27 de junio de 2013

Miento luego existo

Por Pedro Flores Crespo*

Uno de los rasgos más evidentes de la debilidad de nuestra democracia es que por un lado, la opacidad se extienda y por otro, que no sepamos qué hacer con la información que se genera sobre un asunto público. Ambos puntos están relacionados y revelan una de las causas por las cuales las políticas públicas no pueden desarrollarse plenamente. El uso de la información —cuando existe— no es un factor que esté sirviendo para prevenirnos efectivamente de cometer errores mayúsculos en la vida pública de México.
Si hubiera habido amor a la verdad, una ciudadanía vigilante, una prensa más activa y un sistema judicial independiente, ¿hubieran llegado hasta donde llegaron los casos de Andrés Granier y Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernadores de los estados de Tabasco y Aguascalientes, respectivamente, que ahora están acusados de malversación de fondos públicos? Si hubieran habido integridad, reglas claras y transparencia dentro del Senado de la República, ¿sería un escándalo la discrecionalidad con que se repartieron más de 16 millones de pesos para “gestión legislativa” entre los 38 senadores de Acción Nacional? Aquí lo sorprendente es que, ante lo evidente, nadie acepta responsabilidades. Todo es un compló, “me quieren enlodar”.
Y cuando veíamos indignados cómo los casos de corrupción se multiplicaban, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide negar un amparo a la organización civil Fundar, que pretendía conocer el patrimonio de los diputados. ¿Las razones? Según Miguel Pulido, director de Fundar, seis ministros contra cinco consideraron que “no hay razones de interés público para vencer la reserva de cierta información”. Los argumentos utilizados por los ministros fueron que es necesario “defender la esfera privada” del servidor público y que la sociedad “no tiene derecho a fiscalizar a sus gobernantes”. Al padre no se le cuestiona, pues.
¿Está el medio educativo y universitario, supuestamente dotado de grandes valores y mística, exento de opacidad, corrupción y mal uso de información? Claro que no; y no porque la educación no sea importante, sino porque en el interior de nosotros los mexicanos prevalecen otros valores mucho antes que el amor a la verdad. 
A muchos nos sorprendieron las declaraciones de Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior sobre la supuesta falsificación en las cifras de cobertura en el nivel universitario. Ante la pregunta de Nurit Martínez, sobre si la administración de Felipe Calderón (2006-2012) “mintió” acerca de la cobertura, el funcionario dijo que había “duda” en cuánto estaba. Cuando se tengan las cifras exactas, continuón, las podrán decir, pero “no es ni como mucho (30 por ciento), menos lo que se decía del 35 por ciento, no llegamos al 30 por ciento” (El Universal, 20/06/13) ¿Es la discrepancia en las tasas de cobertura un mero error de cálculo, como varios investigadores educativos han señalado, o es una estrategia política para ajustar, a la baja, los referentes con que valoraremos el desempeño del actual gobierno priísta? ¿O son las dos? ¿Fueron los gobiernos de la transición (2000-2012) igual de ópacos que sus antecesores priístas?
El gobierno del Vicente Fox (2000-2006) tuvo el acierto de crear el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y en el terreno educativo, se comprometió con generar información objetiva sobre el desempeño global del sistema educativo —en este sentido surgió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)—  y sobre todo, prevaleció la postura oficial de no ocultar la información de los resultados en las pruebas de logro académico nacionales e internacionales. Hace 19 años, con el PRI en el poder, estos resultados se ocultaban para “no generar mayores problemas”.
Una vez que México iba construyendo información relativamente confiable y cambiando la “política del avestruz” (Latapí), llegó la administración de Felipe Calderón (2006-2012) que no escuchó las críticas ni tampoco meditó serenamente qué usos podía darle a la información de las pruebas de logro escolar para poder impulsar un verdadero cambio en el sector educativo. La sobre estimación de la prueba Enlace (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares) sirvió para fines contrarios: preparar al estudiante para pasar la prueba, fomentar la publicidad basada en rankings y cuadros de honor, ofrecer estímulos económicos a escuelas y maestros con base en los puntajes de Enlace, lo que generó vicios y malas conductas escolares. Finalmente, al no saber qué hacer con la información sobre el rendimiento escolar, la evaluación del aprendizaje se sobredimensionó al grado de que ahora este recurso de las políticas está inmerso en un contexto de pugnas ideológicas, conflicto político y confusión. 
La declaración del INEE y del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet en el sentido de revisar la prueba Enlace, que eventualmente podría “desaparecer”, revela que algo hicimos mal los participantes de la política educativa y que afortunadamente, se planea corregir. Sin embargo, es importante destacar que técnicamente, la prueba podrá mejorar sustancialmente, lo que habrá que reflexionar y defender ahora es el derecho del ciudadano a estar informado, a usar la información de modo inteligente y sobre todo, a que se construya la estructura de oportunidades para desarrollar nuestras competencias democráticas y exigir que la falsificación, opacidad y la mentira ya no permee la vida pública de México. ¿Es esto mucho pedir? El reto es ético, no sólo técnico.

Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio

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