18 de octubre de 2013

¿Puede la evaluación mejorar la política educativa? (tercera y última parte)

Por Pedro Flores Crespo*

¿Qué realmente se está transformando con los cambios propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa? Esta fue la pregunta principal que guió el seminario internacional sobre la reforma del sector organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el 25 y 26 de septiembre pasado. Como un agradecimiento a Flacso por haberme invitado a participar en ese encuentro, trataré, en este última entrega, de responder a la pregunta que inteligentemente bautizó su magnífico encuentro.
Transformar quiere decir que algo cambie de aspecto. Si nos ceñimos a esta simple definición, lo primero que diría —siguiendo el argumento de Sylvia Schmelkes — es que con la reforma educativa, se modificó el lugar de la educación en los planes de gobierno y en el debate nacional. Desde principios del 2013, la educación básica, que aglutina al mayor número de estudiantes, presupuesto y recursos, ha sido materia de un constante y a veces ríspido debate. El seguimiento informativo a cada paso de la reforma ha sido puntual y derivado de ello, muchos hemos podido, desde nuestras diferentes trincheras, pensar, opinar y reflexionar sobre lo que está haciendo el actual gobierno priísta en materia educativa. Esto contribuye, en cierto sentido, a hacer públicas las políticas.
Sin embargo, aún persiste un problema. Pese a la preocupación de esta administración federal por la educación y al interés de la sociedad por participar en el debate, parece que no se ha transformado la capacidad del gobierno de escuchar argumentos distintos a los suyos, aprender del diálogo y matizar sus propuestas e iniciativas. El gobierno “por discusión” que, entre otras cosas, serviría para mejorar la calidad de nuestra democracia, no se advierte dentro de algunos círculos del poder Ejecutivo y Legislativo. 
Si bien esta administración optó por una vía distinta al corporativismo clásico para impulsar cambios sustanciales en la educación de México, aún falta dar mayores pasos hacia la construcción de un nuevo esquema de gobernabilidad eficiente y democrático. Las leyes aprobadas, por ejemplo, presentaron deficiencias que diversos grupos y analistas identificaron a tiempo y sin embargo, no pudieron ser enmendadas. Una de estas deficiencias es una idea preconcebida de que los maestros mexicanos son irresponsables por naturaleza y por tanto, su actuación debe regularse al máximo. 
Otra cosa que a mi juicio parece transformarse es el lugar de los especialistas dentro de los procesos de política educativa. En un seminario sobre “evaluación docente” en la Universidad de Colima, expresé que al contrario de hace algunos años cuando había sólo dos actores configurando la agenda educativa, ahora hay por lo menos un tercer actor cuyo recurso de actuación es el conocimiento especializado. Esto no es poca cosa, pues, como diría Anthony Giddens, la confianza en sistemas abstractos y móviles como el conocimiento es un paso hacia la modernidad. Dejar de confiarle al Rey, sacerdote, líder o rector el desarrollo educativo del país es un paso hacia delante y confío en que el equipo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sabrá construir la institucionalidad necesaria para hacer frente a los retos políticos, técnicos y sociales que la actual coyuntura le plantea. 
Pero el debate sobre la educación también revela agrias disputas y prejuicios. Algunos profesores disidentes manifestaron que ciertos grupos sociales como el de los empresarios debía “sacar las manos” de la educación (La Jornada, “Exigen diálogo con la IP”, nota de Laura Poy; 02/06/12). Cambiemos la pregunta del seminario de Flacso y pensemos, ¿qué es lo que no se ha transformado dentro del ámbito educativo para que se expresen tales posiciones? ¿Es que acaso la pluralidad incomoda? Si este reclamo es causado por la carencia real de oportunidades para expresarse, participar y tener voz en la definición de la agenda educativa nacional, así debe expresarse y no pidiendo “diálogo” por un lado y descalificando por el otro. 
A la participación de cada grupo social y actor político la cruza una estructura de poder que en México, como en muchos países, es desigual y si los maestros la saben identificar y la señalan sin caer en la intolerancia, podrán conjuntar apoyos con otros participantes de las políticas como el de los investigadores. 
Parece haber fuertes coincidencias en la necesidad de democratizar las condiciones para participar en las discusiones sobre el cambio educativo. Si recuperar la “rectoría del Estado” en materia educativa implicó una fuerte concentración de poder, ahora la incógnita es si habrá una redistribución de éste para tratar de implementar eficazmente la reforma. Este camino, no obstante, presenta un problema: Democratizar, implica para el PRI perder poder. Ya veremos qué camino elige. Ellos también podrían transformarse gracias a la reforma. La bolsa de la legitimidad aguarda a los gobiernos que pagan los costos por un bien mayor. 


* Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

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