20 de marzo de 2013

La reforma educativa se quedó en el plano laboral: Pedro Flores Crespo

La Reforma Educativa se ha quedado en el plano laboral al sólo contemplar cuestiones relacionadas con las prestaciones y evaluaciones de maestros, en vez de analizar a fondo las posibilidades para mejorar la calidad de los programas académicos.
Lo anterior fue mencionado por el doctor en Política con especialidad en Educación y Desarrollo por la Universidad de York, Inglaterra, Pedro Flores Crespo, quien el día de ayer ofreció una ponencia sobre la Reforma Educativa en la Universidad Pedagógica del Estado (UPN).
Flores Crespo se desempeña como catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana, además de ser miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y del Sistema Nacional de Investigadores, además de colaborar regularmente como articulista en distintos medios nacionales.
El especialista aseguró que la reforma educativa debe contemplar la forma en que se abatirá la brecha educativa en las regiones más marginadas del país, muchas de las cuales se encuentran muy alejadas de los principales centros habitacionales.


® Derechos Reservados. Originalmente publicado en El Diario de Chihuahua.

19 de marzo de 2013

PRI al poder, entre reformas y retos el partido lava su imagen

Mediante frases como "No hay intereses ni personas intocables", o El PRI se ha transformado para poder transformar México, el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, exhibe el giro que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) intenta dar pisando algo más de 100 días de gobierno, a partir de medidas que anhelan alejarlo de la postura tradicional que lo caracterizó.
El Pacto de México (acuerdo político con la oposición), la reforma en educación, la detención por corrupción de Elba Esther Gordillo -dirigente histórica del sindicato de maestros-, y el impulso a las reformas fiscal y energética al eliminar los tabúes que impedían realizarlas, son algunas medidas que sacudieron las filas del partido y por las que Peña Nieto apuesta a futuro.
Distintos especialistas mexicanos analizaron -en diálogo con Télam- los cambios en un contexto movilizado a partir del 3 de este mes, cuando más de 4.000 delegados nacionales del PRI votaron en Asamblea General a favor de eliminar dos candados del estatuto del partido: el veto a la inversión privada en el monopolio de petróleo -Pemex- y la aplicación del IVA en medicina y alimentos, hasta ahora exentos del impuesto.
Para Jesús Cantú Escalante, director de la Maestría de Análisis de Medios de Comunicación y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, pese a dicha votación unánime no hay ningún cambio real en el PRI ni en los priístas.
"Es el mismo partido de siempre y los mismos militantes: pragmáticos, acomodaticios y disciplinados, esto último probablemente más acendrado que nunca, dijo el además ex consejero electoral.
Por otro lado, Carlos Muñoz Izquierdo, licenciado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, destacó que todas las medidas que hasta ahora ha tomado el presidente Peña Nieto se desprenden del "Pacto por México", firmado en diciembre por el jefe de Estado y opositores del Partido Acción Nacional (PAN)y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ese Pacto tiene algunas semejanzas con los que se registraron en otros países durante el siglo XX. Por tanto, estamos en una situación virtualmente muy distinta de las que habíamos conocido, entendió Muñoz, quien interpretó la aprobación de los vetos como un claro camino para atraer capitales extranjeros.
Pese al escepticismo, ambos reconocieron un nuevo panorama dentro del partido y señalaron que la apertura de candados integra en sí misma un caballo de batalla en los planes de transformación del actual mandatario.
Desde el gobierno, Nicolás Bellizia, ex diputado y actual delegado de la secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Coahuila, asumió que el PRI está refundándose y adaptándose a los tiempos que vive México ya que el objetivo principal es acercar el partido a la gente.
Hay una apertura general del partido. En una etapa de un México diferente hay que hacer un partido que recupere esa cercanía que ha tenido con la gente y que se perdió y nos hizo perder elecciones, explicó a Télam en diálogo telefónico desde Coahuila recordando los 12 años que alejaron al PRI del sillón presidencial.

Bellizia consideró que los candados están siendo abiertos ya que desde la reforma de la plataforma partidaria y la propia dinámica se está demostrando ese proceso de cambio.
El veto al IVA en alimentos y medicinas surgió como una reacción desesperada de los priístas, después de perder la mayoría en la Cámara de Diputados, afectados por el incremento en la tasa del IVA del 10 al 15%, en 1995, dijo al referirse a este punto Cantú Escalante.
Para el analista, los cambios en los documentos básicos del PRI en la última asamblea simplemente muestran el sometimiento total de los priístas a las demandas del presidente Peña Nieto, quien en su campaña también se comprometió a abrir algunas áreas de la petroquímica básica a la inversión privada y hacer de Pemex una empresa de clase mundial.
Muñoz cree que el nuevo programa del PRI sólo tomará sentido si es acompañado con legislación. Desde luego tiene que reflejarse en la implementación de las leyes que son necesarias para impulsar las reformas citadas. Ello va a generar diversas luchas en el Congreso, anticipó.
Sin embargo, para Bellizia los análisis que no consideran a las iniciativas como positivas responden a un punto de vista muy conservador.
Sobre las reformas en sí, el funcionario adelantó que la propuesta oficial será reducir el IVA a un 12% y generalizarlo.
Al generalizar el IVA, quien más consume más va a pagar, se logrará una recaudación mayor y no va a vulnerar a quienes menos tienen, al final de cuentas van pagar más quienes más consumen, enfatizó.
El ex diputado priísta enmarcó a las reformas como parte del cambio necesario para atravesar la nueva etapa.
Hay un compromiso de transformar México, que se vea que hay una responsabilidad del gobierno diferente y que en la medida que sea exitoso, eso va a asegurar un triunfo en las próximas elecciones, subrayó.
El PRI recién pasó sus primeros 100 días en el poder y las reformas aún son promesas a futuro.
Quedará todo un sexenio para comprobar si las transformaciones eran tales y si el partido que volvió a la presidencia -en diciembre de 2012- finalmente logró reconquistar el poder político en México.


