11 de marzo de 2013

Los 100 primeros días de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto  arranca su sexenio tejiendo fino en la  negociación, lo cual ya rindió frutos concretos, y marca su estilo personal de gobernar.

Cuatro reformas trascendentales
Los priistas afines al proyecto de Enrique Peña Nieto han logrado concretar en tiempo récord, desde la Cámara de Diputados, cuatro reformas fundamentales.
A 100 días de gobierno, el país tiene nuevas disposiciones educativas a nivel constitucional, un nuevo esquema de administración pública, y están en la antesala las nuevas reglas del derecho de amparo y la eliminación del fuero.
Todavía están atoradas en el Congreso dos reformas fundamentales. Las nuevas disposiciones en materia de transparencia, avaladas por el Senado pero en proceso en San Lázaro, y la de Anticorrupción, que no ha podido salir del Senado, donde lleva 16 semanas en discusión.
Han sido las posiciones divididas de PAN y PRD las que han contribuido al atorón. Del lado de los panistas, las disputas entre maderistas, mayoría en Diputados, y calderonistas, que dominan el Senado, han parado varios cambios, como ocurre ahora con el amparo.
En ambas bancadas del PRD hay resistencias, identificadas principalmente con Izquierda Democrática Nacional (IDN), a respaldar reformas que interesen al gobierno actual.
Desde el 1 de diciembre, cuando tomó posesión, Enrique Peña Nieto ofreció cambios, dijo, fundamentales para que México avance hacia el desarrollo. También concretó el Pacto por México como un espacio de construcción de acuerdos con las dos principales fuerzas opositoras, PAN y PRD, para que todos se vieran reflejados en él y poder avanzar en las reformas necesarias.
De esta forma, el Pacto por México incluyó 95 reformas que se impulsarán a lo largo del sexenio. Una de ellas, la educativa, ya se hizo realidad y se hizo en tiempo récord, a pesar de ser un cambio constitucional.
Dos más transitan el camino legislativo: la nueva Ley de Amparo y la eliminación del fuero a servidores públicos.

Gobierno rediseñado
La primera reforma enviada al Congreso rediseñó la administración pública federal, precisamente al comenzar a dar forma al gobierno entrante.
Desde la presentación, propuesta a la Cámara de Diputados, la iniciativa causó polémica. La decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, creada por los gobiernos panistas, para regresar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de la seguridad pública, propició críticas y sospechas de que el gobierno federal se encaminaba a restaurar el uso de la acción policiaca para amedrentar a los adversarios políticos.
También fue criticado porque propuso que el Instituto Nacional de las Mujeres ya no perteneciera a Gobernación sino a la Secretaría de Desarrollo Social. Fue tal la protesta, principalmente de mujeres, que Peña Nieto corrigió.
En tanto, izquierda y derecha unidas en el Senado lograron introducir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la obligación para que los funcionarios encargados de la seguridad comparezcan con regularidad ante esa instancia legislativa y la obligación de someter a ratificación los nombramientos del comisionado nacional de Seguridad, lo cual ocurrió hace dos semanas, y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cierto, esta ratificación fue controvertida por los diputados federales del PRI, por considerarla inconstitucional.
La reforma permitió a Peña Nieto desaparecer las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Función Pública, ésta sólo cuando se constituya la Comisión Nacional Anticorrupción; así como transformar la de la Reforma Agraria y fortalecer la de Desarrollo Social.

