22 de agosto de 2013

Tiempo de discusión: leyes y política educativa

Por Pedro Flores Crespo*

Dicen los teóricos que las leyes “estructuran” las políticas públicas (Sabatier). En México, la evidencia ha mostrado que la norma jurídica puede darle estabilidad a las acciones educativas a través del tiempo; pero no sirve para elevar su efectividad (Latapí). Si a esto le agregamos que en general los mexicanos somos reacios a cumplir la ley porque las creemos injustas, porque representan los intereses de la mafia o simplemente porque no están de nuestro lado, la noticia de que el titular del Poder Ejecutivo avaló tres iniciativas de ley sobre educación, va a generar reacciones, polémica y debate. Estos tres ordenamientos jurídicos son el del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); el del Servicio Profesional Docente (SPD) y el de reforma a la Ley General de Educación (LGE).
Analizar el contenido de estas iniciativas es indispensable, sin embargo, también es pertinente preguntar: ¿qué otros instrumentos, aparte de la ley, ha imaginado la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transformar la educación de México? Utilizar el acuerdo corporativo ya no es útil —como tarde aprendieron los panistas—, dotar de más dinero al sector educativo es necesario pero no suficiente, darle un calentón al opositor puede dejar de ser un acto secreto gracias a las redes sociales, apelar al “alma nacionalista” del mexicano da sueño, y cooptar a los disidentes ya no es lo suficientemente rentable, entonces, ¿qué caminos tomará el gobierno priísta para realmente “mover” a México hacia mejores niveles de educación y de aprendizaje?   
En la discusión de las leyes secundarias existe una buena oportunidad para poder legitimar, por medio de la argumentación y la persuasión, una decisión política y avanzar no sólo en su aprobación, sino también hacia su cabal cumplimiento. A pesar de que el tiempo está en contra, la forma en cómo discutamos las iniciativas propuestas por el Ejecutivo va a poner a prueba nuestra madurez política y democrática.
Al firmar las iniciativas de ley, el presidente de la República, ya consignó su visión. Ahora le toca al Congreso de la Unión, específicamente, a los legisladores realizar un sesudo análisis de las propuestas legales para verificar cómo se interrelación entre sí, qué fallas o vicios pueden generar y a partir de ahí, proponer cambios para su eventual aprobación. ¿Estarán los representantes populares conscientes de la responsabilidad que tienen en su manos y de las repercusiones que puede haber si no abren la discusión y se sujetan a los chantajes de su “jefe político” o a las presiones de un determinado grupo, sea éste magisterial o empresarial? 
Si en ocasiones el Ejecutivo ha hecho propuestas cuestionables, el legislativo tampoco se ha distinguido por ser un poder público con la suficiente imaginación para reemplazar el esquema de gobernabilidad vertical, clientelista y corporativo que nos heredaron los gobiernos revolucionarios (1920-1981) y que no quisieron cambiar los gobiernos modernizadores (1982-2000) ni tristemente los de la transición (2001-2012). 
Aunque el actual gobierno priísta tenga un “ímpetu reformador” (Krauze) y quisiera cambiar el ineficiente esquema de gobernabilidad sobre el que opera el sistema educativo de México, no podrá hacerlo solo ni mucho menos con los recursos de antaño. Por eso, advierto una oportunidad de avanzar en términos de madurez política y democrática si los diversos participantes de política actuamos con la responsabilidad que a cada uno nos toca o que cada uno quiere y decide asumir. Esto equivaldría a hacer públicas las políticas.  
Así como al priísmo actual ya no le funcionaría utilizar los recursos de antaño para empujar sus políticas, a los disidentes ya tampoco les resultan útiles sus formas tradicionales de presión. Tengo la impresión de que los opositores magisteriales se están marginando cada vez más del espacio público y no es porque su lucha sea infundada, sino porque a medida que una sociedad cambia, también cambian las formas de mirar los problemas y de procesar los conflictos. 
Pero habiendo criticado la posición de los maestros, ¿qué hay de los académicos? La voz de estos actores es también imprescindible en esta coyuntura política debido a que (idealmente), sabemos ser independientes pues nos pagan para pensar libremente. Además, por nuestra labor profesional cotidiana, tendemos a buscar la objetividad y a pesar de que todos tenemos inclinaciones ideológicas y políticas, experimentamos ser “transposicionales” frente a los fenómenos, problemas y objetos de estudio. Bajo este escenario, ha sido alentador que distintos colegas soliciten a la SEP, por mail o tuiter, los documentos oficiales de tales iniciativas, que entre tuiteros intercambiemos opiniones y que hagamos preguntas sobre la reforma que la versión oficial no considera. Incluso, con buenos reflejos políticos y comerciales, periódicos, gremios de investigadores, organizaciones civiles y portales educativos han subido a sus sitios los proyectos de ley presentados por el secretario de Educación Pública el pasado 13 de agosto. 
¿Se darán también cuenta los altos funcionarios y planeadores de la SEP de que hay una sociedad crecientemente más informada y por lo tanto, mejor capacitada para discutir y argumentar? Mucho me hubiera gustado que al momento en que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, anunciara que ya están listas las iniciativas de ley, también se diera a conocer una especie de blog interactivo en donde todos los interesados pudieramos opinar libremente. Este recurso les podría servir a los servidores públicos para detectar errores, tener una mejor idea de por dónde va la discusión, qué contraargumentos preparar para defender su propuesta y sobre todo, qué recursos legítimos deberán utilizar para mejorar las propuestas de ley que ahora están en manos de los legisladores. 
No sólo legislar es importante para el desarrollo de la educación en México, se requiere también promover la deliberación y el “razonamiento público” desde la SEP, que para algunos, podría constituirse como el “ministerio del pensamiento”.

* Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

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