® Derechos Reservados. Originalmente publicado en Terra Argentina (Télam/EFE). Foto: CNN México

14 de marzo de 2013

TIC: Tiempo de ruptura

Por Pedro Flores Crespo y Luis Gregorio Sosa Grajales*

Al promover el uso y dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación, poco se reflexionó en las nuevas desigualdades que aparecerían. Para hacer frente a esta realidad, los gobiernos se dedicaron a dotar a los estudiantes de computadoras y de aulas de tecnología mientras que a los maestros se les ofrecieron un sinnúmero de cursos de capacitación para el uso de las TIC.
Este “asistencialismo tecnológico” tuvo diversos efectos. En primer lugar, la cobertura de servicios y recursos tecnológicos fue desigual y en segundo, poco se pensó en qué recursos adicionales eran necesarios para convertirse en un usuario de TIC. Una especie de “mala educación tecnológica” apareció en el escenario escolar, y contribuyó a generar nuevas problemáticas.
Quizás la más riesgosa, tomando en cuenta la cantidad de mexicanos que aún viven en la llamada Brecha Digital (30 por ciento de los jóvenes de 10 a 24 años, y más de 50 por ciento en personas de 25 a 75 años según datos de la SEP en 2011), es la resistencia de muchos profesores de integrarse al mundo digital. De acuerdo con esta institución, 52 por ciento de los profesores de educación básica en México casi nunca o nunca usan la computadora al presentar su clase; la razón de esto derivaría de que a 42 por ciento de los docentes en este nivel, “no les agrada” utilizar ni las computadoras ni el internet como auxiliar pedagógico.
A este aparente desinterés deviene una fascinación por las TIC en ciertos sectores que no ha variado desde hace un par de décadas. Durante su gira por Uruguay en enero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto conoció el proyecto Ceibal, el cual “promueve la inclusión digital de los niños y adolescentes” de ese país. Peña Nieto no dejó dudas. A pesar de que muchos no nos explicamos qué ocurrió con el programa Enciclomedia y después con el mal logrado Habilidades Digitales para Todos (HDT), ahora se promete impulsar en México un “modelo propio con el fin de dotar de computadoras a los niños de 5º y 6º años de primaria”. Esto, se asume, será para elevar la calidad de la educación (www.presidencia.gob.mx 29/03/13).
Asumiendo que las TIC son un apoyo para el aprendizaje y el logro escolar, queremos proponer una ruptura (entendida como un cambio paradigmático) en la forma en la que se ha abordado su uso en la educación de México. Esta propuesta se sustenta en tres puntos clave.
En primer lugar, es preciso quitar al objeto tecnológico del centro del proceso educativo. El uso de las computadoras y el internet no pueden ser protagonistas de un proceso que, por esencia, debe tener a los estudiantes y a los profesores en el centro. Las TIC, por más innovadoras que sean, son sólo un medio que posibilita la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No es el fin educativo.
En segundo término, es necesario volver al sujeto. Repensar la labor educativa desde la perspectiva de los distintos actores educativos. Esta sugerencia apunta la noción de pertinencia que tanto se ha discutido en las definiciones de calidad y que el Senado de la República agregó en el caso de la reforma. Mientras la literatura sobre uso de la TIC se centra en los nativos y migrantes digitales, nuestra propuesta es que no se deje de considerar a los marginados digitales (Sosa, 2012), los cuales pueden ir desde un niño en alguna población apartada hasta una persona de la tercera edad que paso con sus nietos —probablemente nativos digitales — largos espacios de tiempo.
En tercero y último lugar, opinamos que habrá que reflexionar, desde los espacios de decisión política, en el desarrollo de nuevo lenguaje que aquí podemos nombrar como lenguaje tecnológico. El lenguaje tecnológico (LT) es una condición clave antes de inundar a las escuelas de cables, computadoras y cursos de TIC, pues se trata de un sistema comunicativo surgido de la adquisición, la apropiación y el uso de la tecnología digital por parte de las personas; una dimensión de nuestro lenguaje que se ha desarrollado en nuestra realidad tecnológica actual.
Estamos en un tiempo en que el debate sobre la tecnología y la virtualidad son cada vez más necesarios. Las fronteras entre aquello que es real y lo que no, impulsa el desarrollo de nuevos aprendizajes. En este sentido, el LT — como cualquier otro lenguaje— quizás nos conduzca a desarrollar nuevas capacidades de pensamiento y razonamiento. “El hombre no habla porque piensa sino que piensa porque habla”, diría Octavio Paz.


* Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Luis Gregorio Sosa Grajales es Maestro en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) y colaborador del INIDE desde 2009: luis.sosa@uia.mx
Originalmente publicado en Campus Milenio. Foto: ADN Político.

11 de marzo de 2013

Los 100 primeros días de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto  arranca su sexenio tejiendo fino en la  negociación, lo cual ya rindió frutos concretos, y marca su estilo personal de gobernar.

Cuatro reformas trascendentales
Los priistas afines al proyecto de Enrique Peña Nieto han logrado concretar en tiempo récord, desde la Cámara de Diputados, cuatro reformas fundamentales.
A 100 días de gobierno, el país tiene nuevas disposiciones educativas a nivel constitucional, un nuevo esquema de administración pública, y están en la antesala las nuevas reglas del derecho de amparo y la eliminación del fuero.
Todavía están atoradas en el Congreso dos reformas fundamentales. Las nuevas disposiciones en materia de transparencia, avaladas por el Senado pero en proceso en San Lázaro, y la de Anticorrupción, que no ha podido salir del Senado, donde lleva 16 semanas en discusión.
Han sido las posiciones divididas de PAN y PRD las que han contribuido al atorón. Del lado de los panistas, las disputas entre maderistas, mayoría en Diputados, y calderonistas, que dominan el Senado, han parado varios cambios, como ocurre ahora con el amparo.
En ambas bancadas del PRD hay resistencias, identificadas principalmente con Izquierda Democrática Nacional (IDN), a respaldar reformas que interesen al gobierno actual.
Desde el 1 de diciembre, cuando tomó posesión, Enrique Peña Nieto ofreció cambios, dijo, fundamentales para que México avance hacia el desarrollo. También concretó el Pacto por México como un espacio de construcción de acuerdos con las dos principales fuerzas opositoras, PAN y PRD, para que todos se vieran reflejados en él y poder avanzar en las reformas necesarias.
De esta forma, el Pacto por México incluyó 95 reformas que se impulsarán a lo largo del sexenio. Una de ellas, la educativa, ya se hizo realidad y se hizo en tiempo récord, a pesar de ser un cambio constitucional.
Dos más transitan el camino legislativo: la nueva Ley de Amparo y la eliminación del fuero a servidores públicos.