Reforma educativa
Aunque enfrentó algunas dificultades, porque nuevamente el bloque PAN-PRD en el Senado obligó a hacerle cambios, la reforma constitucional en materia educativa salió con facilidad.
El texto constitucional establece que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Ordena a los poderes Ejecutivo y Legislativo de todos los niveles crear los mecanismos legales necesarios para expandir las escuelas de tiempo completo, la entrega de alimentos gratuitos nutritivos en zonas marginadas y pobres, así como prohibir la venta de comida chatarra en todas las escuelas públicas.
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.”
Advierte que “serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley, salvo las “universidades y las demás instituciones de educación superior”.
También fortalece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ahora es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponderá evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En la congeladora
Con un retraso de poco más de dos años, una nueva Ley de Amparo fue aprobada por la Cámara de Diputados. Como le hizo cambios a la minuta enviada por el Senado, debió regresársela y actualmente sigue en comisiones.
Los diputados cambiaron la facultad de atracción y añadieron los juegos de apuestas o sorteos en el listado de actividades que no gozan de la procedencia de la suspensión; también, la suspensión en caso de la detención, al amparo agrario y diversos cambios de terminología y redacción.
Con base en un análisis de los asesores del PRD en facultad de atracción, la Cámara de Diputados incluye a la PGR entre quienes pueden solicitar a la Corte la atracción de un amparo directo que conozca un tribunal colegiado, cuando por su interés y trascendencia lo amerite.
En cuanto a las causas de improcedencia de la suspensión, la colegisladora la establece cuando ésta permita continuar con el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos.
De la suspensión en caso de detención de una persona, los diputados decidieron modificarla, pues el texto propuesto por el Senado preveía que la suspensión se concedería de inmediato, salvo en caso de delincuencia organizada en que se da un plazo de 96 horas para la liberación. La Cámara de Diputados propone conservar el plazo de 96 horas para delincuencia organizada, pero con un plazo de 48 horas en casos comunes.
El Senado aprobó que en detención por orden de aprehensión, reaprehensión o como medida cautelar, el efecto de la suspensión fuera la libertad del detenido bajo las medidas de aseguramiento que el juzgador estime necesarias para evitar la evasión del indiciado y permitir su vinculación al proceso penal y su nueva detención si se le niega el amparo. La Cámara de Diputados modificó el texto para establecer un mecanismo diverso.
Éste consiste en que cuando el amparo se solicita contra una orden de aprehensión, reaprehensión o detención como medida cautelar por los delitos que merecen prisión preventiva de oficio, considerados en el artículo 19 constitucional (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y otros delitos graves), la suspensión tendrá por efecto que el detenido “quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale” y se continúe con el proceso penal.
En los demás casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso no sea detenido, pero sí sujeto a medidas de aseguramiento que el juzgador estime necesarias.
Cuando el quejoso ya esté detenido y el Ministerio Público solicite al juez prisión preventiva o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por otro delito doloso y el juez acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será el descrito en el primer párrafo: si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.

Reforma al fuero
Se trata de una reforma constitucional que el Senado aprobó hace poco más de un año para fijar un juicio de procedencia más ágil, a fin de que los servidores públicos que gozan de fuero puedan enfrentar las consecuencias de los delitos que cometan.
Como es un tema incluido en el Pacto por México, la Cámara de Diputados le dio celeridad. La semana pasada aprobaron la mayor parte de la minuta enviada por el Senado, pero decidieron modificarla en dos puntos sustanciales. Primero, eliminan el juicio de procedencia y en los hechos el fuero desaparece en automático para un servidor público que cometa actos ilícitos; segundo, el Presidente de la República será el único que goce de ese privilegio.
La reforma está en el Senado y aunque el PAN y el PRD están decididos a insistir en que el fuero debe retirarse al Presidente, carecen de los votos necesarios para plasmarlo en la ley.

En pro de la rendición de cuentas
Otra reforma constitucional en proceso es la referente al derecho a la transparencia y la rendición de cuentas. Está en discusión en la Cámara de Diputados.
Crea el sistema de rendición de cuentas, con la coordinación entre IFAI, Auditoría Superior de la Federación, INEGI y la Dirección General de Archivos.
El IFAI adquiere el más alto poder en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, amén de que será una institución de segunda instancia si los institutos estatales entran en controversia con los ciudadanos.
Tendrá competencia para “conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
“Así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal”, dice la reforma al texto constitucional que se aprobará por el pleno del Senado.

