9 de abril de 2015

Educación a migrantes: el reto más importante para la equidad educativa en México Milenio Diario 7 Campus - Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera, INIDE-UIA

A mediados del siglo XX, el periodista Edward Murrow le preguntó a un granjero del sur de los Estados Unidos por qué los jornaleros migrantes que contrataba vivían y trabajaban en tan malas condiciones. La respuesta le pareció simple: “Antes éramos dueños de esclavos, ahora sólo los rentamos”.
De forma similar, en el México contemporáneo, los empresarios agrícolas no necesitan, como los antiguos hacendados, tener a los peones viviendo en sus tierras. Cuando requieren mano de obra, porque el ciclo agrícola así lo demanda, contratan a jornaleros agrícolas en forma estacional; las condiciones en las que viven y trabajan son similares a la forma en que vivían los peones durante el porfiriato.
El movimiento de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín ha atraído la atención pública y ha permitido “descubrir” un problema que se viene presentando desde hace varios años.
En muchas actividades agrícolas la demanda de fuerza de trabajo no es permanente, por lo que hay miles de jornaleros agrícolas que deambulan por el territorio nacional, buscando las oportunidades de empleo que no existen en sus comunidades de origen. A la mayoría los contratan a destajo y cuando el empresario los necesite; éste no tiene con ellos compromiso alguno más allá del tiempo contratado. Se les paga por kilo y cuando la cosecha es mala, o si llueve u ocurre alguna calamidad natural que arruina los cultivos, el productor no pierde.
Por lo general los jornaleros no tienen vacaciones pagadas, ni seguro social, aguinaldo, ni otras prestaciones que, de acuerdo con la ley, deben disfrutar todos los trabajadores. Si se enferman o se incapacitan, no trabajan y no ganan. Si la naturaleza o el mercado hacen innecesario su trabajo, ellos asumen las consecuencias.
Más de cien años después de la Revolución Mexicana los jornaleros migrantes trabajan sin protección alguna, dejados a su suerte, en condiciones similares a las que vivían los antiguos peones de hacienda. La diferencia es que antes no había leyes que protegieran a los trabajadores agrícolas; ahora hay leyes y se han firmado tratados internacionales, pero en el caso de los jornaleros migrantes, estas normas no se cumplen.
Los hijos de dichos jornaleros son especialmente vulnerables. Como se ha dado a conocer en las últimas semanas hay campos agrícolas en los que siguen empleando trabajo infantil.
En un contexto donde la educación básica se ha extendido a casi todos los rincones del país, los niños migrantes constituyen una dolorosa excepción. En el caso de los hijos de trabajadores que no migran, incluso los más pobres asisten masivamente a la escuela. Las tasas de asistencia a la educación primaria de niños indígenas o que pertenecen a hogares bajo la línea de pobreza, supera el 98%.
Por contraste, la mayoría de hijos de jornaleros migrantes nunca llega a conocer una escuela y los que asisten a una, lo hacen después de agotadoras jornadas de trabajo. Las estimaciones más optimistas señalan que sólo un 10% de las niñas y los niños migrantes asisten a la escuela y sólo un 4% llega a cursar el sexto grado.
Esta baja cobertura se debe a que la mayoría de los niños migrantes no tiene acceso a los servicios educativos, debido a su misma condición de alumnos que cambian constantemente de domicilio porque acompañan a sus familias a trabajar a distintos estados y, en los lugares donde sí hay escuelas, los niños migrantes no asisten.
Las difíciles condiciones en que estudian los pocos migrantes que tienen acceso a la escuela, impiden que permanezcan en la educación básica el tiempo suficiente para concluir sus estudios. Si en otros contextos la deserción escolar es la excepción, entre los migrantes es la regla. La forma errática en que asisten a la escuela les dificulta el aprendizaje.
Ahora que se está “descubriendo” de nuevo la forma de semi esclavitud en la que viven miles de jornaleros migrantes y que al parecer hay voluntad política para corregir esa situación, la Secretaría de Educación Pública debería estar preparada para atender a ese 90 por ciento de niños migrantes que está fuera de la escuela, lo cual constituye sin duda, el desafío más grande para que mejore la equidad educativa en nuestro país.

Carlos Rafael Rodríguez Solera

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