Gobierno rediseñado
La primera reforma enviada al Congreso rediseñó la administración pública federal, precisamente al comenzar a dar forma al gobierno entrante.
Desde la presentación, propuesta a la Cámara de Diputados, la iniciativa causó polémica. La decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, creada por los gobiernos panistas, para regresar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de la seguridad pública, propició críticas y sospechas de que el gobierno federal se encaminaba a restaurar el uso de la acción policiaca para amedrentar a los adversarios políticos.
También fue criticado porque propuso que el Instituto Nacional de las Mujeres ya no perteneciera a Gobernación sino a la Secretaría de Desarrollo Social. Fue tal la protesta, principalmente de mujeres, que Peña Nieto corrigió.
En tanto, izquierda y derecha unidas en el Senado lograron introducir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la obligación para que los funcionarios encargados de la seguridad comparezcan con regularidad ante esa instancia legislativa y la obligación de someter a ratificación los nombramientos del comisionado nacional de Seguridad, lo cual ocurrió hace dos semanas, y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cierto, esta ratificación fue controvertida por los diputados federales del PRI, por considerarla inconstitucional.
La reforma permitió a Peña Nieto desaparecer las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Función Pública, ésta sólo cuando se constituya la Comisión Nacional Anticorrupción; así como transformar la de la Reforma Agraria y fortalecer la de Desarrollo Social.

Reforma educativa
Aunque enfrentó algunas dificultades, porque nuevamente el bloque PAN-PRD en el Senado obligó a hacerle cambios, la reforma constitucional en materia educativa salió con facilidad.
El texto constitucional establece que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Ordena a los poderes Ejecutivo y Legislativo de todos los niveles crear los mecanismos legales necesarios para expandir las escuelas de tiempo completo, la entrega de alimentos gratuitos nutritivos en zonas marginadas y pobres, así como prohibir la venta de comida chatarra en todas las escuelas públicas.
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.”
Advierte que “serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley, salvo las “universidades y las demás instituciones de educación superior”.
También fortalece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ahora es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponderá evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En la congeladora
Con un retraso de poco más de dos años, una nueva Ley de Amparo fue aprobada por la Cámara de Diputados. Como le hizo cambios a la minuta enviada por el Senado, debió regresársela y actualmente sigue en comisiones.
Los diputados cambiaron la facultad de atracción y añadieron los juegos de apuestas o sorteos en el listado de actividades que no gozan de la procedencia de la suspensión; también, la suspensión en caso de la detención, al amparo agrario y diversos cambios de terminología y redacción.
Con base en un análisis de los asesores del PRD en facultad de atracción, la Cámara de Diputados incluye a la PGR entre quienes pueden solicitar a la Corte la atracción de un amparo directo que conozca un tribunal colegiado, cuando por su interés y trascendencia lo amerite.
En cuanto a las causas de improcedencia de la suspensión, la colegisladora la establece cuando ésta permita continuar con el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos.
De la suspensión en caso de detención de una persona, los diputados decidieron modificarla, pues el texto propuesto por el Senado preveía que la suspensión se concedería de inmediato, salvo en caso de delincuencia organizada en que se da un plazo de 96 horas para la liberación. La Cámara de Diputados propone conservar el plazo de 96 horas para delincuencia organizada, pero con un plazo de 48 horas en casos comunes.
El Senado aprobó que en detención por orden de aprehensión, reaprehensión o como medida cautelar, el efecto de la suspensión fuera la libertad del detenido bajo las medidas de aseguramiento que el juzgador estime necesarias para evitar la evasión del indiciado y permitir su vinculación al proceso penal y su nueva detención si se le niega el amparo. La Cámara de Diputados modificó el texto para establecer un mecanismo diverso.
Éste consiste en que cuando el amparo se solicita contra una orden de aprehensión, reaprehensión o detención como medida cautelar por los delitos que merecen prisión preventiva de oficio, considerados en el artículo 19 constitucional (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y otros delitos graves), la suspensión tendrá por efecto que el detenido “quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale” y se continúe con el proceso penal.
En los demás casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso no sea detenido, pero sí sujeto a medidas de aseguramiento que el juzgador estime necesarias.
Cuando el quejoso ya esté detenido y el Ministerio Público solicite al juez prisión preventiva o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por otro delito doloso y el juez acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será el descrito en el primer párrafo: si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.

Reforma al fuero
Se trata de una reforma constitucional que el Senado aprobó hace poco más de un año para fijar un juicio de procedencia más ágil, a fin de que los servidores públicos que gozan de fuero puedan enfrentar las consecuencias de los delitos que cometan.
Como es un tema incluido en el Pacto por México, la Cámara de Diputados le dio celeridad. La semana pasada aprobaron la mayor parte de la minuta enviada por el Senado, pero decidieron modificarla en dos puntos sustanciales. Primero, eliminan el juicio de procedencia y en los hechos el fuero desaparece en automático para un servidor público que cometa actos ilícitos; segundo, el Presidente de la República será el único que goce de ese privilegio.
La reforma está en el Senado y aunque el PAN y el PRD están decididos a insistir en que el fuero debe retirarse al Presidente, carecen de los votos necesarios para plasmarlo en la ley.

En pro de la rendición de cuentas
Otra reforma constitucional en proceso es la referente al derecho a la transparencia y la rendición de cuentas. Está en discusión en la Cámara de Diputados.
Crea el sistema de rendición de cuentas, con la coordinación entre IFAI, Auditoría Superior de la Federación, INEGI y la Dirección General de Archivos.
El IFAI adquiere el más alto poder en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, amén de que será una institución de segunda instancia si los institutos estatales entran en controversia con los ciudadanos.
Tendrá competencia para “conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
“Así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal”, dice la reforma al texto constitucional que se aprobará por el pleno del Senado.

El “detrás de cámaras” del Pacto
Esto no es difícil, pero sí muy cansado, comenta siempre uno de los integrantes de la burbuja de la diputación del PRI en San Lázaro, donde se han concretado las principales negociaciones políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso antes de que llegara a Los Pinos.
Porque a diferencia de la parálisis legislativa que caracterizó al pasado inmediato, de septiembre a la fecha la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley Federal del Trabajo, cambios en la estructura de la administración federal, el Presupuesto para 2013, la reforma constitucional educativa, la ley de amparo y el acotamiento del fuero para servidores públicos y legisladores.
En todos los casos la votación favorable ha sido mayoritaria y los márgenes de rechazo oscilaron entre 5% y 12%.
Ante esa tendencia, el comentario del diputado priista hace alusión al tiempo y a los esfuerzos que se le dedican al cabildeo para conseguir un alto consenso antes de someter las iniciativas y propuestas al pleno.
Y es que como integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder, sus legisladores no sólo buscan concretar los propósitos legislativos del gobierno, sino también dar cauce a los compromisos que éste y el PRI asumieron con las dirigencias del PAN y del PRD en el marco del Pacto por México.
Esa circunstancia ha hecho que, en este arranque de la segunda alternancia, la obligada negociación con las fuerzas opositoras sea la principal característica del trato entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuyos principales representantes firmaron, en las primeras horas del sexenio, una agenda común.

De lo urgente a lo importante
El diseño de este inédito espacio de negociación política se generó de manera fortuita en los días posteriores a las elecciones del 2 de julio, con el conflicto en Nezahualcóyotl por la cerrada competencia entre los candidatos del PRI y del PRD a la presidencia municipal.
Al advertir el riesgo de perder uno de sus principales bastiones en el Estado de México, Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista, y Jesús Ortega, líder de la corriente hegemónica del PRD, determinaron tocar base con el equipo del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto.
En los primeros encuentros participaron los priistas José Murat y Aurelio Nuño. Eran acercamientos para intercambiar puntos de vista y expectativas sobre la coyuntura, marcada entonces por el controversial caso Monex, como llamó la oposición al reparto de monederos electrónicos en plena campaña electoral con recursos que, presuntamente, rebasaron los topes legales permitidos.
En agosto se sumaron a las conversaciones los dos operadores políticos de Peña Nieto, en aquel momento al frente de la transición: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, hoy secretarios de Hacienda y de Gobernación, respectivamente.
El PRD agregó al ex senador Carlos Navarrete y el PRI añadió a su entonces dirigente, Pedro Joaquín Coldwell.
A la gente del Presidente electo le interesaba generar condiciones para retomar el protocolo en la toma de protesta en San Lázaro y construir una interlocución con el perredismo, para no repetir el escenario de seis años atrás, cuando Andrés Manuel López Obrador logró que todas sus filas y sus corrientes impugnaran el gobierno de Felipe Calderón y lo calificaran de ilegítimo.
A los Chuchos les preocupaba repetir la polarización del sexenio anterior, cuya bandera fue el no reconocimiento al Presidente.
Cuando las cartas fueron puestas sobre la mesa y se coincidió en las expectativas, surgió la pregunta de si el diálogo debía quedarse en la atención de los conflictos poselectorales, y por lo tanto coyunturales, o abrirle la puerta a una discusión de fondo en los futuros asuntos legislativos.
Pronto definieron que, además de resolver lo urgente, atenderían lo importante. La propuesta de los perredistas fue poner en blanco y negro los temas de la vida nacional en los que podría haber ruta compartida y cuyo desahogo fuera viable en el Congreso de la Unión.

Como secreto de Estado
Hubo en esa primera fase dos primeros grandes acuerdos: convocar a la cúpula del PAN a sumarse a la discusión de las posibles coincidencias programáticas y mantener las conversaciones y sus resultados como un auténtico secreto de Estado.
Para el inicio de los trabajos legislativos el primero de septiembre, en el diálogo ya participaban las tres principales fuerzas políticas y los representantes de Enrique Peña Nieto.
Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, tomó personalmente la representación de los suyos y se hizo acompañar por Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y por Juan Molinar Horcasitas, quien preside la Fundación Rafael Preciado.
En San Lázaro, Silvano Aureoles y Miguel Alonso Raya, coordinador y vicecoordinador de los diputados perredistas, comenzaron a plantear en sus declaraciones de prensa la urgencia de armar un gran acuerdo nacional que atendiera los grandes pendientes educativos y hacendarios, para dar paso entonces a una política social de fondo.
Se cuidaron, sin embargo, de no filtrar ningún indicio sobre los entretelones del acuerdo, bajo el entendido de que si esto ocurría, el ala radical afín a López Obrador boicotearía el avance de las negociaciones, es decir, Izquierda Democrática Nacional (IDN), el grupo comandado por René Bejarano y la senadora Dolores Padierna.
Así la secrecía del Pacto por México se mantuvo en octubre y noviembre, cuando a decir de los protagonistas ocurrieron los jaloneos y las tensiones mayores en torno del grado de compromiso que habría de compartirse en las reformas hacendaria y energética. 