El “detrás de cámaras” del Pacto
Esto no es difícil, pero sí muy cansado, comenta siempre uno de los integrantes de la burbuja de la diputación del PRI en San Lázaro, donde se han concretado las principales negociaciones políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso antes de que llegara a Los Pinos.
Porque a diferencia de la parálisis legislativa que caracterizó al pasado inmediato, de septiembre a la fecha la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley Federal del Trabajo, cambios en la estructura de la administración federal, el Presupuesto para 2013, la reforma constitucional educativa, la ley de amparo y el acotamiento del fuero para servidores públicos y legisladores.
En todos los casos la votación favorable ha sido mayoritaria y los márgenes de rechazo oscilaron entre 5% y 12%.
Ante esa tendencia, el comentario del diputado priista hace alusión al tiempo y a los esfuerzos que se le dedican al cabildeo para conseguir un alto consenso antes de someter las iniciativas y propuestas al pleno.
Y es que como integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder, sus legisladores no sólo buscan concretar los propósitos legislativos del gobierno, sino también dar cauce a los compromisos que éste y el PRI asumieron con las dirigencias del PAN y del PRD en el marco del Pacto por México.
Esa circunstancia ha hecho que, en este arranque de la segunda alternancia, la obligada negociación con las fuerzas opositoras sea la principal característica del trato entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuyos principales representantes firmaron, en las primeras horas del sexenio, una agenda común.

De lo urgente a lo importante
El diseño de este inédito espacio de negociación política se generó de manera fortuita en los días posteriores a las elecciones del 2 de julio, con el conflicto en Nezahualcóyotl por la cerrada competencia entre los candidatos del PRI y del PRD a la presidencia municipal.
Al advertir el riesgo de perder uno de sus principales bastiones en el Estado de México, Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista, y Jesús Ortega, líder de la corriente hegemónica del PRD, determinaron tocar base con el equipo del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto.
En los primeros encuentros participaron los priistas José Murat y Aurelio Nuño. Eran acercamientos para intercambiar puntos de vista y expectativas sobre la coyuntura, marcada entonces por el controversial caso Monex, como llamó la oposición al reparto de monederos electrónicos en plena campaña electoral con recursos que, presuntamente, rebasaron los topes legales permitidos.
En agosto se sumaron a las conversaciones los dos operadores políticos de Peña Nieto, en aquel momento al frente de la transición: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, hoy secretarios de Hacienda y de Gobernación, respectivamente.
El PRD agregó al ex senador Carlos Navarrete y el PRI añadió a su entonces dirigente, Pedro Joaquín Coldwell.
A la gente del Presidente electo le interesaba generar condiciones para retomar el protocolo en la toma de protesta en San Lázaro y construir una interlocución con el perredismo, para no repetir el escenario de seis años atrás, cuando Andrés Manuel López Obrador logró que todas sus filas y sus corrientes impugnaran el gobierno de Felipe Calderón y lo calificaran de ilegítimo.
A los Chuchos les preocupaba repetir la polarización del sexenio anterior, cuya bandera fue el no reconocimiento al Presidente.
Cuando las cartas fueron puestas sobre la mesa y se coincidió en las expectativas, surgió la pregunta de si el diálogo debía quedarse en la atención de los conflictos poselectorales, y por lo tanto coyunturales, o abrirle la puerta a una discusión de fondo en los futuros asuntos legislativos.
Pronto definieron que, además de resolver lo urgente, atenderían lo importante. La propuesta de los perredistas fue poner en blanco y negro los temas de la vida nacional en los que podría haber ruta compartida y cuyo desahogo fuera viable en el Congreso de la Unión.

Como secreto de Estado
Hubo en esa primera fase dos primeros grandes acuerdos: convocar a la cúpula del PAN a sumarse a la discusión de las posibles coincidencias programáticas y mantener las conversaciones y sus resultados como un auténtico secreto de Estado.
Para el inicio de los trabajos legislativos el primero de septiembre, en el diálogo ya participaban las tres principales fuerzas políticas y los representantes de Enrique Peña Nieto.
Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, tomó personalmente la representación de los suyos y se hizo acompañar por Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y por Juan Molinar Horcasitas, quien preside la Fundación Rafael Preciado.
En San Lázaro, Silvano Aureoles y Miguel Alonso Raya, coordinador y vicecoordinador de los diputados perredistas, comenzaron a plantear en sus declaraciones de prensa la urgencia de armar un gran acuerdo nacional que atendiera los grandes pendientes educativos y hacendarios, para dar paso entonces a una política social de fondo.
Se cuidaron, sin embargo, de no filtrar ningún indicio sobre los entretelones del acuerdo, bajo el entendido de que si esto ocurría, el ala radical afín a López Obrador boicotearía el avance de las negociaciones, es decir, Izquierda Democrática Nacional (IDN), el grupo comandado por René Bejarano y la senadora Dolores Padierna.
Así la secrecía del Pacto por México se mantuvo en octubre y noviembre, cuando a decir de los protagonistas ocurrieron los jaloneos y las tensiones mayores en torno del grado de compromiso que habría de compartirse en las reformas hacendaria y energética. 

