19 de noviembre de 2014

Queríamos ser alguien


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Isabel se fue de su pueblo cuando terminó la secundaria, quería estudiar y la única manera de hacerlo era irse a  la ciudad. También tenía la posibilidad de cruzar al otro lado para probar suerte, limpiando algún hotel, ensamblando piezas en una maquiladora o sirviendo combos de comida rápida. O podía quedarse en el pueblo,  casarse a los veinte años y dejar a un lado el  derecho a la educación y quedarse  entre recetarios de cocina. Si tan sólo hubiera nacido en alguna ciudad, ingresar a la universidad sería más sencillo—pensaba ella—. 
Hace apenas unos días, Omar García, un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, habló también de las dos alternativas que tienen los jóvenes en su comunidad cuando no acceden a la Universidad: irse a Estados Unidos o incorporarse al entramado del crimen organizado.

¿Cuáles son las opciones reales que tienen frente a sí las y los jóvenes del mundo rural en nuestro país? ¿De qué manera los planes de educación superior los toman en cuenta? No es novedad el hecho de  que los niveles de pobreza y desigualdad de oportunidades para tener una vida digna, son más altos en los contextos rurales. Pero ¿qué medidas efectivas se han tomado para atender ese foco rojo de la problemática social de este país? 
Isabel tuvo los medios para migrar a la ciudad, donde pudo concursar para acceder al privilegio de ingresar a una de las universidades públicas de mayor demanda en el país; mientras que Omar tuvo a su alcance una Escuela Normal Rural. ¿Y los demás? Jóvenes distanciados por horas de camino de una institución de educación superior, con la imposibilidad de irse a vivir a una ciudad (sobre todo las mujeres) y cuyas alternativas para ser alguien en la vida, como comúnmente decimos, se reducen al intento de llegar a Estados Unidos; a buscar pertenencia y reconocimiento en un colectivo, así sea éste el crimen organizado; o acabar pronto con su juventud al volverse la cabeza de una familia. Las dos primeras  opciones implican el riesgo de perder el derecho a estar vivos; la tercera, de perder el derecho a ser joven.
Para Isabel estaba claro que vivir en alguna de las ciudades más grandes del país le garantizaba ingresar a la universidad, pero era sólo una opción. Las y los jóvenes urbanos no están exentos del riesgo de quedarse al margen del derecho a la educación superior. Este año el 90 por ciento de los aspirantes a acceder a las principales universidades públicas del país, concentradas en la capital fueron rechazados. Año tras año, en ciudades como Morelia y Guadalajara se viven las protestas de los aspirantes rechazados por las universidades de esos estados, quienes demandan un lugar más para ellos.
Más aún si consideramos al 10 por ciento de los aspirantes aceptados nos  preguntamos  ¿cuántos jóvenes como Isabel logran estar en un salón de clase en una universidad? ¿Cuáles son los costos que tienen que asumir por venir de contextos sociales tan desiguales al de sus compañeros sentados en las butacas de alrededor? ¿Cuántos de ellas y ellos logran mantenerse y terminar la carrera que comenzaron? Los jóvenes que provienen de sectores de pobreza no llegan a la universidad en igualdad de condiciones con sus pares, advierte Silva. Los espacios urbanos no están exentos de los efectos de las desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana y latinoamericana. Pero en los espacios rurales son más claros, y las opciones más reducidas. 
No sólo los estudiantes universitarios  son “la esperanza de América Latina”, como rezan algunas consignas en las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014; también lo son  los privilegiados y privilegiadas que no perdieron la vida cruzando la frontera o entre las prácticas del narco-estado; o los que se volvieron  el señor o la señora de la casa a los veinte años para darle sentido a sus vidas;  a las y los que no desaparecieron al salir de trabajar en una maquiladora. 
En suma, tanto los que logran ser parte del 10 por ciento que accede  a la universidad y la concluye, como las y los que intentan  ser alguien —aunque les pueda costar la vida— son la esperanza de América Latina. Ahora este sector pone en vilo a México. 

Nancy Wence Partida
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE)/ UIA

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