El atorón y las amenazas
En lo que ilustra el estilo particular de negociar, Peña Nieto hizo suyas las promesas electorales del PAN y del PRD, y envió la señal de que iba en serio el propósito de pactar un acuerdo.
Dos temas fueron cruciales para convencerlos de la disposición del futuro gobierno para impulsar cambios contra los poderes fácticos: una reforma educativa, que quitaría al sindicato el control sobre el ingreso y promoción docentes, y otra para garantizar la competencia en telecomunicaciones.
Así, Zambrano y Madero comenzaron a preparar el terreno para conseguir el aval de sus correligionarios.
Para los perredistas, sin embargo, el tópico más espinoso era el de no incluir en los compromisos del acuerdo el IVA a alimentos y medicinas y sí, por el contrario, garantizar la incorporación del combate a los paraísos fiscales.
Pero el atorón más grave se dio en la redacción del apartado energético, pues el PRD sujetó la firma del acuerdo a la exclusión de cualquier modificación al 27 constitucional y, consecuentemente, a la eventual apertura de Petróleos Mexicanos a las inversiones privadas.
Salvado esto, cinco días antes de que Peña Nieto rindiera protesta, los involucrados anunciaron el Pacto por México. Esas horas fueron las más delicadas para la viabilidad del acuerdo: la búsqueda del consenso dentro del PAN y del PRD. Pese a las oposiciones, en un hecho inédito, la corriente reformista del PRD publicó un comunicado de respaldo de legisladores a Zambrano, aunque la corriente de Bejarano y Alejandro Sánchez ventilaron sus impugnaciones. Con todo, el Pacto por México se firmó el 2 de diciembre, unas horas después del regreso del PRI a Los Pinos.

Fin de la era Gordillo
La tarde del 26 de febrero fue detenida en el aeropuerto de Toluca Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente vitalicia del sindicato más poderoso de América Latina. La PGR la acusa del desvío de casi dos mil millones de pesos de los fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Debido a que los delitos que se le imputan —operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada— son considerados graves, la maestra chiapaneca está encarcelada desde esa noche, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y luego trasladada por cuestiones de salud a Tepepan.
Considerado el hecho político más importante de los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, partidos, funcionarios y analistas han tenido diversas reacciones, la mayoría de respaldo al encarcelamiento de un personaje que hasta entonces se pensaba intocable.
Cuando Gordillo fue detenida, los líderes de los principales partidos políticos ya habían sido informados. El rumor llegó a San Lázaro y aquello era un avispero, pero ese día no hubo declaraciones en favor de la maestra, ni hubo manifestaciones contra su detención.
El mismo 26 de febrero, la otrora intocable líder magisterial fue encarcelada. Al día siguiente, Gordillo comparecía tras la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal. El 4 de febrero se le dictó auto de formal prisión, en medio de un alud de amparos promovidos por familiares y cercanos.
El procurador Jesús Murillo Karam ha dicho que podrían imputársele nuevos cargos a la maestra Elba Esther.
La hasta entonces todopoderosa líder gremial ejerció el poder por 24 años; fue colocada al frente del SNTE en 1989 por Carlos Salinas de Gortari, en sustitución de Carlos Jonguitud Barrios. En esos años se hizo de mansiones, aviones y autos de lujo, presuntamente con las cuotas de los maestros.
El país entero fue testigo de los gastos exorbitantes, como en 2008, cuando Gordillo regaló a líderes gremiales 59 camionetas Hummer, en las que se gastó 21 millones 830 mil pesos. Cuando los cuestionamientos subieron de tono, Gordillo dijo que las Hummer serían rifadas “para mejorar la infraestructura de diez escuelas por cada entidad”, y aseguró que legalmente eran patrimonio del SNTE.
Pese a los hechos ni la Secretaría de Hacienda ni la PGR indagaron qué ocurría dentro de ese sindicato.
Con las cuotas de los maestros, Gordillo compró dos mansiones en San Diego. La más grande, con 500 metros cuadrados, seis recámaras y siete baños, valuada en cuatro millones de dólares y está a nombre de Comercializadora TTS, cuya socia principal es su extinta madre. Gordillo la compró en 1991, a sólo tres años de haber asumido el liderazgo del SNTE.

Le habían dado un ultimátum
Elba Esther Gordillo cayó del Olimpo de los Intocables y nadie fue en su auxilio. De acuerdo a un legislador federal que pidió el anonimato, la administración de Peña Nieto le había puesto un plazo para que dejara el cargo: el último día de marzo. Se le percibía como alguien que había acumulado demasiado poder y se oponía a la reforma educativa.
“Gordillo actuó como si no hubiera escuchado el ultimátum, siguió impulsando acciones contra la reforma educativa y llamó ignorante a Emilio Chuayffet. Las consecuencias no se hicieron esperar”, dijo el legislador a Excélsior.
En diversas ocasiones Gordillo, expresó su inconformidad con la reforma educativa. En diciembre de 2012, en el marco de la 35 asamblea extraordinaria del SNTE, se pronunció contra la “privatización de la educación”.
El domingo 24 de febrero, dos días antes de su detención, el SNTE emitió un comunicado en el que tachó a Chuayffet de ignorante, pues desconocía que el sistema nacional de evaluación es parte del sistema profesional docente.
“El SNTE manifiesta su preocupación por la ignorancia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, respecto al Sistema Educativo, como quedó evidenciado en su reunión de la semana pasada con Senadores.”
Al día siguiente, 25 de febrero, se promulgaría la reforma educativa. Estaba citado en Palacio Nacional todo el gabinete. De Elba Esther Gordillo, ni sus luces.
Por uno de los pasillos que conducen al patio de honor caminaba tranquilamente Emilio Chuayffet, quien había llegado muy temprano a la cita. Gustavo Madero, presidente del PAN, se acercó para saludarlo cordialmente.
Un grupo de reporteros le preguntó: “¿Qué piensa de las declaraciones de Gordillo?” Chuayffet se limitó a responder: “Escuchen el discurso y con mucho gusto después hago una declaración”. Ya en el podio, Chuayffet se lanzó con todo contra quienes por “ignorancia cuando no por la mala fe” decían que la escuela dejaría de ser gratuita. Al día siguiente a todos sorprendió su aprehensión.

Aplauden el elbazo
 La captura de Elba Esther Gordillo es el hecho más importante en materia educativa en estos primeros 100 días, consideró Sylvia Schmelkes, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Al hacer un análisis del rubro, dijo que la detención de Elba Esther Gordillo fue “un golpe maestro”, pues logró lo que antes nadie hizo por temor a una rebelión de los docentes, que no se dio.
Dijo que actuar contra la maestra pudo causar el levantamiento de agremiados contra el gobierno, pero en el día 86 de su gobierno Peña Nieto lo hizo y ningún profesor salió a defenderla.
“Con semejante acusación, ningún docente se levantará a defenderla. Considerada una de las personas más odiadas por la sociedad mexicana, este acontecimiento ha causado enorme simpatía entre los ciudadanos.”
Desde su perspectiva, “la mal llamada reforma educativa” caminaría sin la oposición del SNTE y “la detención de Elba Esther se entiende en ese contexto”.
Considera que la reforma educativa “no es suficiente para mejorar dos problemas fundamentales de la educación”, como la deficiente calidad del aprendizaje y la inequidad en las oportunidades de acceder a la escuela.

Polémica liberación de Florence Cassez
Cincuenta y tres días después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la absoluta e inmediata libertad de la francesa Florence Cassez, procesada y condenada por el delito de secuestro.
En el sexenio anterior, el caso Florence Cassez provocó incluso un desencuentro diplomático entre los gobiernos de Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy.
Pero ahora, en el nuevo sexenio, casi un año después de que el máximo tribunal analizó por primera vez el caso, los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero lograron la liberación de la francesa, al otorgarle un amparo “liso y llano”, ayudados por el sufragio del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue promovido recién por el PRI de Peña Nieto.
Era una resolución que se veía venir desde casi dos meses antes de las elecciones de julio de 2012; Excélsior publicó entonces una entrevista con la ministra ponente, Olga Sánchez, quien afirmó que al revisar el expediente “veía muchas más razones” para otorgar la libertad a la francesa.
Tras el fallo, Peña Nieto instruyó a los titulares de la PGR y de Gobernación a no repetir situaciones como la de Cassez.

Les faltó un voto
El 21 de marzo de 2012, la Primera Sala había desechado el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien proponía la liberación inmediata de Florence Cassez, quien entonces purgaba el octavo año de una sentencia de 60 años por el delito de secuestro.
En esa ocasión Zaldívar no consiguió el respaldo de otros dos ministros, aunque en la discusión, cuatro de los cinco integrantes de la Sala admitieron que las anomalías afectaron el debido proceso. El asunto fue turnado a Olga Sánchez.
Ese día, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero se pronunciaron por otorgar el amparo “liso y llano” a Cassez.
En contra lo hicieron el ahora ministro en retiro Guillermo Ortíz Mayagoitia, quien rechazó totalmente que hubiera razones de inconstitucionalidad en el asunto, y Jorge Pardo Rebolledo, quien consideró que no había posibilidad de subsanar jurídicamente las deficiencias en el procedimiento.
José Ramón Cossío Díaz planteó que debía concederse el amparo a Cassez, pero sólo para efectos y no para la absoluta libertad; es decir, ampararla sólo para reponer procedimientos jurídicos violatorios de las garantías individuales.
El 23 de enero pasado, sin embargo, la Suprema Corte sentó un precedente al conceder un amparo “liso y llano” a Florence, acusada de secuestrar a tres personas, lo que en la práctica significó su inmediata libertad.
En un giro sorpresivo durante la sesión, luego de que la ministra Sánchez Cordero incorporó observaciones que realizaron los ministros en sus ponencias al no estar de acuerdo con su proyecto, se concedió el amparo por determinarse que hubo graves violaciones a los derechos humanos considerados en la Carta Magna.
Los ministros fueron enfáticos al advertir que la Suprema Corte no podía determinar si la acusada era culpable o inocente de los secuestros imputados, sino únicamente sobre si las autoridades mexicanas cometieron diversos abusos que contaminaron todo el proceso judicial.
Con los votos favorables de los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Olga Sánchez contra dos de Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío, el máximo tribunal del país ordenó la liberación absoluta e inmediata de la francesa.

¿Y las víctimas?
Esta liberación provocó reacciones encontradas de activistas sociales. Algunos consideraron que se fijaba un precedente histórico al condenar la violación a los derechos humanos, mientras que otros opinaron que las garantías individuales de las víctimas quedaban vulneradas y se favorecía a los victimarios.
María Elena Morera, quien preside Causa en Común, exigió que los ministros que sufragaron por la libertad de Cassez explicaran a la sociedad en qué tipo de casos se otorgarías los beneficios otorgados a ella.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la determinación, porque cualquier preso que tenga un buen abogado ya estará alistándose para aplicar el mismo beneficio que tuvo la francesa”, expresó.
Minutos antes de que se resolviera el caso en la Corte, Isabel Miranda de Wallace abandonó el recinto al ver que era inminente la liberación de Cassez, tras el giro dado por Sánchez Cordero. La dirigente de Alto al Secuestro auguró que con esta determinación se vendría un desfiladero de delincuentes buscando este tipo de amparo.
“Creo que sería muy grave que la impunidad siga imperando por quien más tiene, o quien tiene poder político, y que dejen a las víctimas con las manos vacías”, dijo entonces.
En contraparte, Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, aplaudió el falló y externó que así se consiguió fortalecer la impartición de justicia y las bases del sistema jurídico mexicano.
“No hay sistema de justicia que pueda prevalecer a costa de violar el debido proceso, como sucedió con la francesa Florence Cassez; solamente a través de respetarlo puede llegarse a un sistema de justicia que ofrezca garantías, objetividad y certeza”, consideró.


