6 de junio de 2013

Desigualdad educativa y tipos de políticas

Por Pedro Flores Crespo*
A medida que las sociedades cambian, los problemas sociales y educativos adquieren características complejas. A esta complejidad se deben enfrentar los gobiernos con sus respectivas políticas y programas. Ahora ya no se trata solamente de construir escuelas; sino de transformar el proceso educativo para que por un lado, todas las niñas, niños y jóvenes reciban educación y por otro, se distribuyan de manera más equitativa los beneficios de la escolaridad. Hace algunos años era suficiente, por ejemplo, distribuir libros de texto por todo el país para que el gobierno en turno se legitimara; ahora este tipo de libros forman parte de un amplio conjunto de recursos de información que rebasa por mucho las paredes de las escuelas.
Distribuir recursos en el sector educativo sigue siendo importante, pero la investigación educativa ha mostrado que esto no basta para mejorar la educación del país. Se pueden crear cientos de instituciones en educación superior, pero probablemente la expansión de capacidades intelectivas para los sectores más desprotegidos no es proporcional al incremento de universidades. Se pueden decretar reformas de obligatoriedad del bachillerato y sin embargo, los beneficiarios pueden ser, como advertí en Campus (438; 03/11/11), los jóvenes mejor posicionados social y económicamente. Se pueden llevar universidades a los indígenas con el propósito de ser justos, pero la probabilidad de propiciar “desigualdades horizontales” entre los distintos grupos está latente.
Reconocer esta complejidad de los problemas educativos es un paso necesario para imaginar qué tipo de políticas se deberán promover para abatirlos y consecuentemente, ampliar la legitimidad de la autoridad democráticamente electa. Una tipología de políticas ampliamente conocida es la Theodore J. Lowi de la Universidad de Cornell, quien señaló que las políticas (policies) pueden determinar el ambiente político (politics). Lowi identifica cuatro tipos de políticas: (1) distributivas, las cuales están orientadas a repartir nuevos recursos, (2) redistributivas que se encargan de cambiar los patrones de distribución, (3) regulatorias, las cuales sujetan a nuevas reglas las actividades de los participantes de política y (4) constitutivas que promueven el establecimiento y reorganización de instituciones.
Michael Hill (Universidad de Newcastle) señala que lo que buscó Lowi con su tipología de políticas fue explicar el grado en que las políticas encuentran resistencia. Bajo este argumento, se puede inferir que las políticas distributivas pueden no presentar tantas complicaciones como las de tipo regulatorio y constitutivo. En este caso, podríamos ubicar la actual reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual tiene un gran componente de acciones regulatorias y constitutivas y quizás por ello, las muestras de rechazo de ciertos actores han sido tan marcadas y categóricas.
Como todo asunto académico, las tipologías de políticas públicas han recibido críticas y por lo tanto, reformulaciones. Una reformulación interesante en este sentido es la de Joan Benach y colaboradores para el sector de la salud, específicamente, en el tema del combate a las desigualdades. Revisando la tipología de la profesora Hilary Graham de Universidad de York en el Reino Unido, Benach propone cuatro tipos de políticas para atacar la desigualdad en el área de la salud. El primer tipo combina un enfoque de focalización para llevar servicios de salud a los más desfavorecidos con otro orientado a acortar las brechas entre los pobres y el resto de la población. El segundo tipo promueve políticas universales pero con un énfasis especial en los más pobres mientras que el tercer tipo es de carácter redistributivo y busca que los grupos mejor posicionados social y económicamente no se beneficien de dichas políticas y programas. El cuarto tipo de políticas propuesto por Benach y colaboradores se llama “universalismo equilibrado” (proportionate universalism), el cual promueve que las acciones públicas lleguen a todos, pero con una escala e intensidad que sea proporcional con el nivel de desventaja. Este tipo de políticas recuerda —en cierto grado — la propuesta de “proporcionalidad solidaria” que desde hace tiempo hizo Pablo Latapí Sarre para el sector educativo de México.
Las ventajas de desarrollar y aplicar una tipología de políticas, según Benach et al., es que en primer lugar, se tiene un conocimiento mucho más profundo de las poblaciones a atender y segundo, la evaluación de las políticas está mejor orientada. ¿No podría el ámbito de la educación aprender de las sustanciales lecciones ofrecidas por el sector salud en México y en el mundo? Desarrollar una nueva tipología de políticas para tratar de combatir la desigualdad en el sector educativo sería un camino fértil que, inevitablemente, implica una constante discusión teórica, una imaginativa aplicación empírica y sobre todo, un genuino interés académico.

Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

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