16 de julio de 2014


Por: Carlos Rafael Rodríguez Solera
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE). Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Publicado originalmente en Campus Milenio el 10 de julio de 2014.

La crisis humanitaria que se ha producido en Estados Unidos por la masiva llegada de niñas y niños migrantes no acompañados ha atraído la atención del mundo sobre un problema que se viene gestando desde hace mucho tiempo. 

La huida  de millones de personas de México y Centroamérica, se ha estado produciendo durante años ante la mirada pasiva de gobiernos y organismos internacionales que no han hecho nada al respecto. Ahora, las autoridades norteamericanas tratan de lidiar con las oleadas de pobres que vienen del sur. En un intento por remediar la situación de los menores migrantes, la Casa Blanca solicitará al Congreso 2 mil millones de dólares para fortalecer la seguridad fronteriza.

Algunos medios de tendencia conservadora de Estados Unidos señalan que la causa de la oleada migratoria estaría en los rumores que están circulando por los países centroamericanos, que aseguran que los menores de edad no serían deportados. ¿No se habrán preguntado esos medios por qué será que los niños canadienses no arriesgan sus vidas para cruzar la frontera? ¿será porque en su país no circulan esa clase de rumores?

El gobierno de Obama no comparte estas explicaciones simplistas, por lo que una parte de los recursos que está solicitando al congreso se destinará a buscar las causas de la reciente oleada de inmigrantes. 
Como en muchos fenómenos sociales, en el caso de la migración de niñas y niños las causas pueden ser múltiples. Sin embargo, un aspecto al que hay que prestar especial atención es al modelo económico que predomina en la región, el cual se ha caracterizado por beneficiar a muy pocos. 

Los migrantes provienen de países que no han tenido un desarrollo sostenible y si no se hace algo para mejorar la sustentabilidad de esas naciones las consecuencias sociales serán cada vez peores. La causa de la migración de niños no son los rumores, la causa profunda de esta crisis humanitaria es un modelo de sociedad cada vez más excluyente. 

De acuerdo con la Comisión Brundland, un país  cuenta con un desarrollo sostenible si produce bienestar de manera equitativa para todos sus habitantes sin destruir o deteriorar los recursos naturales de su territorio.  Para que una sociedad sea sostenible debe respetar los derechos humanos y laborales de su población, las personas deben vivir en paz  y todos deben satisfacer sus necesidades básicas de salud y educación.
Los 52 mil menores de edad detenidos por las autoridades migratorias norteamericanas provienen de México, Guatemala,  El Salvador y Honduras, países marcados por la desigualdad y la exclusión social, en los cuales, con excepción de El Salvador, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza.
La violencia y la miseria que se vive en esos lugares es lo que obligó a los adultos a salir de sus países y ahora los hijos siguen el mismo destino que sus padres. Esta precaria situación económica y social se debe en gran parte a la debilidad de los gobiernos que no logran instaurar un estado de derecho en el que se hagan cumplir las leyes; una situación muy similar a la que caracteriza a los estados fallidos.  

Serían fallidos los estados con un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y criminalidad, así como una marcada degradación económica.

La Fundación para la Paz, creadora del “Índice de Estados Fallidos”, acaba de cambiar el término, para evitar la controversia que se daba al calificar como “fallido” a un estado; ahora les llama estados “frágiles”. 
La crisis humanitaria de los niños migrantes debe ser un poderoso llamado de atención. Si no se hace algo pronto, los países que hoy expulsan a los migrantes pueden volverse cada vez más frágiles.

Durante la Guerra Fría, el presidente Kennedy,  preocupado por la posible expansión del comunismo en  América Latina, lanzó el ambicioso programa conocido como Alianza para el Progreso, cuyo objetivo era “construir un hemisferio en el que todos los hombres puedan tener la esperanza de un estándar de vida apropiado, en el que todos puedan vivir su vida con dignidad y libertad”, objetivo que, como es obvio, no se logró.

Hoy, de nuevo, la seguridad de los Estados Unidos se puede ver amenazada debido a la gran desigualdad social que se ha agudizado sin control en sus vecinos del sur, por lo que es posible que, no por altruismo, si no por simple interés estratégico, deban impulsar, otra vez, programas para mejorar la justicia social en nuestra región. 

Las autoridades de Estados Unidos empiezan a entender eso. En su visita a Guatemala el 20 de junio, el vicepresidente de ese país, Joe Biden, anunció que destinarán cerca de 200 millones de dólares para programas de desarrollo social y seguridad en la región, una cifra modesta, si se considera que es una décima parte de lo que van a gastar en fortalecer la seguridad de la frontera, pero es un indicio de que al fin están entendiendo que la única forma de controlar la migración es atendiendo sus causas.