El atorón y las amenazas
En lo que ilustra el estilo particular de negociar, Peña Nieto hizo suyas las promesas electorales del PAN y del PRD, y envió la señal de que iba en serio el propósito de pactar un acuerdo.
Dos temas fueron cruciales para convencerlos de la disposición del futuro gobierno para impulsar cambios contra los poderes fácticos: una reforma educativa, que quitaría al sindicato el control sobre el ingreso y promoción docentes, y otra para garantizar la competencia en telecomunicaciones.
Así, Zambrano y Madero comenzaron a preparar el terreno para conseguir el aval de sus correligionarios.
Para los perredistas, sin embargo, el tópico más espinoso era el de no incluir en los compromisos del acuerdo el IVA a alimentos y medicinas y sí, por el contrario, garantizar la incorporación del combate a los paraísos fiscales.
Pero el atorón más grave se dio en la redacción del apartado energético, pues el PRD sujetó la firma del acuerdo a la exclusión de cualquier modificación al 27 constitucional y, consecuentemente, a la eventual apertura de Petróleos Mexicanos a las inversiones privadas.
Salvado esto, cinco días antes de que Peña Nieto rindiera protesta, los involucrados anunciaron el Pacto por México. Esas horas fueron las más delicadas para la viabilidad del acuerdo: la búsqueda del consenso dentro del PAN y del PRD. Pese a las oposiciones, en un hecho inédito, la corriente reformista del PRD publicó un comunicado de respaldo de legisladores a Zambrano, aunque la corriente de Bejarano y Alejandro Sánchez ventilaron sus impugnaciones. Con todo, el Pacto por México se firmó el 2 de diciembre, unas horas después del regreso del PRI a Los Pinos.

Fin de la era Gordillo
La tarde del 26 de febrero fue detenida en el aeropuerto de Toluca Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente vitalicia del sindicato más poderoso de América Latina. La PGR la acusa del desvío de casi dos mil millones de pesos de los fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Debido a que los delitos que se le imputan —operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada— son considerados graves, la maestra chiapaneca está encarcelada desde esa noche, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y luego trasladada por cuestiones de salud a Tepepan.
Considerado el hecho político más importante de los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, partidos, funcionarios y analistas han tenido diversas reacciones, la mayoría de respaldo al encarcelamiento de un personaje que hasta entonces se pensaba intocable.
Cuando Gordillo fue detenida, los líderes de los principales partidos políticos ya habían sido informados. El rumor llegó a San Lázaro y aquello era un avispero, pero ese día no hubo declaraciones en favor de la maestra, ni hubo manifestaciones contra su detención.
El mismo 26 de febrero, la otrora intocable líder magisterial fue encarcelada. Al día siguiente, Gordillo comparecía tras la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal. El 4 de febrero se le dictó auto de formal prisión, en medio de un alud de amparos promovidos por familiares y cercanos.
El procurador Jesús Murillo Karam ha dicho que podrían imputársele nuevos cargos a la maestra Elba Esther.
La hasta entonces todopoderosa líder gremial ejerció el poder por 24 años; fue colocada al frente del SNTE en 1989 por Carlos Salinas de Gortari, en sustitución de Carlos Jonguitud Barrios. En esos años se hizo de mansiones, aviones y autos de lujo, presuntamente con las cuotas de los maestros.
El país entero fue testigo de los gastos exorbitantes, como en 2008, cuando Gordillo regaló a líderes gremiales 59 camionetas Hummer, en las que se gastó 21 millones 830 mil pesos. Cuando los cuestionamientos subieron de tono, Gordillo dijo que las Hummer serían rifadas “para mejorar la infraestructura de diez escuelas por cada entidad”, y aseguró que legalmente eran patrimonio del SNTE.
Pese a los hechos ni la Secretaría de Hacienda ni la PGR indagaron qué ocurría dentro de ese sindicato.
Con las cuotas de los maestros, Gordillo compró dos mansiones en San Diego. La más grande, con 500 metros cuadrados, seis recámaras y siete baños, valuada en cuatro millones de dólares y está a nombre de Comercializadora TTS, cuya socia principal es su extinta madre. Gordillo la compró en 1991, a sólo tres años de haber asumido el liderazgo del SNTE.

Le habían dado un ultimátum
Elba Esther Gordillo cayó del Olimpo de los Intocables y nadie fue en su auxilio. De acuerdo a un legislador federal que pidió el anonimato, la administración de Peña Nieto le había puesto un plazo para que dejara el cargo: el último día de marzo. Se le percibía como alguien que había acumulado demasiado poder y se oponía a la reforma educativa.
“Gordillo actuó como si no hubiera escuchado el ultimátum, siguió impulsando acciones contra la reforma educativa y llamó ignorante a Emilio Chuayffet. Las consecuencias no se hicieron esperar”, dijo el legislador a Excélsior.
En diversas ocasiones Gordillo, expresó su inconformidad con la reforma educativa. En diciembre de 2012, en el marco de la 35 asamblea extraordinaria del SNTE, se pronunció contra la “privatización de la educación”.
El domingo 24 de febrero, dos días antes de su detención, el SNTE emitió un comunicado en el que tachó a Chuayffet de ignorante, pues desconocía que el sistema nacional de evaluación es parte del sistema profesional docente.
“El SNTE manifiesta su preocupación por la ignorancia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, respecto al Sistema Educativo, como quedó evidenciado en su reunión de la semana pasada con Senadores.”
Al día siguiente, 25 de febrero, se promulgaría la reforma educativa. Estaba citado en Palacio Nacional todo el gabinete. De Elba Esther Gordillo, ni sus luces.
Por uno de los pasillos que conducen al patio de honor caminaba tranquilamente Emilio Chuayffet, quien había llegado muy temprano a la cita. Gustavo Madero, presidente del PAN, se acercó para saludarlo cordialmente.
Un grupo de reporteros le preguntó: “¿Qué piensa de las declaraciones de Gordillo?” Chuayffet se limitó a responder: “Escuchen el discurso y con mucho gusto después hago una declaración”. Ya en el podio, Chuayffet se lanzó con todo contra quienes por “ignorancia cuando no por la mala fe” decían que la escuela dejaría de ser gratuita. Al día siguiente a todos sorprendió su aprehensión.

Aplauden el elbazo
 La captura de Elba Esther Gordillo es el hecho más importante en materia educativa en estos primeros 100 días, consideró Sylvia Schmelkes, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Al hacer un análisis del rubro, dijo que la detención de Elba Esther Gordillo fue “un golpe maestro”, pues logró lo que antes nadie hizo por temor a una rebelión de los docentes, que no se dio.
Dijo que actuar contra la maestra pudo causar el levantamiento de agremiados contra el gobierno, pero en el día 86 de su gobierno Peña Nieto lo hizo y ningún profesor salió a defenderla.
“Con semejante acusación, ningún docente se levantará a defenderla. Considerada una de las personas más odiadas por la sociedad mexicana, este acontecimiento ha causado enorme simpatía entre los ciudadanos.”
Desde su perspectiva, “la mal llamada reforma educativa” caminaría sin la oposición del SNTE y “la detención de Elba Esther se entiende en ese contexto”.
Considera que la reforma educativa “no es suficiente para mejorar dos problemas fundamentales de la educación”, como la deficiente calidad del aprendizaje y la inequidad en las oportunidades de acceder a la escuela.

Polémica liberación de Florence Cassez
Cincuenta y tres días después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la absoluta e inmediata libertad de la francesa Florence Cassez, procesada y condenada por el delito de secuestro.
En el sexenio anterior, el caso Florence Cassez provocó incluso un desencuentro diplomático entre los gobiernos de Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy.
Pero ahora, en el nuevo sexenio, casi un año después de que el máximo tribunal analizó por primera vez el caso, los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero lograron la liberación de la francesa, al otorgarle un amparo “liso y llano”, ayudados por el sufragio del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue promovido recién por el PRI de Peña Nieto.
Era una resolución que se veía venir desde casi dos meses antes de las elecciones de julio de 2012; Excélsior publicó entonces una entrevista con la ministra ponente, Olga Sánchez, quien afirmó que al revisar el expediente “veía muchas más razones” para otorgar la libertad a la francesa.
Tras el fallo, Peña Nieto instruyó a los titulares de la PGR y de Gobernación a no repetir situaciones como la de Cassez.