® Derechos Reservados. Fotos y artículo originalmente publicados en Excelsior (10/3/2013)

8 de marzo de 2013

Reforma educativa imperfecta pese a ausencia de Elba Esther

José Juan Reyes/El Economista*

El encarcelamiento de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, dejó prácticamente libre el camino para la aplicación de la Reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto; sin embargo, especialistas coincidieron en dicha enmienda tiene temas pendientes para, entre otras cosas, combatir el prominente rezago educativo del país.
La Auditoría Superior de la Federación hizo un diagnóstico apabullante. En su revisión a la Cuenta Pública del 2011 al sector educativo advirtió que las tendencias observadas en el periodo 1970-2010 indican que, no haber un cambio, tendrían que pasar 188 años para abatir dicho rezago.
La OCDE agrega un dato igual de alarmante, el problema no es precisamente la falta de presupuesto que el Estado destina a este rubro: mientras que México destina un 25% de su presupuesto a la educación -a diferencia del 12.7% que destinan el resto de los países miembros- 97.2%, de éste se va a gasto corriente, y, de ese porcentaje, 93.6% tan solo a salarios.
Para la directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes del Valle, la Reforma Educativa fue aprobada y promulgada con cambios menores. Aunque es conveniente, tiene faltantes que no se mencionan en la estrategia, por ejemplo, mejorar la formación inicial y en servicio de los docentes; revisión curricular que reconozca la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país.
Incluso descentralizar de fondo el sistema educativo nacional; modificar los criterios de financiamiento educativo, pues en la actualidad se beneficia a los estados que más tienen y contribuyen a que la educación reproduzca la desigualdad social.
Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Javier Becerra Chávez, consideró que a la reforma educativa le falta la reforma secundaria.
Sylvia Schmelkes del Valle hizo una evaluación con relación al gobierno de Enrique Peña Nieto, en materia de educación, y advirtió que la reforma educativa carece de aspectos como procurar la equidad en los aprendizajes entre los diferentes sectores que conforman la población.
“El gran riesgo sería que se diera por concluida con la modificación a los artículos 3 y 73 constitucional y con el paso subsiguiente, que son las leyes reglamentarias, la reforma educativa verdadera, de la que nada se ha dicho”.
Advirtió que nuestro país no puede soportar otro sexenio de deterioro educativo. “Ya no es gobernable el país si no toma (el gobierno) cartas claras en el tema de la educación, (...) pues gran parte de las reformas viene de (...) sectores organizados de la sociedad civil. Hacer de la educación una prioridad real requiere fortaleza, contundencia, solidez y consistencia”, opinó.

ESTADO RECUPERA LA RECTORÍA
Para Schmelkes del Valle, con la reforma educativa, el Estado recupera, al menos a nivel legal, la rectoría, al pretender asegurar que se vayan profesionalizando los docentes de manera que sea pertinente y transparente su ingreso, su promoción y su permanencia dentro del sistema educativo.
“Queda por verse si un cambio legal realmente permitirá evitar el tejido de filigrana que el SNTE, a lo largo de tantos años de contubernio con el Estado (...) ha logrado tender a lo largo y a lo ancho del sistema”, indicó.
Por su parte, Becerra Chávez, aseguró que aún falta la reforma a la Ley General de Educación y crear el consejo evaluador.
Dijo que después del golpe a Gordillo, se tienen que incorporar al liderazgo magisterial las voces de las corrientes reales en esta reforma, “pero sin el factor distorsionador” de Gordillo.

OTROS RECURSOS
La SEP 80 millones de pesos para cubrir gastos derivados de la promoción, organización, desarrollo y difusión de los eventos del IV Congreso Nacional de Educación y Segundo Encuentro Nacional con Padres de Familia y Maestros.
En el 2009, derivado de la Alianza por la Calidad de la Educación, el Sindicato solicitó 200 millones de pesos para poner en marcha una campaña de comunicación. En este mismo concepto se solicitaron 1,418 millones de pesos para el Programa de Estímulos a la Calidad Docente.
En el 2010, el gremio pidió 50 millones de pesos para continuar con la campaña de comunicación sobre la Alianza por la Calidad Educativa. Ese mismo año, requirió 150 millones de pesos para actividades culturales y de actualización del magisterio.
En el 2011, pidió 150 millones de pesos para continuar con la campaña de comunicación en favor de la Alianza por la Calidad Educativa. Además, para las actividades culturales se requirieron 200 millones de pesos.
El año pasado, el SNTE pidió recursos por 500 millones de pesos para la campaña de comunicación en favor de la Alianza por la Calidad Educativa y para actividades culturales.

REZAGO EDUCATIVO
En la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que las tendencias observadas en el periodo 1970-2010 indican que tendrían que pasar 188 años para abatir el rezago educativo en el país. En 1970, de los 22,6 millones de personas en rezago educativo, ocho de cada 10 eran analfabetas o sin primaria completa; en 2010, de las personas consideradas con rezago educativo, cinco de cada 10 no tenían primaria completa, según la ASE.

LUGAR
PAÍS
1
Shangai, China
2
Corea
3
Hong Kong, China
5
Canadá
17
Estados Unidos
48
México
52
Colombia
58
Argentina
FUENTE: OCDE


® Derechos Reservados. Originalmente publicado en El Economista (8/Mar/2013). 

7 de marzo de 2013

Elba: Implicaciones de una detención

Por Pedro Flores Crespo y Dulce Carolina Mendoza*

Regocijo, suspicacias y alboroto levantó la detención de Elba Esther Gordillo el pasado 26 de febrero. De acuerdo con el titular de la Procuraduría General de la República (PRG) su detención se debe, en primera instancia, a que ha hecho uso de recursos de procedencia ilícita. En buen español esto significa que la maestra desviaba las cuotas de los maestros y trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para gustos personales. A este delito se agregaron dos más: lavado de dinero y delincuencia organizada.
La detención de la maestra levanta muchas interrogantes; por ello queremos poner a consideración de los lectores de Campus dos puntos. Uno que tiene que ver con el contexto político y otro relacionado con la capacidad interna del magisterio para renovarse.

