3 de junio de 2013

Las lecciones de la Alianza por la Calidad de la Educación

Un Experto de la Ibero y la académica de la Dirección de Indicadores Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación son los autores del libro "Implementación de Políticas Educativas: Los concursos de oposición y la Alianza por la Calidad de la Educación", en donde se desarrollan una serie de lecciones para el análisis de la realidad educativa en México.

En su momento, la Alianza por la Calidad de la Educación, como un acuerdo político que buscaba elevar los niveles de educación básica en México, ofreció al menos siete importantes lecciones para el análisis. 
Así lo señalaron el doctor Pedro Flores Crespo, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, adscrito a la Universidad Iberoamericana, y Dulce Carolina Mendoza Cázarez, de la Dirección de Indicadores Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambos autores de"Implementación de Políticas Educativas: Los concursos de oposición y la Alianza por la Calidad de la Educación".
Dichas lecciones fueron las siguientes:
1) La creencia de que, para impulsar políticas públicas se necesitan instrumentos de política que se ubiquen por arriba de los planes de desarrollo educativo de los gobiernos federales y estatales, en términos de implementación, pone el esfuerzo de las autoridades educativas y sindicales en un contexto político, legal, y administrativo incierto, al no ofrecer claridad sobre factores clave como el financiamiento, por ejemplo. Tampoco pone en evidencia cómo incrustar un acuerdo bilateral dentro de un entramado intergubernamental e intersectorial, como el que sugiere la Alianza, cuando en el diseño no se involucraron actores clave como los gobiernos de los estados y otras dependencias gubernamentales y no gubernamentales.
2) La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), podrá ser un acuerdo cupular en su diseño e impulso, pero el proceso de ejecución indica un complejo ambiente formado por actores múltiples que operan y actúan en distintos niveles de gobierno. Esto evidencia la necesidad de recurrir al enfoque de redes de política como herramientas de análisis de los procesos de implementación. Mientras que en la primera convocatoria, sólo siete estados pusieron plazas a concurso, para la segunda ya eran 13. Si bien este número no representa ni la mitad de las entidades federativas del país, el incremento sugiere que existe un proceso de negociación intergubernamental para implementar algunas acciones en la política de profesionalización docente.
3) A pesar de que la coalición mayoritaria formada por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contó con considerables recursos de política (autoridad legal, opinión pública, información, recursos financieros, liderazgos), algunas políticas y programas de la ACE carecieron de un proceso de implementación efectivo. El caso de los concursos de oposición para la obtención de una plaza, que es parte medular de la política de profesionalización docente, es prueba de ello. Sin embargo, las fallas señaladas en la implementación no se explican solamente por la calidad moral de un actor, sino por una serie de deficiencias legales, administrativas, técnicas, de gestión y políticas. Por ejemplo, que en la ley se estipule que el grupo dirigente del SNTE puede asignar cincuenta por ciento de las plazas de nueva creación, que en lugar de plazas se les asignen interinatos, que se oculte información sobre el diseño y validez del examen, y que varíen los requisitos para participar en las convocatorias de acuerdo con el nivel de negociación con las secciones sindicales. Todo esto hace que se borre de la mente de los maestros la confianza en los concursos de oposición.
4) El objetivo de lograr la calidad educativa por medio de la profesionalización docente y más específicamente, de un concurso relativamente abierto para obtener una plaza, enfrenta a las tres burocracias de mayor peso en el subsistema de educación básica: la Secretaría de Educación Pública, la organización sindical del magisterio, tanto la “oficial”, representada en el SNTE, como el grupo disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, y los gobiernos de los estados.
Este no es un asunto menor ni sencillo o fácil de manejar, como lo demuestran los hechos. El nivel de conflicto es considerable y la Alianza lo mostró claramente. Las negociaciones se paralizaron, se despidieron funcionarios de alto nivel y se trabaron importantes acuerdos. Todo esto repercutió en el proceso de implementación. Conciliar la calidad educativa que deben recibir todos los niños y jóvenes inscritos en el subsistema de educación básica de México, con la defensa de los derechos laborales de los profesores (como la antigüedad para ser promovido o la permanencia en el puesto a pesar de mostrar incapacidad), nos demanda pensar y discutir más a fondo nuevas formas de resolución de conflictos entre las elites políticas encargadas de diseñar e implementar políticas.
5) La quinta lección de la Alianza, al ser analizada por medio de un marco teórico de la implementación, revela efectos no esperados (outcomes), los cuales ponen al descubierto temas imprescindibles para el desarrollo educativo del país. Por ejemplo, sorprendentemente, un mayor número de profesores están optando por presentar el examen, y además, parece haber una relación directa entre el nivel de escolaridad de los sustentantes y la probabilidad de obtener un buen resultado en el examen. Todos estos puntos son materia de los especialistas, quienes podrían sugerir esquemas de evaluación más consistentes e integrales para capturar las cualidades positivas de los profesores y así, asignarles una plaza para formar a los ciudadanos que el país requiere. Otro tema que la Alianza resaltó, al ser estudiada en su fase de implementación, fue la urgente necesidad de reformar las Escuelas Normales a partir de los resultados presentados por los exámenes utilizados en los concursos. La autoridad educativa tiene aquí un potencial de cambio en virtud de las terribles deficiencias de las instituciones mexicanas de formadores de maestros.
6) Afirmar que impulsar (de modo veraz y confiable) la creencia en el mérito académico para lograr una plaza, abre una buena oportunidad para la autoridad educativa de buscar el apoyo de actores diversos y con ello, formar coaliciones para impulsar políticas de profesionalización docente. Pero hay otra ruta interesante para la construcción de coaliciones. Si se permite que la burocracia sindical borre su identidad y pase de ser un organismo defensor de derechos laborales de los trabajadores a una “autoridad educativa”, el efecto del descrédito ante los agremiados puede incrementarse. ¿A qué grado es importante este efecto? Al grado en que los trabajadores estén facultados por la ley para exigirle a sus representantes sindicales rendición de cuentas y transparencia, sin sufrir alguna consecuencia.
7) Adentrarse en el estudio de la implementación de políticas educativas representó también incursionar en la indagación de algunos rasgos de nuestro sistema democrático. La forma en cómo se llega o no a la construcción de un imperativo consensual para poder implementar una política; el cómo los actores construyen su realidad, la analizan y buscan intervenir en ella; la legitimidad de un gobierno con una capacidad intelectual mermada; la autoridad ejercida por una burocracia que se mueve a sus anchas dentro del solapamiento institucional; la confianza de los maestros; el vigor pero también la sobreideologización de algunos cuerpos disidentes; la radicalidad o devilshift (satanización) de algunos especialistas para mirar la realidad educativa, y el fugaz comentario de los creadores de opinión pública, son elementos muy significativos del contexto que recrea y construye nuestras políticas educativas; pero sobre todo, representan motivaciones para seguir el camino del análisis de políticas con mayor interés.

® Derechos Reservados. Fuente: Universia

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