacyt, cursan sus estudios de posgrado en el extranjero. La transmisión intergeneracional de ese misterio que es la vocación fue posible gracias a los esquemas de desarrollo científico del Consejo.
Y cuando el medio académico internacional me volvió a atraer, el Conacyt respaldó mi solicitud de beca para realizar una estancia sabática y así volver a Inglaterra para estudiar cómo podían las políticas educativas ser más efectivas. Con ello, viví uno de los periodos más tranquilos, felices y productivos de mi vida académica. Dice Amartya Sen que los individuos vivimos y actuamos en un mundo de instituciones y que nuestras oportunidades de desarrollo dependen de la existencia de éstas y de su funcionamiento. La experiencia narrada aquí corrobora plenamente las observaciones de Sen, un especialista en bienestar.

* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

7 de febrero de 2013

Espiral - Educación reformada


Canal Once profundiza en el análisis de las políticas públicas en México –su diseño, instrumentación y resultados– mediante el estreno del programa Espiral, basado en el intercambio respetuoso de puntos de vista entre los responsables del diseño de dichas políticas y los representantes de los sectores donde éstas impactan, con lo cual se ofrece al televidente un panorama rico en puntos de vista desde diferentes ópticas.

En la edición del 6 de Febrero de 2013, dedicado al tema de la reforma educativa, participó  la investigadora y la directora del INIDE (Ibero), Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle. 



® XEIPN Canal Once, Instituto Politécnico Nacional. Todos los derechos reservados. Originalmente transmitido el 6/02/2013. 
Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora y académica, es actualmente directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Email: sylvia.schmelkes@uia.mx

¿Del ogro filantrópico al pedagogo democrático? La participación ciudadana en la escuela (tercera y última parte)

Por Pedro Flores-Crespo*
El informe sobre Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró con apoyo de un grupo de especialistas, no deja lugar a dudas: En México, la participación social (PS) en la escuela no está consolidada y a medida que se rebasa la fase de instalación del consejo, los retos son mayúsculos. No han bastado 20 años - tiempo en que la PS ha estado respaldada por la Ley - para saber cómo realizar una planeación efectiva del trabajo de esos consejos, ni hemos hallado las formas para vincularlos con las comunidades, ya no se diga hacer un seguimiento de su desempeño. De los 188 mil CEPS instalados a nivel nacional, sólo 0.3 por ciento (564) son capaces de elaborar un informe “básico” de transparencia, el cual debe contener al menos cinco datos diferentes su desempeño.
Con este escenario, ¿qué esperar de la sociedad y del gobierno? ¿Propondrá la actual administración federal algo realmente original en el programa nacional de educación para desplegar las capacidades democráticas que requieren las comunidades escolares? ¿Cómo podremos los mexicanos convertirnos en verdaderos ciudadanos? ¿Será suficiente conceder autonomía a las escuelas para impulsar la participación social, tal como lo señala la Reforma? Estas dudas se irán despejando poco a poco, ahora lo importante es que los datos generados por la SEP sobre participación social en la escuela se difundan y comenten para poder plantear nuevas hipótesis e imaginar estrategias y acciones más efectivas para derruir la feliz guarida del ogro filantrópico. Es precisamente con el ánimo de abrir la discusión, que en esta tercera y última entrega quisiera resaltar tres puntos del valioso informe sobre los indicadores de PS.
Al revisar el Informe lo primero que llama la atención es la alta variabilidad en el número de consejos de acuerdo con la fuente de información consultada. Del 2000 al 2008, las entidades federativas reportaron a la SEP cierto número de consejos, pero a partir del ciclo escolar 2008-2009, la Secretaría utilizó un registro electrónico, el RENACE (Registro Nacional de Consejos Escolares). Al hacerlo, es notable la abrupta caída en el número de consejos, de tal manera que si en el ciclo escolar 2007-2008 se tenían casi 136 mil CEPS, para el siguiente ciclo el número fue de 75,880. Esto representó una disminución de casi 45 por ciento en el número de consejos escolares existentes. Para el ciclo escolar 2010-2011 se utilizó el “sistema estadístico” de la Secretaría Técnica del Conapase el cual se construyó con base en otro registro, el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE). Usando esta fuente de información el incremento de consejos escolares del ciclo escolar 2009-2010 al 2010-2011 es de 120 por ciento. Las variaciones en el número de CEPS por fuente consultada hacen pensar que aquí, como en otras áreas de la administración pública, recabar información válida es complicado. Esperamos que la SEP siga trabajando para ofrecer información confiable y poder así configurar una mejor política de participación social en la escuela.
Otro punto valioso del reporte, como ya lo había comentado, fue insertar los indicadores en un ciclo funcional conformado por cuatro etapas (conformación, gestión, evaluación y transparencia y rendición de cuentas). Con ello, la interpretación del fenómeno de la participación social es más apropiada y permite mejores juicios. Por esto mismo, sería ideal que el cálculo de los indicadores se realice constantemente y no sólo para un ciclo escolar (2011-2012). La perspectiva diacrónica puede permitir una visión más precisa de los retos que como sociedad y gobierno enfrentamos en términos de participación ciudadana.
El tercero y último punto a comentar del reporte de la SEP es que muestra una gran heterogeneidad a nivel estatal en términos de participación social. Mientras en Coahuila 90 de cada 100 escuelas cuentan con un CEPS, no se registra ni un consejo con “planeación efectiva” ni tampoco con vinculación municipal. Un caso paradigmático parece ser el estado de Tabasco en donde la tasa de cobertura de CEPS es la más alta del país (96%) y no sólo eso, el porcentaje de consejos con planeación efectiva rebasa en 25 puntos porcentuales el promedio nacional para ubicarse en 38 por ciento. Morelos es otro caso a estudiar pues aunque tiene una tasa de cobertura de CEPS relativamente baja (58%), registra una tasa alta de consejos con planeación efectiva (41%) cuando el promedio nacional es de 14 por ciento. Además, en esta entidad la participación social en la escuela parece no menguar a medida que pasa el tiempo. Del total de los CEPS registrados, 74 por ciento realiza las sesiones reglamentarias. ¿Es esto reflejo de un genuino interés por transformar las condiciones de la escuela o existe un mecanismo burocrático de coerción? ¿Está relacionado el buen desempeño de la PS en Morelos con el rendimiento escolar de los niños? Un trabajo de investigación más profundo se requiere para poder dar respuesta a este tipo de cuestionamientos.
La participación social no tiene por qué ser vista sólo como una cuestión orientada al mejoramiento de la gestión escolar, sino también hacia la ampliación de capacidades democráticas. Aprender, desde el ámbito de la escuela, a reflexionar sobre las condiciones de estudio, cuestionar, proponer, entender la posición del otro, rectificar y actuar con responsabilidad nos puede ayudar a enfrentar al ogro filantrópico y comenzar así la construcción del educador, del pedagogo democrático que reside, en primera y última instancia, en cada uno de nosotros.


* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

5 de febrero de 2013

"Transmitir conocimientos ya no tiene sentido": Especialistas

Por Hector Rojas*
En la era digital, transmitir conocimientos ya no tiene sentido, aseguró la investigadora de la Universidad Iberoamericana (UIA), Sylvia Schmelkes, de manera que la labor del maestro ahora se hace más compleja, pues su tarea tiene que ver con una selección fina de contenidos así como con entusiasmar a sus alumnos con el aprendizaje a lo largo de la vida.
El conocimiento, al estar almacenado en la Internet y tener acceso a él en cualquier parte, hace que se democratice el saber; por ello, en los docentes está la oportunidad de transformar un entorno adverso, al guiar a los alumnos como promotores del cambio, agregó Schmelkes en la mesa de análisis y cierre del Encuentro Internacional de Educación.
“El conocimiento es lo que nos permite conocer el mundo y al mismo tiempo construir nuevos saberes”, afirmó la académica de la UIA. Agregó que en esta era digital si bien el conocimiento se construye con mayor celeridad, también caduca más rápido.
Por lo anterior, constituye un reto ético el diseño de un currículo, por ejemplo, los saberes con respecto al ADN, tardaron 20 años en incluirse en la educación básica de México.
En este contexto, los valores de convivencia deben ser fundamentales para incluir la justicia y la equidad como fundamento del sistema educativo, así como la reflexión individual y colectiva entre los alumnos, compartió Schmelkes.
En su oportunidad, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Claudia Santizo, acotó que los maestros desempeñan tres funciones básicas en el sistema educativo:
1) Su participación en el consejo técnico, donde los educadores de nuestro país se reúnen una vez al mes para resolver problemas de la escuela.
2) Su rol de maestro frente a grupo.
3) Su colaboración con los padres de familia, el cual debe ser más activo al contemplar que la escolaridad de los padres influye en la potencialidad de aprendizaje de los alumnos.
En las escuelas particulares, por ejemplo, la escolaridad promedio de los padres de familia es de nueve años, en contraste la escolaridad de las escuelas rurales, que es de cuatro años de escolaridad, señaló Santizo.
La académica resaltó la diferencia en la inversión por alumno; en las escuelas particulares, por ejemplo se invierten 5 mil dólares por año, mientras en las escuelas públicas de México, la inversión es poco mayor a mil dólares por año, en contraste con las escuelas estadounidenses que invierten 10 mil dólares por alumno al año.
En esta mesa de análisis, el escritor Pablo Boullosa consideró que el dinero implicado en la educación, a veces constituye parte del problema, en lugar de ser parte de las soluciones a los retos educativos.
En su intervención, Boullosa, destacó tres dimensiones fundamentales del ser docente: La primera, la espiritual, por lo que comparó a los docentes con los sacerdotes, pues los procesos educativos emanan de una búsqueda de la verdad para que el hombre acceda a la eternidad.
En este sentido, a pesar de la laicidad en la educación, consideró a los maestros como “profesionales de la esperanza”, pues su trabajo se basa en la fe a que la realidad pueda mejorar.
En una segunda dimensión, el director del proyecto sigoaprendiendo.org, planteó como sustancial la dimensión “emocional”, por lo cual comparó a los maestros con artistas, en especial, con los poetas, pues es el entusiasmo de los maestros lo que puede generar los enigmas de aprendizaje, y despertar en los alumnos el hambre por el conocimiento.
Además, los maestros como los poetas se asemejan en el sentido que su trabajo “es poco reconocido y esta mal pagado”, dijo en tono irónico Boullosa.
Finalmente, el conductor del programa “La Dichosa Palabra” destacó la dimensión científica, pues los maestros deberían implicarse en los procesos científicos que le atañen a los procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje. Estas tres dimensiones no se contraponen, más bien, se soportan unas a las otras, concluyó Boullosa.
Los tres especialistas participaron en el segundo y último día de actividades del Encuentro Internacional de Educación organizado por Fundación Telefónica, Educación a Debate, la UNAM y Alianzas Educativas.

* Derechos Reservados. Originalmente publicado en Educación a Debate.
Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México) Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA.