14 de noviembre de 2013

¿Qué lugar tiene el individuo en la política educativa?

Por Pedro Flores-Crespo*


¿Qué modelo de persona revelan las políticas educativas en México? ¿Seres unívocamente dispuestos a maximizar la utilidad económica? ¿Individuos que asumen sus responsabilidades y obligaciones? ¿Víctimas del modelo económico predominante? ¿Seres confiables? ¿O es que acaso preguntarse quiénes y cómo son los sujetos de las políticas públicas es irrelevante?
¿Por qué un estudiante elige una opción académica distinta a la que está al alcance de sus posibilidades reales? ¿Por qué se crea una ley en donde —a pesar de ordenar y poner reglas claras—, subyace una idea del maestro incumplido cuando la generalidad no es así?
Las racionalidades “razonadas” de los individuos (estudiantes, maestros e investigadores, especialmente) parecen no estar en el centro de la mirada del funcionario público al momento de proponer políticas, programas e intervenciones educativas y escolares. Piense usted, por ejemplo, en el caso de los investigadores que a juzgar por el número de controles y evaluaciones que hay que pasar, cualquiera pensaría que somos unos aprovechados y gandallas.
Va otro ejemplo. En 1991, se propuso la creación de universidades tecnológicas (UT) con el propósito de “diversificar” el subsistema de educación superior y “arraigar” a los jóvenes en sus regiones. Se asumió que los jóvenes elegirían este modelo por el simple hecho de ser distinto a la licenciatura clásica y porque se pensaba, de manera atroz, que México necesitaba más técnicos que licenciados para progresar económicamente. A más de 20 años de la creación de las UT, ahora estas instituciones ya ofrecen el pregrado. ¿Lección? La racionalidad de los jóvenes cuestionó un modelo de planeación educativa en donde el individuo era visto como una pieza del engranaje industrial. 
A lo largo del tiempo y gracias a las estudios desarrolladas por mis estudiantes, he podido corroborar que el modelo de individuo que subyace a ciertas políticas educativas es, por decir lo menos, limitado. Laura Ramírez y Ana Violeta Ramírez han mostrado con su estudio sobre participación social (PS) en la secundaria que los jóvenes de 12 a 14 años son “invisibles” para los esquemas formales de participación en particular y para la vida escolar en general. Los jóvenes estudiantes son “rebeldes” por naturaleza —se asume—, sin meditar que este comportamiento puede ser visto como una clara manifestación de anticonformismo que, eventualmente, podría servir para actuar e intervenir en el mundo que les rodea.
Por otra parte, Lorena Olvera al estudiar cómo se enseña educación sexual en algunas primarias del estado de Querétaro, ha constatado cómo los profesores vierten sus creencias al momento de dar clase. Ante la pregunta de qué opina sobre darles información sexual a los niños, una maestra expresó que “es un arma de doble filo” porque por un lado los puede orientar, pero por otro, los puede incitar a tener conductas “inapropiadas”. ¿Qué modelo de individuo revela la maestra? Que los estudiantes —en tanto individuos— no pueden o no saben procesar información. Información que pudiera tener una estrecha relación con la capacidad para ejercer feliz, plena y saludablemente la sexualidad. 
Un tercer caso es el de los adolescentes en conflicto con la ley (ACL) que de manera acuciosa estudió Gabriela González. Los ACL son aquellos mayores de 12 y menores de 18 años que han tenido conductas tipificadas como delito en las leyes penales en el Distrito Federal. ¿Cómo han sido vistos estos jóvenes por las autoridades educativa como para incorporarlos a programas de educación no formal? ¿O es que como cometieron un delito se cancela su derecho a la educación? Por la poca preocupación social que ha generado esta población para la actual política educativa pareciera que estos individuos son considerados como aquellos que ya no tienen remedio. ¿Se debe recluir en una cárcel para adultos a los ACL o se deben tomar diversas medidas cautelares? ¿Qué saben los actuales funcionarios y planificadores de la Secretaría de Educación Pública sobre la vida de los adolescentes en conflicto con la ley? Ya lo veremos en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, próximo a salir.
Defender la idea de que el individuo es una base de análisis clave y de que podríamos hacerlo sujeto de una preocupación social o moral (individualismo ético, diría Ingrid Robeyns), abre cuestionamientos por distintos frentes. Por un lado, se asume que centrarse en la persona significa ser egoísta o por otro, que las comunidades, pueblos, naciones y sociedades no existen. Esto es un error. Se trata de ampliar la mirada para comprender cómo los sujetos de la política educativa actúan dentro de sus respectivos contextos, qué demandan, por qué eligen de una manera y de otra y cómo esta información (“racionalidades razonadas”) podría ser utilizada para mejorar los procesos de política pública. 
¿Qué modelo de individuo rebelará el tan esperado Programa Sectorial de Educación 2013-2018? Estaremos atentos. Con ello se constatará si pudo haber un cambio de visión en la forma de diseñar acciones públicas o seguiremos en las mismas.

Pedro Flores Crespo es Doctor en Política por la Universidad de York, investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

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