Les faltó un voto
El 21 de marzo de 2012, la Primera Sala había desechado el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien proponía la liberación inmediata de Florence Cassez, quien entonces purgaba el octavo año de una sentencia de 60 años por el delito de secuestro.
En esa ocasión Zaldívar no consiguió el respaldo de otros dos ministros, aunque en la discusión, cuatro de los cinco integrantes de la Sala admitieron que las anomalías afectaron el debido proceso. El asunto fue turnado a Olga Sánchez.
Ese día, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero se pronunciaron por otorgar el amparo “liso y llano” a Cassez.
En contra lo hicieron el ahora ministro en retiro Guillermo Ortíz Mayagoitia, quien rechazó totalmente que hubiera razones de inconstitucionalidad en el asunto, y Jorge Pardo Rebolledo, quien consideró que no había posibilidad de subsanar jurídicamente las deficiencias en el procedimiento.
José Ramón Cossío Díaz planteó que debía concederse el amparo a Cassez, pero sólo para efectos y no para la absoluta libertad; es decir, ampararla sólo para reponer procedimientos jurídicos violatorios de las garantías individuales.
El 23 de enero pasado, sin embargo, la Suprema Corte sentó un precedente al conceder un amparo “liso y llano” a Florence, acusada de secuestrar a tres personas, lo que en la práctica significó su inmediata libertad.
En un giro sorpresivo durante la sesión, luego de que la ministra Sánchez Cordero incorporó observaciones que realizaron los ministros en sus ponencias al no estar de acuerdo con su proyecto, se concedió el amparo por determinarse que hubo graves violaciones a los derechos humanos considerados en la Carta Magna.
Los ministros fueron enfáticos al advertir que la Suprema Corte no podía determinar si la acusada era culpable o inocente de los secuestros imputados, sino únicamente sobre si las autoridades mexicanas cometieron diversos abusos que contaminaron todo el proceso judicial.
Con los votos favorables de los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Olga Sánchez contra dos de Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío, el máximo tribunal del país ordenó la liberación absoluta e inmediata de la francesa.

¿Y las víctimas?
Esta liberación provocó reacciones encontradas de activistas sociales. Algunos consideraron que se fijaba un precedente histórico al condenar la violación a los derechos humanos, mientras que otros opinaron que las garantías individuales de las víctimas quedaban vulneradas y se favorecía a los victimarios.
María Elena Morera, quien preside Causa en Común, exigió que los ministros que sufragaron por la libertad de Cassez explicaran a la sociedad en qué tipo de casos se otorgarías los beneficios otorgados a ella.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la determinación, porque cualquier preso que tenga un buen abogado ya estará alistándose para aplicar el mismo beneficio que tuvo la francesa”, expresó.
Minutos antes de que se resolviera el caso en la Corte, Isabel Miranda de Wallace abandonó el recinto al ver que era inminente la liberación de Cassez, tras el giro dado por Sánchez Cordero. La dirigente de Alto al Secuestro auguró que con esta determinación se vendría un desfiladero de delincuentes buscando este tipo de amparo.
“Creo que sería muy grave que la impunidad siga imperando por quien más tiene, o quien tiene poder político, y que dejen a las víctimas con las manos vacías”, dijo entonces.
En contraparte, Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, aplaudió el falló y externó que así se consiguió fortalecer la impartición de justicia y las bases del sistema jurídico mexicano.
“No hay sistema de justicia que pueda prevalecer a costa de violar el debido proceso, como sucedió con la francesa Florence Cassez; solamente a través de respetarlo puede llegarse a un sistema de justicia que ofrezca garantías, objetividad y certeza”, consideró.


® Derechos Reservados. Fotos y artículo originalmente publicados en Excelsior (10/3/2013)

No hay comentarios. :

Publicar un comentario