¿Un nuevo PRI?
Elba Esther Gordillo no es una persona común; era la dirigente de un sindicato que contribuía al establecimiento de la agenda educativa, proponía acciones, cuestionaba otras y podía tener una interlocución directa y sin escalas con el presidente de la República, gobernadores, legisladores, secretarios de estado y demás políticos. El papel que desempeñó Elba Esther en la vida pública hace entonces que su detención no pueda ser vista sólo como una acción “legal, jurídica y de justicia” de la PGR. Aunque el presidente de la República diga que el proceso contra la maestra es “estrictamente legal”, el manejo arbitrario y selectivo de la ley en México hace pensar que hay algo más detrás de este certero golpe contra quien era considerada como la mujer más poderosa de México hasta hace un mes.

El PRI no tiene fácil las cosas para demostrar que quiere cambiar a pesar de haber detenido a Gordillo. Si quiere democratizar el SNTE interviniendo, puede caer en el mismo autoritarismo de siempre y si se mantiene al margen en la elección de líderes y cambio de estructuras, la tesis del golpe mediático puede confirmarse. Además, a partir de la detención de la maestra, ¿cómo actuarán los líderes de las secciones sindicales? ¿Qué les dijo el presidente a los gobernadores en la reunión posterior a la detención en referencia a la actuación de las 56 secciones sindicales en México? ¿Ya se habrán dado cuenta los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE que los puestos no son vitalicios? El cambio de prácticas y rituales en cada estado a partir de la detención de Elba Esther Gordillo tendría que cambiar en un sentido positivo, si no otra vez quedaremos frustrados.

Nos atrevemos a pensar que los priístas - quizás mejores conocedores de la “dimensión simbólica del poder” (Volpi) que los panistas -, hicieron un buen cálculo de que esto alegraría a la mayoría. “Ahora si hay Presidente”, claman algunos; “se necesitaban pantalones”, asientan otros y “pa los perros, los coyotes”. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto actuó apegado a derecho, hay que festejar; si hubo justicia selectiva tratando de crear ese “simbolismo extraordinario” (Denise Dresser) habrá que preocuparse. El viejo PRI puede estar de regreso gracias al apego que sentimos los mexicanos por la cultura del más “fuerte”, del chingón. ¿Qué de democrático hay en ello?

Pero hay otro punto acerca de la detención de la maestra que hay que meditar. Seguramente los priístas ya calcularon que acciones como las de hace unos días, les va a generar una creciente presión para que actúen en contra de otros actores que no se han distinguido precisamente por vivir en la justa medianía. ¿Habrá más circo o lo que vimos con Elba Esther es el inicio de una genuina lucha del gobierno de Peña Nieto contra los poderes fácticos y la corrupción? Esto último es lo que esperaríamos. El PRI está ante la posibilidad de demostrar lo que los panistas no supieron o no quisieron hacer y este error, como bien reconoció Gustavo Madero, presidente de Acción Nacional, ya lo pagaron en las urnas.

¿Adónde se fue el liderazgo?
Ante la detención y el desprestigio de su líder, ¿qué hará ahora el magisterio? Aunque varios comentaristas sugieren que éste es el “tiempo de los maestros” para construir un gremio democrático, nosotros sinceramente pensamos que no será fácil. Gordillo puede tener muchos errores y fallas, pero de que supo ejercer su liderazgo, pocos lo dudarían. Ahí está el mejoramiento en los salarios y condiciones de los profesores desde principios de la década de los noventa.

Sinceramente, no se advierte en el horizonte una persona con la capacidad para construir un sindicalismo moderno y que logre capitalizar la ventana de oportunidad que abrió el priísmo con la detención de Elba Esther Gordillo. Este vacío, tristemente, es una amarga lección para la disidencia magisterial. Elba se empoderó gracias a la rijosidad, sobre ideologización y continuo extravío de algunos líderes que pudieron disputarle el poder si hubieran leído mejor la realidad de México. El paro de labores que algunos maestros preparan para protestar por la reforma educativa es una clara muestra de tal extravío.

La detención de Elba Esther Gordillo corrobora la presencia de una disidencia poco influyente para la mejora escolar y educativa, sin embargo, también abre oportunidades para que el gobierno federal, en específico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pueda acercarse al magisterio de manera más directa y decididamente.

Después de la captura, en su primer pronunciamiento público, Enrique Peña Nieto subrayó que su gobierno actuó en defensa del patrimonio magisterial y con respeto a la autonomía sindical. “Es dinero de los trabajadores y es dinero del sindicato; en consecuencia, aquí estamos actuando en defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y del propio sindicato”, constató Jesús Murillo Karam, titular de la PRG. En otras palabras: “si la maestra se los transa, nosotros no lo vamos a permitir”. ¿Llegará así el mensaje a las escuelas del país? Desde hace mucho tiempo, diversos especialistas han destacado la necesidad de que la SEP escuche detenidamente a los maestros; no sólo a sus líderes. ¿Se afinará la comunicación y persuasión política del gobierno actual?

Enfatizar que el gobierno está del lado de los maestros y no de sus líderes (presuntamente corruptos), apunta a tratar de cambiar la correlación de fuerzas y esto, sin duda alguna, puede dar a pie a un nuevo esquema de gobernabilidad. Esta observación podría irse verificando a medida que empiecen los trabajos y foros para conformar el plan sectorial 2013-2018. La forma en que la SEP integrará las preocupaciones, intereses y peticiones de los maestros – y otros actores sociales que aplauden la reforma - puede redondear la estrategia para acabar con un liderazgo sindical contrario a las demandas y necesidades educativas. La moneda está en el aire.



* Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  INIDE (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Dulce Carolina Mendoza es Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana), actualmente estudia el doctorado en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Originalmente publicado en Campus Milenio. Fotos: CNN México