17 de junio de 2015

Administración de EPN. Dilema corneliano por frenar la reforma educativa. Ma. Dolores Villagómez Díaz y Carlos Rafael Rodríguez Solera Milenio Diario 6 Campus

El 29 de mayo, a ocho días de la celebración de la jornada electoral, la SEP anuncia que, “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. Un mensaje escueto que no proporciona información para entender los motivos de una medida de carácter ilegal, tal y como en los últimos días diversos sectores y actores lo han confirmado, incluyendo al INEE quien respondió de manera inmediata y coherente con el comunicado de prensa no. 20 el sábado 30 de mayo (http:// www.inee.edu.mx). Cabe destacar que, con base en el calendario de evaluaciones del INEE éstas iniciarían el 15 de junio, es decir, ocho días después de la jornada electoral. En ellas estarían implicados 250 mil maestros, directores y supervisores, tanto de educación básica como de media superior. La suspensión también crea incertidumbre para el ciclo escolar 20152016.

La tinta ha llenado diversos espacios mediáticos en los que ha prevalecido la voz empresarial de condena a la medida y, en el caso de Mexicanos Primero, interponen un amparo contra la SEP para que reponga la evaluación docente. Por su parte, algunos miembros de la academia colocaron su perspectiva en términos de reconocer los límites de la Reforma Educativa al considerar la evaluación como el corazón de la misma, sin embargo, destacan la ilegalidad de la medida y lo que significa dado que se violenta la autonomía del INEE.

Esos datos nos están dejando en el terreno de la especulación desde el cual se han ofrecido diversas posiciones. Aquí destacamos sólo dos: •Hay quienes dicen que el gobierno cedió a las presiones de la CNTE, entre ellos el sector empresarial cuya posición ha tenido una amplia cobertura mediática. Esta idea se refuerza dado que el martes 2 de junio el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda, en la minuta 19 acuerda con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “que ningún trabajador podrá ser removido de su cargo y función, no sufrirá detrimento en su salario y no podrá ser removido de las funciones que ha venido desempeñando…” y además “no se ejercerá ningún tipo de sanción o represión administrativa o judicial en contra de los trabajadores como consecuencia de su participación en las actividades de carácter políticosocial”.

Ahora, si a ello añadimos la actitud beligerante y agresiva de la CNTE —en especial por la declaración de boicotear la jornada electoral del 7 de junio—; estamos ante condiciones que podrían generar el escenario perfecto para justificar la mano dura del gobierno, quizá vía el ejército, para golpear y poner en la arena del exterminio al movimiento. •Otra posibilidad es que el gobierno haya cedido ante las presiones menos visibles mediáticamente, pero más efectivas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se comprueba por su silencio ante una medida de tanta trascendencia, a pesar de su supuesto apoyo a la reforma educativa. Esta concesión del gobierno se haría a cambio del apoyo electoral para favorecer al PRI en estas elecciones.

Si trascendemos el terreno de la especulación, lo que sí es claro, es que el gobierno se está enfrentando a la oposición que diversos sectores han manifestado ante la medida, lo que muestra su debilidad frente y proyecta una imagen de inconsistencia. La reforma educativa es uno lo de los ejes centrales de la presente administración y eliminar un aspecto clave de la misma, lleva a cuestionar la capacidad del estado de implementar otras reformas que podrían ser más complejas, como la energética o la de telecomunicaciones.

El gobierno se coloca a sí mismo en un dilema corneliano: tiene ante sí dos opciones y las dos son igualmente nocivas. Si mantiene su posición de suspender en forma indefinida la evaluación de los maestros asestará un golpe mortal a la reforma educativa y estará violando la Constitución y las leyes.

Si al cabo de unos días, anuncia que “siempre no” se suspende la evaluación y retoma el camino de la legalidad, aparecerá como un gobierno zigzagueante, sin rumbo fijo, que cede a las presiones, primero de los sindicatos y luego de las cámaras empresariales y los medios de comunicación. “Palo dado ni Dios lo quita” el gobierno ya tomó la medida, ahora sólo resta ver cuáles serán las acciones que emprenderá para “el control de daños” en los próximos días.

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